“Éste es un momento de cambio fundamental –ha añadido la organización– que exige que las autoridades tomen medidas concretas para que los responsables de graves violaciones de derechos humanos rindan cuentas. Los egipcios deben ver que se hace justicia por los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado.”
Amnistía Internacional ha afirmado que está dispuesta a poner su archivo de informes de derechos humanos a disposición de las autoridades egipcias para ayudar a la investigación.
El 15 de marzo, tras protestas masivas, el Ministerio del Interior anunció que se había suprimido el SSI y que en su lugar se crearía un nuevo órgano de seguridad del Estado, pero no se han dado detalles sobre lo que ocurrirá con los agentes del SSI, si alguno de ellos será sometido a investigación y si se ha puesto en funcionamiento algún sistema de investigación de antecedentes para su integración en las fuerzas policiales.
Amnistía Internacional ha pedido también que se ponga fin de inmediato a los 30 años de estado de excepción, y ha afirmado que todas las disposiciones propias del estado de excepción deben ser anuladas.
En las últimas semanas, Amnistía Internacional ha documentado el uso constante de la tortura, la detención arbitraria, los juicios de civiles en tribunales militares y la represión de la libertad de expresión por las autoridades.
Después de que el ejército dispersara violentamente a los manifestantes de la plaza de Tahrir el 9 de marzo, las manifestantes contaron a Amnistía Internacional que las golpearon, les aplicaron descargas eléctricas, las sometieron a registros corporales sin ropa, y luego las obligaron a someterse a “pruebas de virginidad” y las amenazaron con acusarlas de ejercer la prostitución.
“Aunque los uniformes hayan cambiado, hemos visto que los cuadros de abusos continúan siendo los mismos. Es fundamental que se rindan cuentas de los crímenes cometidos en el pasado para que quede bien claro que ya no se tolerarán más violaciones”, ha dicho Amnistía Internacional.
Los agentes del SSI utilizaban la detención administrativa para recluir a personas que se mostraban críticas con las autoridades egipcias, activistas de derechos humanos y presuntos delincuentes durante todo el tiempo que deseaban, sin intención de que fueran procesados en un juicio penal.
Las autoridades no han dado a conocer nunca cuántas personas había en régimen de detención administrativa. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos calcularon que en los últimos años del régimen de Mubarak el número ascendía a entre 6.000 y 10.000.
En los cientos de casos que Amnistía Internacional ha examinado, a los detenidos –que en algunos casos desaparecían durante meses– nunca se les informaba del motivo de la detención, y a muchos no les permitían ponerse en contacto con el mundo exterior ni tener asistencia letrada.
La tortura era práctica habitual, con aplicación de descargas eléctricas, suspensión por las extremidades, latigazos y privación del sueño.
Mohamed Abu Essaoud Ismail, de 52 años, fue una de las muchas personas que permaneció detenida hasta 20 años.
Fue arrestado en 1991 por presunta pertenencia al Grupo Islámico (Gamaa al-Islamiya), a la sazón una organización islamista armada. Su familia no supo nada de él hasta 1998.
No quedó en libertad hasta febrero de este año, tras la caída del presidente Mubarak. Había sido torturado y se le había negado la atención médica adecuada por problemas de salud que padecía desde hacía largo tiempo.
En mayo de 2010, las autoridades egipcias dijeron que la detención administrativa sólo se utilizaría para evitar delitos de terrorismo o relacionados con las drogas y limitaron en consecuencia la aplicación de la Ley del Estado de Excepción. De hecho, han utilizado continuamente los poderes que esta ley les confería para reprimir la libertad de expresión y de reunión y la oposición política pacífica.
El activista de derechos humanos Musaad Abu Fagr quedó en libertad en julio de 2010, tras pasar dos años y medio en detención administrativa a pesar de la existencia de 21 órdenes judiciales para que fuera puesto en libertad.
Tras la caída del presidente Mubarak, el nuevo ministro del Interior anunció el 12 de marzo de 2011 que desde comienzos de febrero habían sido puestos en libertad 1.659 personas que estaban bajo detención administrativa, pero se desconoce cuántas permanecen en esta situación.
Amnistía Internacional pidió que las víctimas de violaciones de derechos humanos recibieran reparación, incluida una indemnización económica y garantías de que habrá una reforma fundamental.
“Las autoridades no pueden simplemente barrer el pasado bajo la alfombra sin resolver las necesidades de las víctimas de años de represión implacable”, ha dicho Amnistía Internacional.
“Tienen la obligación de decirle a las víctimas por qué fueron tratadas injustamente y quién fue responsable de su terrible experiencia.” | 
Londres.- Los miembros de las fuerzas de seguridad que durante décadas han reprimido violentamente a los egipcios deben responder de sus actos, ha dicho hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un informe en el que condena el uso de los poderes del estado de excepción bajo el gobierno del ex presidente Hosni Mubarak. En el informe, titulado Time for Justice: Egypt's Corrosive System of Detention, Amnistía Internacional pide que se abra de inmediato una investigación independiente sobre los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el temido Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado (SSI). "Bajo la excusa del estado de excepción, se permitió durante años que las fuerzas de la seguridad del Estado del presidente Mubarak perpetraran graves violaciones sin temor al escrutinio ni al castigo”, ha dicho Amnistía Internacional.
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