Archivo del proceso penal contra Villanova, ediles y cargos de la Junta relativo a las canteras de la sierra

Tan solo diez días después de conocerse oficialmente el archivo de la cuarta pieza separada de la causa penal relativa a las canteras de la sierra (ver http://www.alhaurindelatorre.es/portalAlhaurin/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=1661&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es), el Juzgado de Instrucción nº 1 de Torremolinos (antiguo Mixto número 5) ha resuelto el sobreseimiento libre y archivo  de la quinta, que afectaba a la cantera Áridos El Pinar, S. A. (Aripisa), dentro de las diligencias previas número 4949/2006. La magistrada-juez Blanca Medialdea Chamorro, en su auto, coincide plenamente con los argumentos esgrimidos en el ya célebre informe de la Fiscalía de Málaga, que data de 2008 y que han servido de base para los otros cuatro archivos anteriores.

Como se recordará, este asunto tiene relación con la denuncia de la Plataforma de Defensa de la Salud y de la Sierra (PDSS) y la empresa minera Badomar S. L. contra el alcalde, Joaquín Villanova, concejales, exconcejales, antiguos cargos públicos de la Junta de Andalucía, técnicos y las propias empresas extractivas, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, ecológicos y medioambientales, prevaricación y omisión de perseguir delitos. El archivo corresponde, por tanto, a la quinta parte de las siete en que dicho Juzgado decidió en 2006 dividir el macroproceso de las canteras iniciado cinco años antes a instancia de la PDSS y que afectaba a una veintena de personas, desde el actual regidor hasta un exalcalde, concejales de anteriores Mandatos, dirigentes de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, incluyendo al extitular del Área, Juan Ignacio Trillo y a dos directores generales; técnicos municipales y autonómicos, y las distintas sociedades mercantiles que explotaban las plantas.
La jueza hace hincapié de nuevo en que, de acuerdo con las pruebas practicadas y testimonios recogidos, no existe perjuicio ecológico constatable, ni por tanto indicios de criminalidad, además de defender que esta causa no tiene resolución por vía penal y sí, llegado el caso, por la administrativa.
Expertos en la materia consideran que el resto de las partes pendientes de resolución irán por el mismo camino, vista la solvencia del informe de la Fiscalía. Quedan dos por juzgar: Taralpe (Financiera y Minera-Compañía General de Canteras) y Pinos de Alhaurín, estas dos últimas, en fase de restauración.
Por otro lado, fuentes judiciales consultadas a propósito de la anulación del auto de archivo -enero de 2008- correspondiente a la cantera Nicanor Retamero, S. A. tras la aceptación del recurso de reforma interpuesto por la PDSS, indican que se trata de un mero formulismo que, a buen seguro, terminará de la misma forma: en archivo. Hace unos días se supo que el Juzgado Nº 1 de Torremolinos revocó el auto por el que se archivaba esta pieza separa, tras estimar el recurso de la Plataforma que reclamaba “la nulidad absoluta” de esa anterior resolución judicial.
Las fuentes consultadas subrayan que el caso vuelve a diligencias previas, si bien considera que este proceso “tiene pocos visos de seguir adelante, vista la contundencia del informe de la Fiscalía, que data de febrero de 2008, y cuya claridad y fondo supusieron la propuesta de archivo de las subsiguientes piezas”. Estos expertos creen que en cuanto se presenten las pruebas y los argumentos esgrimidos, la causa de Retamero “volverá a quedar archivada”.