Sin embargo el TSJA determinó que el Ayuntamiento había estado incumpliendo la ley durante décadas y que había omitido sus obligaciones legales tanto por activa como por pasivamente. Por ello, a sensu contrario, somos los ciudadanos los que tenemos que ser indemnizados por todos lo daños ocasionados por las canteras y por el Ayuntamiento. Estos daños son morales, personales, médicos, a la salud, etc.
Desde la PDSS animamos a cualquier ciudadano a que lo estime conveniente a que presente esta solicitud de daño patrimonial en el Ayuntamiento. No es necesario ni ser socio de la PDSS, ni hacerlo a través de la PDSS. La Sentencia del TSJA como todas las sentencias judiciales son públicas y está a disposición de cualquier ciudadano, para defender sus derechos.
El Ayuntamiento tendrá que derivar las posibles responsabilidades que determinen los tribunales tanto a los canteros como a quién ha intervenido en estas ilegalidades. Tal y como establece la Ley 30/1992.
Por otro lado, hay que manifestar que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en treinta años permitiendo esta actividad declara ilegal por el TSJA, no ha ingresado un solo céntimo de las canteras. Desde el año 2001 le está perdonando las Tasas municipales a los canteros, incluso después de que un Auto del TSJA estableció que estaban en vigor y que de momento se podían cobrar. Es más, se han pedido por parte de la Plataforma la imposición de una sanción por parte del Ayuntamiento a los canteros, conforme establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por no tener licencia municipal. Esta Ley establece que la sanción debe de ser igual al beneficio obtenido por el infractor. Estamos hablando de más de 80 millones de Euros. Sin embargo, el Sr. Alcalde después de ocho meses de la sentencia no ha abierto el expediente sancionador. Habrá que preguntarle a él por que estos privilegios y este amparo durante tantos años a los canteros.
Fdo: Lina Arlandis. Presidenta de la PDSS. |