Un muerto a mis espaldas

Qué orgullosos estamos los españoles de nuestra Seguridad Social.  Dejemos aparte que hay que esperar meses para una operación o incluso para una cita a un especialista. No, este no es el tema. Mi intención es hondear hasta las entrañas de urgencias en la Seguridad Social, y por qué no, hasta las entrañas de hechos específicos y personas específicas de las cuales respetaré su anonimato. Lo que no voy a ocultar es que se trata de Alhaurín de la Torre. Más específicamente de nuestro Centro de Salud o mejor dicho del de unos cuantos.

A las 14:10 un jueves mi protagonista llegó a urgencias por una picadura de abeja. Esperó su turno en la cola medio descompuesta mientras sentía como el veneno le subía por el brazo. Comunicó en recepción que era muy alérgica, pero insistieron en ver su Tarjeta de la Seguridad Social. Para sorpresa y desesperación de mi protagonista, llamémosla Anita, le dijeron que su tarjeta ya no servía de nada, no tenía derecho a la Seguridad Social. El impacto fue grande, hasta que se aclararon los motivos por los cuales esta mujer, alérgica a las picaduras, no tenía derecho a ser atendida por un médico. Después de que estuvo cotizando años como autónoma y empleando a trabajadores, el estado se lo pagó dándole la espalda, la causa: haber dejado de cotizar. En la cruda realidad en la que cada euro tiene su peso en oro, muchos de los autónomos de este país han parado sus negocios, con la esperanza de que en un futuro puedan volver a generar dinero y trabajo, mientras tanto los que aun aguantan, van sistemáticamente comiéndose sus ahorros. España tiene un egoísmo estúpido, y no dice: ‘Cuidemos a los autónomos ya que son el futuro, facilitémosles las cosas para que puedan lo antes posible emplear a trabajadores’; Pero si dice: ‘Los que no cotizan no se merecen ni la Seguridad Social, no tenemos porque ayudarlos, no tenemos ninguna responsabilidad con respecto a ellos, han dejado de ser útiles’.

Así que Anita seguía desesperada y asustada, en un Centro de Salud al que había pedido ayuda y no se la daban. Se sentía coaccionada ya que la imponían firmar un compromiso de pago antes de ser atendida. Mi protagonista preguntó cuanto, porque la cruda realidad es que el dinero manda, sobre todo si no sobra, la mujer le explicó que el médico le costaría 40 euros, la auxiliar 30, tendría que pagar el tratamiento, a la enfermera, y lo que surgiera. Una cuenta que probablemente rebasaría con creces los 100 euros. Anita pensó ‘con este dinero pago un seguro médico privado para toda mi familia’. Insistió en que la viera el médico solamente para valorar si su vida corría peligro, el cosquilleo del veneno seguía subiendo y temió que se le cerrara la glotis. Otra empleada consciente de la peligrosa situación se inmiscuyó sugiriendo que dejaran lo del pago para luego, que primero la viera el médico. Su intervención fue inútil como los lamentos de Anita. La paciente terminó por marcharse frustrada y asustada pensando en que si se caía en la calle tendrían que atenderla si o si, solo esperaba que si eso ocurría la ambulancia llegara a tiempo.

Por suerte Anita fue atendida a tiempo en un centro privado, ahí no hablaron de facturas, no hasta que esta fue atendida y consideraron que estaba fuera de peligro. Es verdad que corrían el riesgo de quedarse sin cobrar, pero actuaron humanamente, como es de esperar cuando se trata de personas. Cómo es de esperar de la ética profesional de un médico. Llamé a la Seguridad Social para aclarar mis dudas. Me contestaron que efectivamente a Anita no le correspondía porque hacía más de 9 meses que había dejado de cotizar. Le pregunté que pasaba si alguien venía a urgencias sin tener el derecho a la Seguridad Social, a lo cual me respondió que debería ser atendido y que luego ya verían como se podían facturar los gastos. También me aclaró que personas sin recursos tenían derecho a sacarse una Tarjeta Sanitaria; posteriormente me aclararon también que teniendo un seguro privado, los gastos de  urgencia estarían cubiertos.
En unos minutos de investigación averigüé lo cruel que puede llegar a ser la gente, y quizá por algo más que ignorancia.

A una persona que llega a urgencias, hay que tranquilizarla y no bloquearla forzándola a firmar un compromiso de pago antes de ver al médico, asustándola con números excesivos, que al final probablemente no tenga ni que pagar. Valdrían simples explicaciones acerca del derecho que tienen las personas sin recursos; personas con seguro privado u otras muchas causas por las que el paciente puede estar exento de ese pago abusivo, y que yo desconozco. Debería ser un deber moral y legal tener personal cualificado, para que un paciente no esté obligado a privarse de una atención médica que puede costarle la vida, y que se pudiera haber evitado con amor al prójimo y un poco de conocimiento. Pongo en duda si es legal no prestarle ayuda a alguien que viene por una urgencia (dando por descontado que es una verdadera urgencia, cómo la de Anita).

Nunca se debe olvidar que a un centro de salud vienen enfermos, nunca se debe olvidar que aunque para unos sea un trabajo, para otros el ir ahí es motivo de sufrimiento. No se si la culpa de los ocurrido es de un empleado o de la política del Centro de Salud, solo espero que casos similares nunca se vuelvan a dar. El mundo da muchas vueltas, no sabemos si nos tocará alguna vez estar al otro lado, al lado que ocupó Anita un jueves a las 14:10 de la tarde.