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La prisión provisional: un agujero negro de la justicia española | | Amalia Gámez García. 13.10.10 | | Jueces y fiscales suelen recurrir a la prisión provisional con demasiada frecuencia en España y no emplean otro tipo de alternativas jurídicas. Hay factores que están afectando a estas decisiones. Por un lado, la presión social y mediática, con un falso y persistente discurso sobre la supuesta suavidad de nuestra justicia, pide castigar de forma inmediata a los que parecen culpables. Jueces y fiscales sucumben a menudo a dicha presión y al aplicar la prisión provisional hacen una exhibición de poder, con la que pretenden mostrar la dureza y ejemplaridad del sistema (o simplemente la notoriedad personal). | | Es un agujero negro porque se trata de una medida restrictiva de la libertad que se aplica a menudo de acuerdo con criterios incompatibles con las garantías penales y procesales, dado el enorme margen de aplicación que la ley otorga a los jueces, que les permite castigar anticipadamente a presuntos inocentes. Porque incluso se aplica a veces de forma arbitraria y porque supone el encarcelamiento de personas que se demuestran inocentes sin que nadie ponga el grito en el cielo por ello (salvo que afecte a algún político), a muchas de las cuales ni siquiera se indemniza. Los delitos que producen mayor polémica, preocupación social y política o simplemente notoriedad mediática, conllevan la prisión provisional con más frecuencia o incluso de forma sistemática. Es un error. La prisión provisional únicamente debe aplicarse cuando sea objetivamente imprescindible para evitar la impunidad del culpable. Todo esto, lo único que viene a demostrarnos es que tenemos un sistema judicial obsoleto, y que la mayoría de jueces y fiscales, sometidos a grandes presiones y pretensiones, aplican medidas excesivas en muchos casos. El periodo de dos años ya es discutible, pero que se pueda mantener a una persona presuntamente inocente durante cuatro años en prisión provisional a la espera de una sentencia no solo es excesivo, sino una violación en toda regla de las garantías de un estado de derecho, de todo punto injustificable. Ha habido casos de personas que después de periodos de tres y cuatro años de prisión han resultado absueltas. Esto es algo absolutamente inaceptable, a pesar de que luego dicha persona se indemnizada (que no siempre lo son). El plazo de cuatro años, que es de los más largos en países democráticos, no solo reconoce la lentitud de la justicia, sino que, aun peor, la promueve, ya que da margen y tranquilidad a los jueces instructores para no acelerar los trámites y no celebrar el juicio antes. Así que desgraciadamente nos encontramos indefensos ante la propia justicia. Y nada que decir cuando los medios de comunicación se hagan eco de algún delito cometido. En ese caso, y ante la posibilidad de “quedar mal”, al primer detenido que cae en sus manos, sin piedad, aplican la medida y luego ya veremos, y ese luego puede llegar demasiado tarde… |
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