Las incongruencias de una Fundación “medioambiental” al servicio de canteros y Partido Popular

Hace una semana, en mi último escrito, hablé sobre las canteras y la libertad de cátedra. Esta semana no me voy a apartar demasiado del tema en cuestión ya que da  y dará aún mucho de qué hablar.
Estos días hemos podido leer como el Gerente de la Fundación ha entrado en acción, hablando sobre el régimen jurídico de la Fundación que dirige, haciendo uso además de un alarde de prepotencia en sus palabras que todos hemos podido leer, apelando a que al ser una fundación privada, no va a bajarse el sueldo (otra cosa es que debiera ya que parte del montante de su financiación es proveniente del erario público), que de otro modo es totalmente legitimo por su parte, aunque poco ético, ya que según el ordenamiento vigente no tendría que hacer lo contrario.

Sin perjuicio de lo anterior, no debemos olvidar que muchas veces los Ayuntamientos,  y no quiero decir para nada que en este caso ocurra esto, ya que es un mero ejemplo, utilicen las fundaciones en su huida del Derecho Administrativo y puedan realizar contratos como meros sujetos privados y lógicamente su interés por financiar fundaciones que presente, como veremos abajo, servicios a las colectividad como maquillaje perfecto.

Por lo que se refiere por otra parte al acuerdo marco existente, desde un punto de vista jurídico, observamos dicho acuerdo celebrado en 2006 (con una vigencia de 10 años, y, por más que se empeñen dudo mucho que se pueda reforestar lo que se pretende) en lo que podríamos denominar una “carta de obligaciones” por parte de las diversas partes implicadas, si algún lector se toma la molestia de leerlas, (pueden encontrarla en la misma web de la fundación) verá como el Ayuntamiento forma parte del referido acuerdo, y como parte que es, debería actuar en caso de una actuación que produjese un daño al interés público (ya que debemos aclarar que la fundación al contrario que la asociación encuentra su sentido en su ánimo no lucrativo, cosa poco menos que dudosa, y en destinarse al beneficio de “colectividades”, esto es, al  interés general)

Estos principios anteriores vienen expresamente señalados en nuestra ley de fundaciones de Andalucía 10/2005 en su articulado, que lógicamente no voy a desarrollar porque para eso podemos leer la referida normativa autonómica.

Por otra parte, no debería suscitarse duda alguna acerca de  la posibilidad de actuación del Ayuntamiento en un caso dado ejercitando su potestad a través del correspondiente expediente sancionador y “castigando” la actividad de alguna de las empresas implicadas. Otro asunto es la pasividad o negligencia del Ayuntamiento en la tramitación de dichas sanciones como se ha podido comprobar con la información, según IU, en la que la misma asciende a menos de 90.000€ alegando la incapacidad para calcular los beneficios obtenidos por los sancionados durante los últimos 30 años, en los que han estado explotando un recurso público sin tener las oportunas licencias. Esta noticia es muy triste y desesperanzadora para todos los ciudadanos de Alhaurín, en tanto en cuanto se observa descaradamente  la complicidad del poder político con el poder empresarial que solo buscan el beneficio mutuo perjudicando gravemente a la población, lo que demuestra que la sociedad civil queda abandonada por los que en teoría deben velar por el bienestar y la seguridad de todos. 
¿Cuál es el problema que observaríamos en el caso de que un vertido afectase a Alhaurín de la Torre? Bueno, tendríamos uno si tenemos en cuenta que los expedientes sancionadores se inician siempre “ex oficio” y al área encargada de medio ambiente y a la fundación causante les une “algo más” que un acuerdo marco.
Todos sabemos que la concejala de medio ambiente es la hija del gerente de la fundación, situación que si bien en apariencia no está tipificada como incompatibilidad en el ordenamiento jurídico, concretamente en la ley orgánica electoral (LOREG), si apuntaría a lo que considero una vulneración al menos de la necesidad de que el correspondiente órgano fiscalizador fiscalice.

Toda esta situación debería hacer pensar al lector que esto que ocurre en el pueblo no es algo únicamente circunscrito a Alhaurin de la Torre, sino que se repite con mayor o menor frecuencia en muchos de los más de 8100 municipios que existen en nuestro país y con la tendencia de desconcentración actual a pesar de las políticas por parte tanto de la Unión Europea como de las comunidades autónomas en la fusión de los mismos y evitar la permanente crisis, si además a esto le unimos el desinterés de la población acerca de los temas concernientes a su comunidad, temas que nos afectan a todos, hacen que aquellos que quienes  nos dirigen actúen a su libre albedrio.

En consecuencia me despido con una pequeña reflexión que dijo uno de los mayores “animales” de la política: “En la política es como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal.” (John F.Kennedy)

Julián Plata Garrote
Área de medio ambiente UPyD
Alhaurín de la Torre
cel.alhaurindelatorre@upyd.es
http://upydalhaurintorre.blogspot.com/