Joaquín Villanova: “El penal de los trabajadores es una venganza personal y así quedará acreditado ante la jueza”
El 90% de las denuncias del entorno de Galán Palmero son archivadas. “Por intentar quitarme de en medio, sólo consiguen manchar la Institución”. Una imputación no implica inculpación, procesamiento ni condena

En relación con las noticias difundidas en los últimos días, a propósito de las diligencias previas que se siguen en el proceso penal contra el alcalde, miembros de la Corporación y técnicos sobre el acceso a la Función Pública de más de un centenar de empleados municipales, difundido por varios medios de comunicación, esta Alcaldía desea hacer las siguientes puntualizaciones:
1.- Conviene no olvidar que este procedimiento se encuentra en la fase inicial de la  instrucción, en diligencias previas, por lo que no existe formalmente calificación alguna de comisión de delito. Ser imputado no implica en ningún caso inculpación, procesamiento ni condena, sino únicamente obliga a declarar ante el juez. Por lo tanto, el hecho de que la concejala de Personal acuda como imputada sólo responde a una providencia de la jueza atendiendo, como marca la ley, a la petición del abogado de la acusación particular, y no porque aquella haya encontrado indicio alguno de delito, aspecto éste que no ha quedado excesivamente bien explicado en las informaciones difundidas. Ahora mismo, se atribuye a una persona concreta hechos constitutivos de infracción penal mientras se practican las oportunas diligencias de investigación y se determina si finalmente hay juicio o archivo.

2.- De forma malintencionada, el proceso penal en cuestión lo utiliza el entorno del abogado Galán Palmero para dar pábulo a sus pavorosas teorías de la conspiración sobre “fraudes” y “tramas oscuras de contrataciones ilegales” por parte de la Administración Local, a la que tan acostumbrados nos tiene, mezclando soflamas políticas con terminología jurídica, dejando difusos los límites entre imputado, acusado y condenado, y tratando, en suma, de contaminar la instrucción con sus delirantes declaraciones a los medios de comunicación. Como es lógico, por desconocimiento, todo esto es interpretado erróneamente por una parte de la ciudadanía, que de forma injusta borra la presunción de inocencia.

3.- Como sucede en otros procesos penales abiertos, “la manifiesta animadversión de Galán Palmero, su esposa -ex portavoz de IU en el Ayuntamiento- y un grupo limitado de personas que le siguen el juego, y sus ansias de venganza personal, les llevan a denunciar actos administrativos absolutamente legales y, lo que es peor, a intentar procesar al alcalde, a miembros del equipo de gobierno y a técnicos que han cumplido escrupulosamente la ley, como quedará acreditado ante la jueza”, indica Joaquín Villanova.

4.- En este sentido, el regidor deja claro que no hay en absoluto fraude ni ilegalidad alguna y el contenido de la denuncia obedece a una “sucia maniobra política que nace del rencor y se gesta desde personas que llevan años judicializando la vida institucional de Alhaurín de la Torre. Van como elefantes en una cacharrería en su intento por quitarme de en medio, pero lo único que consiguen es manchar la Institución a la que representamos y, lo que es peor, parece que les importa un bledo dejar sin efecto los nombramientos de casi 130 funcionarios que entraron de forma totalmente transparente a este Ayuntamiento, algo nunca visto en la historia de la Democracia”.

5.- No obstante, el alcalde afirma tener “confianza plena en la Justicia y estamos seguros de que este cúmulo de barbaridades que nos imputan, totalmente falsas e infundadas, quedará acreditado ante la jueza. Así ha ocurrido, según el regidor, con el 90 por ciento de las causas y procedimientos tanto penales como contencioso-administrativos que el entorno de Galán Palmero y su “grupo de incondicionales” ha interpuesto para intentar inhabilitar al alcalde y a su equipo de gobierno o, al menos, para desgastar su imagen y torpedear su gestión municipal.

6.- En el caso concreto del hecho comentado en los medios de comunicación, que afecta al hijo de la concejala de Personal, hay que dejar claro que este joven accedió como alumno del Módulo de Electricidad-Fontanería en el marco de un programa formativo, de nombre 'Escuela Taller Jabalcuza' en junio de 2002, mucho antes de que Mª José Álvarez fuese elegida concejala. Ese programa se prolongó durante dos años, a cuyo término, tal como suele hacer siempre el Ayuntamiento, los cuatro alumnos con mejor nota, valoración y currículum, obtuvieron un contrato temporal en el Consistorio, entre ellos, el hijo de la concejala. No es de recibo, por tanto, que un proceso seguido de forma idéntica por medio centenar de trabajadores más, con criterios estrictamente profesionales y de currículum, quede manchado porque uno de sus integrantes sea hijo de un cargo público.