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Las autoridades italianas deben poner fin a los desalojos forzosos de miembros de la comunidad romaní

Amnistia Internacional. 12.03.10 

Siempre soñamos con que nuestros hijos tengan una casa donde vivir,para que nadie les llame “gitanos” Elpida, macedonia de etnia romaní, madre de cuatro hijos. Llegó a Italia en 1991 con su marido y ambos tienen permiso de residencia. Roma.- Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que revisen la puesta en práctica de un controvertido plan de vivienda que ya ha motivado el desalojo forzoso de cientos de personas de etnia romaní y allana el camino para que se produzcan miles de desalojos más en los próximos meses.

En un nuevo documento titulado La respuesta equivocada: El “Plan Nómadas” de Italia viola el derecho a la vivienda de la comunidad romaní en Roma, Amnistía Internacional ha alertado de que el plan, que fue presentado en julio de 2009, viola los derechos humanos de miles de romaníes.

Las medidas prevén la destrucción de más de 100 asentamientos romaníes  en la capital y se calcula que unas 6.000 personas serán reubicadas en  tan sólo 13 campamentos –nuevos o ampliados– situados a las afueras de  la ciudad. El plan puede dejar a más de 1.000 romaníes sin hogar.

“Hay que reconsiderar con urgencia estas medidas. Las familias romaníes  que viven en la capital italiana ahora se enfrentan a la pérdida de  bienes, contactos sociales, acceso al trabajo y a los servicios  públicos”, ha declarado Ignacio Jovtis, experto de Amnistía  Internacional sobre Italia.

“También existe el riego de que si el plan se pone en práctica, podría  usarse como modelo para llevar a cabo desalojos forzosos en otras  regiones italianas. Los desalojos realizados sin consulta previa y sin  una oferta de alojamiento alternativo adecuado a todas las personas  afectadas constituyen una violación de sus derechos humanos.”

En los últimos meses, centenares de familias romaníes han sido  desalojadas ya de al menos 5 campamentos diferentes. Con antelación a la  clausura en febrero de 2010 de uno de los campamentos de romaníes más  grandes de Europa, Casilino 900, se consultó extensamente a varios  representantes de esa comunidad romaní. Sin embargo, las normas  internacionales de derechos humanos exigen que se consulte a todas las  personas residentes en el área que se pretende desalojar.

Sin ser oficialmente parte del “Plan Nómadas”, la clausura de Casilino  700 en noviembre de 2009 se llevó a cabo sin un proceso de consulta  previa y tuvo como resultado el que centenares de personas de etnia  romaní quedaran sin hogar. Otras que viven en campamentos no autorizados  están en peligro de correr la misma suerte, lo que suscita la pregunta  de hasta dónde abarca realmente ese plan.

“Muchas personas de etnia romaní viven en construcciones precarias y en  caravanas que carecen de las condiciones higiénicas básicas. La  situación actual es el resultado de años de abandono, de políticas inadecuadas y de discriminación por parte de sucesivos gobiernos. El  intento de abordar este legado es, en si mismo, bienvenido y de hecho  las condiciones de vida de muchos romaníes mejorarán. Pero el plan es  incompleto y se corre el peligro de empeorar aún más la situación de  muchos romaníes más. Es la respuesta equivocada”, asegura Ignacio Jovtis.

En lugar de ofrecer a los romaníes el acceso a una vivienda adecuada,  las autoridades los están reuniendo en campamentos en lugares remotos. Ello exacerba aún más los obstáculos y la discriminación a los que hacen frente los romaníes cuando solicitan el empleo regular que les  permitiría disponer de alojamiento privado.

A las personas de etnia romaní que viven en campamentos se las excluye  de hecho del acceso a la vivienda pública, dado que el actual sistema de   concesiones, basado en una baremación por puntos, establece el requisito  previo de haber sido expulsado de un alojamiento privado. Esto hay que cambiarlo.

Amnistía Internacional cree que, con su forma actual, el “Plan Nómadas” no cumple la obligación de Italia de garantizar que no se discrimina a  grupos particulares o de evitar la segregación en el ámbito de la vivienda.

“El plan se denomina ‘Plan Nómadas’, pero la mayoría de los romaníes  afectados no son nómadas en absoluto. Al etiquetar a todos los romaníes  de nómadas y tratarlos como tales, los promotores de este plan están  perpetuando los mismos problemas que pretenden resolver”, ha afirmado  Ignacio Jovtis.

Información complementaria

Se calcula que entre 12.000 y 15.000 personas de etnia romaní viven en  Roma y en sus alrededores. Unos 3.000 son italianos sinti, arraigados en  el país desde hace largo tiempo. A partir de la década de los 60,  numerosos romaníes empezaron a llegar procedentes de los países que  formaban la ex Yugoslavia. Una gran parte de ellos ahora tienen permisos  de residencia, y muchos de sus hijos son ciudadanos italianos. A lo  largo del último decenio, un número significativo de romaníes también  llegaron de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, en especial  de Rumania. Aunque unos pocos miles de romaníes viven en alojamientos  permanentes en Roma, la mayor parte vive en campamentos de distintas clases.

En los últimos años las autoridades italianas han adoptado una serie de  medidas discriminatorias que han contribuido a la estigmatización de los  romaníes que viven en el país. Los desalojos se han hecho más frecuentes  después de la firma de unos acuerdos especiales de seguridad entre el  gobierno nacional y varias autoridades locales, en virtud de los cuales  el Ministerio del Interior transfería una serie de poderes a las  autoridades locales. El objetivo era hacer frente a las amenazas contra  la seguridad, incluidas las que supuestamente representaba la presencia  de comunidades romaníes en estas ciudades.

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