“Uno de los mayores escollos que ha encontrado la justicia en Filipinas en los casos de violaciones de derechos humanos han sido las intimidaciones a testigos, a las que se suman a veces sobornos y otras formas de persuasión”, ha manifestado Donna Guest, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
”Teniendo en cuenta que la familia Ampatuan ha hecho a menudo uso de milicias privadas para mantener su dominio en Maguindanao, hay razones suficientes para temer por la seguridad de los testigos y la protección de las pruebas.”
Amnistía Internacional ha señalado que la incapacidad de los investigadores de Filipinas para reunir y presentar pruebas forenses y circunstanciales en los procesos judiciales ha dado lugar a un exceso de dependencia de los testimonios de testigos presenciales.
A juzgar por las imágenes del lugar de la matanza mostradas por los medios de comunicación, no se han tomado apenas medidas adecuadas para recoger pruebas forenses.
“Hasta ahora, el gobierno filipino ha respondido con alentadora rapidez y seriedad a este suceso, pero debe demostrar que establecerá los mecanismos adecuados para garantizar que se hacen rendir cuentas de manera transparente y creíble”, ha añadido Guest.
“Este caso, que ha conmocionado al país y al mundo, no puede quedar impune, como ha ocurrido en el pasado con la inmensa mayoría de los casos de homicidio político.”
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Filipinas que solicite la ayuda de la comunidad internacional para ocuparse de los aspectos técnicos de esta investigación.
La Unión Europea y el gobierno filipino han firmado un acuerdo para mejorar la calidad de las investigaciones y enjuiciamientos iniciados en Filipinas por ejecuciones extrajudiciales.
Información complementaria
Según informes, la mayoría de los testigos no confían en el actual programa de protección de testigos y temen que, si se producen largas demoras en el proceso judicial, no se les brinde protección ni a ellos ni a sus familias en caso de que sea necesario hacerlo durante varios años.
Debido a la falta de confianza en la imparcialidad de la policía, el temor a sufrir represalias y la falta de un programa efectivo de protección de testigos, la mayoría de las investigaciones son poco efectivas y no permiten identificar, detener, juzgar y condenar a los responsables de los delitos. | 
El gobierno filipino debe garantizar con urgencia que, tras la matanza de al menos 57 personas en la provincia de Maguindanao, se protege a los testigos y se salvaguardan pruebas forenses vitales a fin de llevar a los responsables ante la justicia, ha manifestado Amnistía Internacional. El alcalde de Datu Unsay, Andal Ampatuan, cuya poderosa familia controla la política local en Maguindanao, provincia de la descontenta región filipina de Mindanao, se encuentra detenido, y podría enfrentarse a múltiples cargos de asesinato. Ha negado su participación en la matanza.
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