Los agentes se fijaron de forma especial en que en la tarjeta de desembarque hubiera indicado que su domicilio está en Sáhara Occidental en lugar de “Sáhara marroquí”. Los agentes se llevaron a Aminatou Haidar aparte y ésta fue interrogada por un grupo de unos 15 agentes de la policía judicial y agentes de seguridad en presencia del Procurador General de la Corona de El Aaiún. Le preguntaron sobre sus creencias políticas y actividades en el campo de los derechos humanos, qué había hecho durante su viaje en el extranjero y quién lo había pagado, y sobre el tratamiento médico que había recibido en España. Al cabo de unas horas, mientras se encontraba aún retenida en el aeropuerto, la obligaron a enfrentarse a un pariente y otras personas saharauis que intentaron disuadirla para que dejase de luchar por la libre determinación del pueblo de Sáhara Occidental, cosa que ella rehusó hacer, tras lo cual se le pidió que firmara una declaración policial y se le confiscaron el pasaporte y otros documentos de identificación, emitidos por las autoridades marroquíes. A la mañana siguiente, los agentes le dijeron que la pondrían en libertad si reconocía públicamente la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental. Aminatou Haidar se negó a hacerlo y horas más tarde agentes de seguridad la subieron a un vuelo con destino a Lanzarote, en las Islas Canarias, y la expulsaron de Sáhara Occidental. Durante las casi 24 horas que había permanecido detenida en el aeropuerto de El Aaiún sólo se le había permitido realizar una breve llamada telefónica a su familia para que le trajeran comida, previa advertencia de no contarle nada sobre la situación en que se encontraba.
Aminatou Haidar no ha salido del aeropuerto desde que llegó a Lanzarote y lleva desde entonces solicitando que se le permita regresar a El Aaiún; el día 15 de noviembre inició una huelga de hambre como forma de protesta por su expulsión forzosa. Por la noche duerme en una ambulancia proporcionada por Cruz Roja y se incrementan los motivos de preocupación por su salud; padece anemia y tiene una úlcera.
El 14 de noviembre, la agencia de prensa oficial de Marruecos manifestó que Aminatou Haidar se había marchado a las Islas Canarias tras no querer seguir el procedimiento policial estándar en aeropuertos, y que había “renunciado” a su nacionalidad marroquí y “reconfirmado” su apoyo a los “separatistas”. Al día siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos repitió las mismas declaraciones: que Aminatou Haidar había “renunciado a su ciudadanía marroquí”.
Aminatou Haidar, que viaja con frecuencia, dice que lleva desde 2006 cumplimentando las tarjetas de desembarque de la misma manera, sin identificarse como ciudadana marroquí e indicando que su domicilio se encuentra en Sáhara Occidental.
La expulsión de Aminatou Haidar, que recibió el premio Robert F. Kenned y de Derechos Humanos en 2008, es la última de una serie de medidas adoptadas por las autoridades marroquíes contra los defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos y las personas que luchan por la libre determinación del pueblo de Sáhara Occidental.
En octubre de 2009, las autoridades marroquíes confiscaron los documentos de viaje de seis activistas saharauis –Sidi Mohamed Daddach, Ahmed Sbai, Laarbi Massoud, Atig Brai, Ibrahim Ismaili y Sultana Khaya– para impedirles viajar a Mauritania y España. El 6 de noviembre, en un discurso conmemorativo del 34 aniversario de la “Marcha Verde”, cuando Marruecos tomó posesión del antiguo territorio español de Sáhara Occidental en 1975, el rey Mohamed VI dijo que no se toleraría ningún desafío a la “integridad territorial” de Marruecos –una referencia a la incorporación de Sáhara Occidental–. “No es posible disfrutar de los derechos de ciudadanía y renunciar a ellos al mismo tiempo conspirando con los enemigos de la patria”, advirtió el rey, sugiriendo con ello que los y las saharauis que luchan por la libre determinación pueden ser despojados de su ciudadanía marroquí por expresar sus opiniones.
Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a que cumplan sus obligaciones internacionales en virtud del artículo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establece que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”. Debe permitirse a Aminatou Haidar regresar a El Aaiún de forma inmediata e incondicional, y las autoridades marroquíes deben devolverle sin dilación sus documentos de viaje y de identificación. Asimismo, las autoridades deben devolver los documentos de viaje y de identidad que les fueron confiscados a otros seis activistas saharauis detenidos en el mes de octubre, y respetar su derecho a la libertad de circulación.
La responsabilidad de las autoridades españolas Amnistía Internacional considera que las autoridades españolas no deben obligar a una persona, en contra de su voluntad a entrar a España, ya que no tiene ningún procedimiento judicial abierto que así lo indique. Es motivo de preocupación para Amnistía Internacional que Aminatou Haidar esté en el punto de mira por su labor en defensa de los derechos humanos y su posicionamiento público en apoyo de la libre determinación del pueblo de Sáhara Occidental.
Por ello, la organización considera que las autoridades españolas deben interceder a favor de Aminatou Haidar y facilitar su salida de España para que regrese a El Aaiún en condiciones de seguridad y con todas las garantías para su integridad física, aun no teniendo su pasaporte, ya que el artículo 19.3 del Reglamento de Extranjería ofrece la posibilidad de salida con documentación defectuosa o sin documentación.
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