La PDSS denuncia a las administraciones españolas ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario

En Octubre del 2005, el TSJA declaraba ilegales y clandestinas 4 canteras en Alhaurín de la Torre y ordenaba su cierre. A principios de este año, el Tribunal Constitucional ratificaba la sentencia y no dejaba ninguna duda al respecto. Sin, embargo, el poderoso entramado de intereses político-económico y sindicales de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Alhaurín, canteros y sindicatos acordaban la continuidad de estas canteras en lo que denominaron Acuerdo Marco que fraguó en un Plan Especial disfrazado de restauración, claramente un plan de extracción por los millones de toneladas de áridos anuales que siguen comercializando las empresas extractivas a pesar de la ilegalidad.

El Plan aprobado es la estrategia para vaciar de contenido y no cumplir la sentencia judicial que obligaba al cierre de estas canteras, plan por el cual se han concedido licencias de actividad a canteras declaradas ilegales por los Tribunales. Pinos de Alhaurín fue la primera en mayo del 2007, a la que meses más tarde, siguió Taralpe del Grupo Financiera y Minera. La celeridad con la que se aprobó el Plan y las irregularidades que se cometieron hizo que esta plataforma ciudadana denunciara de nuevo esta artimaña para la continuidad de las canteras. La irregularidad más grave, sin duda, es la no exigencia de la evaluación de impacto ambiental, exigible de obligado cumplimiento según Ley. Nosotros nos preguntamos ¿Por qué tanta impunidad? ¿Dé que sirven los Tribunales españoles que dictan sentencias firmes y luego no son capaces de exigir y vigilar que se cumplan? ¿Por qué no se señala a los responsables de este desastre medioambiental?
Esta Plataforma ciudadana recurre a la Comisión Europea por:

- Incumplimiento de la normativa comunitaria.

Se han infringido importantes directivas de Derecho comunitario, de evaluación y responsabilidad medioambiental. En concreto, Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de Junio de 1985, Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de Mayo de 1992, Directiva 91/692/CEE del Consejo de 23 de diciembre de 1991, Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de Abril de 2004 y Ley 27/2006 de 28 de Julio, entre otras. En definitiva, se ha infringido la normativa comunitaria, las administraciones españolas han cometido numerosas irregularidades y no han permitido la participación pública en materias que afectan al medioambiente.

- Violación de la tutela judicial efectiva por los Tribunales españoles.

Si tras producirse una sentencia judicial firme, los encargados de su cumplimiento, en este caso las administraciones públicas, no aplican suficientes esfuerzos a llevarlo a cabo, puede ocurrir que la sentencia no se cumpla de hecho, lo que supone una grave indefensión de los ciudadanos que se ven impotentes ante las injusticias, afectando este hecho a los fundamentos mismos del Estado de Derecho encarnado en la separación de poderes.

En nuestro caso, la sentencia de cierre del TSJA de octubre de 2005 no ha llegado a cumplirse de hecho ya que, exceptuando los pocos días en que hubo cierre patronal tras la sentencia, las canteras de Alhaurín han mantenido su actividad extractiva y lo siguen haciendo en la actualidad.

Esta indefensión también se produce indirectamente cuando, por ejemplo, el Fiscal de Medio Ambiente considera que llevar a cabo una actividad extractiva a cielo abierto, que modifica ostensiblemente el paisaje y que produce una irreversible destrucción del medio sin el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental no supone una infracción penal sino administrativa. Esto supone de hecho que no habrá responsables de esta decisión y que la resolución se demorará más de diez años.

Ante la indefensión a que estamos sometidos en este conflicto de las Canteras de Alhaurín ante los organismos españoles, esta Plataforma se ha visto obligada a recurrir a instancias europeas con la esperanza de que la justicia prevalezca y se proteja el medio ambiente y la salud de los ciudadanos.

Plataforma en defensa de la salud y la sierra. Lina Arlandis

5 de Noviembre de 2009