 Desde hace unas semanas, operarios de Aqualauro por orden expresa del alcalde Villanova han estado cambiando los contadores de los vecinos de El Lagar sin pedir ni siquiera permiso parar ello. Esta acción podría ser en principio ilegal en sí misma, maxime teniendo en cuenta que cuando alguún vecino se negaba a que le retiraran SU contador, los operarios pasaban de largo diciendo que ellos eran unos simples "mandados". Los contadores presuntamente retirados ilegalmente, propiedad de los vecinos, se les entregan que para eso son suyos (¿para que los pongan de adorno sobre sus chimeneas?), tras pagar 90 euros del ala. Todo un cúmulo de despropósitos teniendo en cuenta que la reunión de 28 de mayo de 2008, sobre la que se apoya la aprobación en Pleno de la recepción, ha sido impuganada judicialmente por lo que el alcalde debería paralizar de modo inmediato cualquier acción municipal sobre El Lagar hasta que la Justicia resuelva a favor ó en contra de los demandantes...
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Además, el propio Joaquín dió su palabra (lo sé porque yo estaba allí) de que si alguien metía "un papel", paralizaba las obras y devolvía la urbanización. No hay un papel. Hay una impugnación ante el Juzagado que debe resolverse y existe también una nueva Junta legalmente constituida que debe hacerse cargo de lo que es de los comuneros y que ha sido, según ellos, arrebatado ilegalmente. Mientras y cuatelarmente, eso sin hablar de la palabra dada por el alcalde (¿vale para algo?), el ayuntameinto debe salir de El Lagar y dejar sus instalaciones en manos de la nueva Junta. Eso es al menos lo que opina Miguel Domínguez, presidente electo de la nueva Junta de El Lagar, quien en la mañana de hoy sábado ha tenido conocimiento de que el alcalde no sólo ha mentido en cuanto a la devolución, sino que en lo que podría calificarse como "una vuelta de tuerca más", ha enviado a los "verdes" (empleados del ayuntamiento disfrazados de guardias civiles) a entregar en mano, casa por casa, a los que no les han cambiado el contador ya, una nota en la que se afirma que si en quince días no se dan de alta en las Oficinas del Patronato de Recaudación Provincial, en la Tasa del agua, "PODRA PROCEDERSE AL CORTE DEL SUMINISTRO". Esto ya son palabras mayores. Algo se olería el PSOE ya, cuando ayer mismo publicó un artículo exigiendo al alcalde que "garantice los servicios mínimos mientras no se resuelva el tema judicial". ¡Garantice los servicios mínimos!. o dicho, palabras mayores. Miguel Domínguez ha recogido las quejas de los numerosos vecinos enfrentados al ayuntamiento y a la presuntamente irregular recepción. Más de cincuenta han puesto dinero de su bolsillo para pagar el abogado que les asiste en lo que considran una tropelía. Dice Miguel Domínguez: " ¿Por qué nos mintió el alcalde?. ¿Por qué nos engatusó en su despacho?. ¡Es nuestro alcalde!. ¡El alcalde de todos!. Tiene conocimiento de la impugnación judicial y las mil veces que nos dijo que nos devolvería la urbanización, ¡mil veces que nos mintió!. Y ahora sigue con su ocupación ilegal y nos amenaza con cortarnos el agua... ¿No dice que quiere hacer lo que quieran los vecinos?. Los vecinos quieren que se vaya de aquí y nos devuelva lo nuestro.".
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