“Las persistentes y graves violaciones de derechos humanos que se cometen, sumadas a la ausencia de medidas para llevar a cabo una reforma de las fuerzas de seguridad, militares y policiales y para abordar la impunidad, así como a la falta de un compromiso claro por parte de algunos sectores del gobierno, constituyen verdaderos obstáculos, a los que los líderes máximos de Zimbabue deben hacer frente.”
Amnistía Internacional ha manifestado que el Acuerdo Político Global –que firmaron los principales partidos políticos y sentó las bases de la coalición de gobierno—proporciona un marco para el cambio, pero que el compromiso de cumplirlo no es el mismo en todo el Gobierno.
“El Gobierno debe prestar a la necesidad de llevar a cabo reformas en materia de derechos humanos tanta atención como presta a la búsqueda de recursos económicos”, ha afirmado Irene Khan, a la vez que ha reconocido el diálogo sincero y el acceso sin restricciones que han ofrecido a Amnistía Internacional todas las partes del Gobierno.
“Parece que algunos de los miembros del Gobierno no creen que sea verdaderamente urgente llevar a cabo cambios en materia de derechos humanos, pues las palabras no se han traducido en acciones efectivas.”
“No se han realizado esfuerzos serios por reformar el sector de la seguridad. No se ha iniciado ninguna investigación ni enjuiciamiento contra los responsables de la violencia política auspiciada por el Estado en los últimos años. Algunos elementos de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe - Frente Patriótico todavía ven en el uso de la violencia una forma legítima de acallar a los rivales políticos.
“La suma de estos factores podría dar de nuevo lugar a graves abusos contra los derechos humanos en el periodo previo a las futuras elecciones.”
La evaluación que ha hecho Amnistía Internacional de la situación revela que:
· Se sigue sometiendo a intimidaciones, hostigamiento, amenazas, detención y procesamiento a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho.
· Continúan las acciones judiciales entabladas contra 15 activistas políticos y defensores de los derechos humanos que fueron secuestrados el año pasado, así como contra varios parlamentarios.
· Aún no se ha localizado a siete activistas del Movimiento por el Cambio Democrático que fueron víctimas de “desaparición forzada” en 2008. Aunque los ministros del Interior han asegurado a Amnistía Internacional que estas personas no están bajo custodia policial, han admitido que no han logrado averiguar qué les ha ocurrido.
· El derecho de manifestación sigue estando gravemente restringido. Ayer mismo, un grupo de activistas de la organización Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA) sufrieron palizas a manos de la policía, que detuvo a siete, por llevar a cabo manifestaciones pacíficas.
· Persisten las invasiones de granjas, en las que se ejerce violencia contra los granjeros y los trabajadores.
· Cuatro años después de los desalojos forzosos llevados a cabo en el marco de la Operación Murambatsvina, la mayoría de las víctimas siguen sin tener una vivienda adecuada ni han recibido reparación.
· Hay una grave crisis en la educación.
“Para acabar con el clima de intimidación imperante, el presidente Mugabe y el primer ministro Tsvangirai deben hacer declaraciones públicas instando claramente a los activistas de todos los partidos políticos a que pongan fin al hostigamiento, las intimidaciones y las amenazas a que someten a quienes consideran sus rivales políticos, incluidos profesionales de la enseñanza y el derecho”, ha manifestado Irene Khan. | 
Harare.- La situación de los derechos humanos en Zimbabue es precaria, y la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas sufren unas condiciones socioeconómicas desesperadas, ha manifestado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, al concluir una visita de alto nivel al país, que ha durado seis días y en el curso de la cual se ha reunido con ministros del gobierno, activistas de los derechos humanos y víctimas de violaciones de derechos humanos. 
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