Leyes que voy a incumplir

Tengo claro que incumplir algunas leyes puede ser en ocasiones más justo que acatarlas. De hecho, la justicia del hombre ha avanzado en no pocas ocasiones a remolque de ciertos incumplimientos de las leyes, que al final han ido adaptándose o eliminándose de los códigos escritos. El último gran logro en ese sentido, protagonizado por nuestra generación fue la eliminación del servicio militar obligatorio, gracias a la presión popular y sobre todo a la desobediencia de un grupo de insumisos que acabaron entre rejas para conseguir finalmente lo que creían de justicia. Tengo claro que cuando compro un CD en el top manta estoy ayudando a un ser humano que viene de un país en crisis permanente, nada comparable a la nuestra por mucho que nos asuste, y que tanto él como yo estamos incumpliendo una ley, que injustamente castiga al eslabón más débil de toda una cadena de mafiosos y piratas, y que protege a artistas y discográficas que se pueden gastar en una noche de juerga lo que el negrito de la manta no va a ganar en toda su jodida vida.

En la actual situación de desempleo y problemas económicos para la mayoría de nosotros es extremadamente fácil plantear escenarios donde el extranjero se convierte en competencia, con el consiguiente peligro de que se acabe en manifestaciones de xenofobia o racismo al menor descuido como hemos visto en las declaraciones del ministro de trabajo últimamente, o recientemente en el anuncio del Gobierno de la reforma de la Ley Orgánica, sobre derechos y libertades de los extranjeros, que además de limitar el derecho de reagrupación familiar a los inmigrantes con papeles, y aumentar hasta 60 días el tiempo de estancia en centros de acogida a los “ilegales”, propone (según el artículo 53.2 c del anteproyecto aprobado) que sea una infracción grave “promover la permanencia irregular en España de un extranjero”.

En la práctica esta nueva norma será una vía libre a los jueces para castigar cualquier muestra de solidaridad con los inmigrantes llamados “irregulares”, que podría castigarse hasta con multas entre 501 y 30.000 euros, con objeto de intimidar a los ciudadanos para que no apoyen a personas que han llegado a nuestro país de forma irregular, a través del miedo a la sanción económica.

En el fondo sería una auténtica regresión de los derechos humanos y de las libertades que tanto nos gusta esgrimir como propias de nuestra sociedad, además de ser un castigo a la solidaridad con los mas desfavorecidos y un flagrante incumplimiento del articulo 1 de la Declaración Universal de los Derechos humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Tengo claro que no se ayuda a estas personas, castigando el poco apoyo y solidaridad que puedan recibir.

Tengo claro que no se acaba con el abuso al que son sometidos por las mafias que los traen multando al que pueda ayudarles una vez estén aquí.

Tengo claro que esta ley aumenta la vulnerabilidad de este colectivo y elimina la posibilidad de demostrar con nuestros semejantes la solidaridad y responsabilidad que en justicia les corresponde.

Tengo claro que incumplir esta ley será un delito, pero el hecho de ser una norma incorporada a nuestro derecho no la convierte en justa.

Declaro mi total insumisión ante esta ley, solidarizándome con aquellos particulares y asociaciones que en cualquier momento puedan acoger y ayudar a un inmigrante que lo necesite.

Espero que si algún día tengo que refugiarme en otro país para salvar mi vida o la de mi familia, no exista ninguna norma similar en su ordenamiento jurídico.

Juan Manuel Mancebo Fuertes
Marzo 2mil8

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