UPyD denuncia que la Junta de Andalucía incrementa el valor tributario de los inmuebles, desconociendo la realidad de la crisis económica

Desde la Coordinadora de UPyD en Málaga se denuncia que la Junta de Andalucía, en plena crisis económica, incrementa el valor tributario de los pisos y locales comerciales. Es una burla al ciudadano que en la coyuntura actual, con la caída del valor de los inmuebles y, especialmente, del mercado de ocasión, se apruebe una Orden que eleva su valor a efectos de los impuestos que gravan su transmisión.

La Hacienda autonómica grava la transmisión de los inmuebles mediante el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) que recae sobre las ventas de inmuebles nuevos (modalidad de Actos Jurídicos Documentados) y del mercado de ocasión (modalidad de Trasmisiones Patrimoniales). En ambos casos el importe del impuesto depende del llamado “valor real” del bien transmitido. En Andalucía, ese “valor real” se calcula en función de un porcentaje que se aplica al valor catastral del inmueble.

 Pues bien, la Junta ha aprobado una nueva Orden de valoración para 2009, incrementando los porcentajes de valoración aplicables al valor catastral. Además, ha de tenerse presente que el valor catastral es actualizado todos los años por el Estado (para el 2009 la actualización es del 2%).

 En el caso concreto de Antequera, se ha pasado de un coeficiente de valoración del 3,3 (año 2008) al 3,9 (año 2009). Con un ejemplo se observa mejor el abuso de la Administración. Si se toma como referencia un inmueble cuyo valor catastral en el año 2008 fuese de 100.000 €, el valor tributario habrá pasado de 330.000 € (100.00 x 3,3)  a 397.800 € (100.000 x 1,02 x 3,9); lo cual supone un incremento del 20,55%. Éste, lógicamente, se traslada a la cuota del ITPAJD (si es un inmueble del mercado de ocasión el tipo impositivo es el 7%, por lo que el impuesto aumentará de 23.100 € a 27.846 €).

 Es decir, la Junta de Andalucía en vez de reconocer la realidad de la importante pérdida de valor de los inmuebles, legisla como si tal circunstancia no existiese. Y además, con el agravante de que, al tratarse de una valoración derivada de una Orden, las posibilidades de demostrar que el valor del inmueble es inferior son muy complejas y se limitan a la costosa, saturada y lenta vía judicial; ya que el recurso en vía administrativa -que es gratuito- no podrá prosperar.

 Resulta paradójico que, al mismo tiempo que se presiona a las entidades financieras para que faciliten crédito a las familias, a fin de que éstas puedan adquirir bienes y reactivar el mercado, se aprueben medidas que encarecen y dificultan esa reactivación.

 Por tanto, consideramos que la Administración debe ser coherente con las medidas anticrisis que propone y no actuar prepotentemente, incrementando el valor fiscal de los inmuebles, a sabiendas que su actuación abusiva no podrá ser contestada por una ciudadanía empobrecida.
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