Para el diputado verde, “el ataque a la asamblea de la PDSS es la culminación de una auténtica campaña de intimidación, con amenazas de muerte, coacciones, rotura de ventanas e incluso atentados incendiarios a siete coches de miembros y simpatizantes del colectivo”. Para el Portavoz Provincial del partido verde, Angel Rodríguez, “estamos ante un tremendo agravio comparativo por la falta de celo del Gobierno central, responsable de la imprevisión y falta de medios de la Guardia Civil en Alhaurín de la Torre, mientras en el pasado reciente hemos asistido a grandes despliegues de medios antidisturbios contra acciones de protesta con mucha menor carga de violencia que la de este viernes negro”. Para Rodríguez, “este es uno de los ataques más graves ocurridos en Málaga a derechos democráticos como la libertad de expresión, reunión y participación para intimidar a un colectivo ciudadano en su reivindicación pacífica de la legalidad, la salud y el medio ambiente. Ha quedado a la vista de todos que en Alhaurín de la Torre no hay seguridad para las libertades democráticas ni para todo aquel que ose oponerse a las canteras”, afirmó el portavoz verde.
Las preguntas parlamentarias de Los Verdes dicen textualmente: “¿Cómo explica, el Gobierno, que, habiéndose atacado flagrantemente derechos humanos y constitucionales, como la libertad de expresión, reunión y asociación, la integridad física y mental y la participación democrática de los ciudadanos, con una evidente intención de intimidar a un colectivo por su acción reivindicativa y ecologista, no se haya producido, hasta el momento, una sola detención, a pesar de la presencia, en todo momento, de agentes de la Guardia Civil? ¿Va a ordenar, el Ministro del Interior, algún tipo de investigación interna que delimite las responsabilidades, no sólo disciplinarias, sino políticas, en su caso, en relación a la actuación insuficiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este incidente? ¿Qué medidas tiene previsto adoptar, el Gobierno, en Alhaurín de la Torre, para atajar la violencia desencadenada, contra los miembros y simpatizantes de la Plataforma en defensa de la Salud y la Sierra, y para garantizar sus derechos democráticos básicos a la libertad de expresión, reunión y asociación?”
Más información: Angel Rodríguez, Portavoz Provincial (tfno 616954982).
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
D. Francisco Garrido Peña, Diputado de Los Verdes, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la/s siguiente/s pregunta/s para que le sea/n contestada/s por escrito.
PREGUNTA AL GOBIERNO RELATIVA A LAS AGRESIONES QUE SE DIERON EN LA ASAMBLEA INFORMATIVA DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SIERRA (PDSS), EN ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)
MOTIVACIÓN:
El pasado 3 de febrero, la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS), asociación de Alhaurín de la Torre (Málaga), legalmente registrada, tenía convocada a las 8:30 p.m. una asamblea informativa abierta, para exponer a sus socios y simpatizantes, así como a los vecinos, sus opiniones en relación al conflicto de las canteras situadas en ese municipio. Aproximadamente a las 8:10 p.m., de forma organizada, entraron en la sala donde tendría lugar la asamblea, unos 50 trabajadores - muchos de los cuales llevaban el mono azul de trabajo con el anagrama de sus empresas - con una actitud amenazante y coaccionante. Otros trabajadores se quedaron en la puerta y, a la entrada de miembros de la Plataforma, comenzaron a gritarles e insultarles.
Momentos antes de comenzar la celebración de la Asamblea, cuando el salón estaba repleto, los hechos se pusieron en conocimiento de la Guardia Civil y se personaron 4 funcionarios de este cuerpo en el Salón de Actos. Ante esto, se siguió adelante y empezó la Asamblea. Formaban la mesa de la asamblea, la Presidenta, el Secretario, el Portavoz, el Coordinador y el Letrado de la PDSS, con la intención de explicar las acciones jurídicas emprendidas para el reconocimiento de la ilegalidad y el cierre de 4 canteras del municipio. Al tomar la palabra el Secretario, que iba a actuar como moderador en la asamblea, apenas pudo articular unas palabras, ya que empezaron los insultos y amenazas, por parte de los trabajadores. Unos vecinos pidieron, por favor, que se respetara su derecho a escuchar la información. En ese instante, varios trabajadores de las canteras empezaron a insultar a estos vecinos, golpear y agredir indiscriminadamente a los asistentes de la asamblea.
El primer vecino que defendió su derecho a recibir información fue amenazado, insultado e incluso agredido, aún estando acompañado de un niño de cuatro años. Entre los asistentes, había niños y muchas personas de edad. Una concejala del ayuntamiento fue agredida por uno de los trabajadores que le lanzó, con gran fuerza, una silla que le dio en el pie. Al mismo instante, una lluvia de huevos y petardos cayeron sobre todos los asistentes, especialmente sobre la zona de la mesa. Los gritos y amenazas eran de muerte, “vamos a por ustedes”, “os vamos a echar del pueblo”, “sabemos donde vivís y quienes son sus hijos”, etc. La concejala intentó tomar fotos de las agresiones y, en ese momento, una mujer - parece ser trabajadora o esposa de alguno de los trabajadores de las canteras - se dirigió violentamente hacia ella para agredirla con insultos, como "cabrona, te voy a matar, tira la cámara". El letrado de la PDSS, para evitar la agresión de la concejala, se acercó y, debido a que el suelo estaba muy resbaladizo por los huevos lanzados, cayó, junto con la mujer, al suelo.
El Letrado sufrió una lesión en su mano derecha, además de sufrir un fuerte golpe en la rodilla. Asimismo, fue agredido de un puñetazo en el lado derecho de la cara, teniendo que ser asistido momentos después. Los insultos y coacciones fueron constantes. Tanto el secretario de la Plataforma como los distintos miembros que estaban allí recibieron decenas de huevos, así como petardos de gran potencia.
A los de la fuerza pública les fue casi imposible controlar el tumulto, por ser pocos, por la fuerte agresividad y el gran número de canteros. No llegaron a poder identificar a ninguno de los agresores, ni expulsarlos de la sala, ya que manifestaron que, con los pocos miembros que eran, no podían hacer frente a la situación. Posteriormente, la mayoría de los vecinos que habían acudido a la asamblea huyeron, ante tanta violencia, siendo abucheados e insultados. Momentos más tarde, unos cuarenta canteros, a los que se fueron sumando más, se quedaron apostados en la puerta, impidiendo la salida a unas treinta personas, miembros de la Plataforma y vecinos que quedaban en el interior, entre ellos dos cargos públicos: concejalas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. La Guardia Civil no podía garantizar la seguridad de los allí presentes, debido a que no poseían medios ni había suficientes efectivos. Los canteros estaban perfectamente organizados, dándose consignas entre ellos de cómo tenían que actuar y contra quién. Al cabo de unas horas, aparecieron patrullas de la Guardia Civil de distintos pueblos.
La PDSS ha denunciado que estos hechos son consecuencia de la permisividad de la Subdelegación de Gobierno, que ha permitido, desde que se hizo pública la sentencia del cierre de las canteras, la violencia, las amenazas, las coacciones, incluso los atentados con cócteles molotov, al anterior presidente de esta Plataforma. Se han quemado siete coches, varios camiones, se han realizado pintadas con amenazas de muerte, rotura de cristales, etc. Y todo esto ha derivado en la violencia física organizada, que supone un paso más en la limitación de los derechos de los miembros de la Plataforma, así como imponer por la fuerza y la violencia lo que no han conseguido en los Tribunales: la existencia de canteras ilegales y clandestinas.
Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:
¿Cómo explica, el Gobierno, que, habiéndose atacado flagrantemente derechos humanos y constitucionales, como la libertad de expresión, reunión y asociación, la integridad física y mental y la participación democrática de los ciudadanos, con una evidente intención de intimidar a un colectivo por su acción reivindicativa y ecologista, no se haya producido, hasta el momento, una sola detención, a pesar de la presencia, en todo momento, de agentes de la Guardia Civil?
¿Va a ordenar, el Ministro del Interior, algún tipo de investigación interna que delimite las responsabilidades, no sólo disciplinarias, sino políticas, en su caso, en relación a la actuación insuficiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este incidente?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar, el Gobierno, en Alhaurín de la Torre, para atajar la violencia desencadenada, contra los miembros y simpatizantes de la Plataforma en defensa de la Salud y la Sierra, y para garantizar sus derechos democráticos básicos a la libertad de expresión, reunión y asociación?
En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de febrero de 2006
EL DIPUTADO:
Francisco Garrido Peña
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El Diputado de Los Verdes en el Congreso,
Francisco Garrido, formuló ayer tres preguntas parlamentarias ante el
Gobierno en relación al flagrante ataque a los derechos democráticos
ocurrido en Alhaurín de la Torre el pasado viernes. Garrido, también
Portavoz de Los Verdes de Andalucía, coincide con la PDSS en que “estos
hechos son consecuencia de la permisividad de la Subdelegación del
Gobierno que ha permitido por inactividad la escalada de la violencia
desde que se hizo pública la sentencia del cierre de las canteras”.
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