La postura de los miembros de la Plataforma y de IU siempre ha sido la defensa de la ley y los intereses generales por encima de los intereses económicos de las grandes empresas a costa del medio ambiente. Lo que ocurre es que el derecho a informar y ser informado, hoy en Alhaurín de la Torrre, es un arma peligrosa contra los que siguen incumpliendo la ley y las sentencias judiciales, contra los que tratan de engañar al pueblo llamando restauración a la extracción y aprobando un plan minero para la sierra de Alhaurín que duraría más de 40 años.
Recordemos que en el avance del PGOU que presentó el Sr. Alcalde incluye este plan minero hecho por las empresas y aprobado por la JUnta de Andalucía. Al Sr. Alcalde le parece una postura o comportamiento extremo informar a los vecinos que lo pactado en el acuerdo o convenio urbanístico supone el incumplimiento de una sentencia judicial, vender a precio de saldo y aplazado la sierra y perdonar más de 100 millones de aureos a las empresas.
Si para el PP, como se desprende del comunicado de prensa, es comparable la violencia organizada de los que impiden una reunión con el ejercicio pacífico del derecho de reunión y de información, qué me dice de las agresiones a los concejales de País Vasco. ¿ Es lo mismo? No se confunda.
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