El pasado 31 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicaba el proyecto de observaciones finales al quinto informe periódico de España –presentado después de más de 12 años de silencio del Estado español- en el que recomienda a las autoridades españolas cumplir con sus obligaciones internacionales, en calidad de Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Comité ha manifestado su preocupación por los obstáculos a los que llevan años enfrentándose las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación; y ha instado a las autoridades españolas a tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977 y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. También pide al Gobierno que establezca una comisión independiente para establecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, y que garantice la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y su restitución a los familiares.
Amnistía Internacional considera que España, ahora el país con mayor número de casos de desaparición forzada denunciados ante sus tribunales, ha prolongado una situación de injusticia a la que debe poner fin a riesgo de situarse entre los pocos países del mundo que dan la espalda a su obligación de investigar delitos de derecho internacional constitutivos de crímenes contra la humanidad.
Ya numerosos países de Europa, América Latina, África y Asia, con todas sus limitaciones, han dado al menos algún paso para esclarecer la verdad sobre los crímenes del pasado, como es el caso de Perú, Marruecos, Timor Oriental o algunos de los países sucesores de la Antigua Yugoslavia, entre otros muchos.
Mitos y distorsiones
En contra de las tendencias mundiales, el Ministerio Fiscal, a través de su recurso de apelación de 20 de octubre de 2008, ha invocado la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos, entre otros, para frenar la investigación. La aplicación de estas alegaciones podrían suponer el establecimiento de mecanismos de
impunidad incompatibles con la legalidad internacional respecto de crímenes contra la humanidad.
Para la comunidad internacional, cualquier Estado que, con desprecio a los derechos de las víctimas, busca establecer la lógica del olvido respecto a este tipo de crímenes, se coloca fuera de la legalidad reconocida internacionalmente. La desaparición forzada se encuentra entre los más graves crímenes, que no pueden prescribir ni ser amnistiados sin socavar la legalidad internacional, que forma parte del ordenamiento jurídico español.
Ante esta situación, Amnistía Internacional publica hoy el documento “Mitos y distorsiones” y el Informe “España: La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo”. Ambos documentos ponen de relieve que las alegaciones del Ministerio Fiscal para frenar la acción de la justicia son totalmente incompatibles con el derecho internacional, e incluso con la propia legislación española.
Así, la Fiscalía argumenta, en su recurso de apelación, que la Ley “de la Memoria Histórica” de 2007 no permite investigaciones judiciales porque ya facilita medidas adecuadas y suficientes a favor de las víctimas. Sin embargo, la propia Ley establece que “es compatible con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
España no puede ser una isla en el marco del derecho internacional Amnistía Internacional ha analizado cómo se ha hecho frente a crímenes contra la humanidad en más de 25 países en los que se cometieron desapariciones forzadas en el pasado. Todos estos países son los que han acumulado más casos denunciados de desaparecidos ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Desafortunadamente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha
informado que el Gobierno español no ha presentado información sustantiva que permita establecer el paradero de tres personas cuya desaparición había sido denunciada ante este Grupo.
Además, España es uno de los países a los que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido que recordar que no se pueden invocar amnistías ni alegar prescripciones respecto a este tipo de crímenes. Anteriormente, el Comité de Derechos Humanos se había dirigido a Chile, Argentina, Perú, Líbano, Francia (Nueva Caledonia), El Salvador, Haití y Uruguay, para recomendarles que cumplan sus obligaciones internacionales sobre crímenes de desaparición forzada.
“En España, donde se han impulsado investigaciones de crímenes contra la humanidad cometidos en otros países en numerosas ocasiones, el Ministerio Fiscal no puede ahora poner en duda u oponerse a cumplir con la obligación de investigar los graves crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil y el Franquismo”, ha declarado Esteban Beltrán, Director de la Sección española de Amnistía Internacional. “España no puede presentarse ante la comunidad internacional como un Estado que infringe sus obligaciones internacionales”.
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Madrid.- Ahora que España está en el punto de mira de la comunidad y la opinión pública internacionales, Amnistía Internacional (AI) recuerda al Estado español que debe cumplir con sus obligaciones internacionales en relación a los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas. Así, España debe garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.
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