 Unión, Progreso y Democracia, a la vista del anuncio de huelga del colectivo de secretarios judiciales prevista para el próximo día 21 de octubre, quiere expresar su solidaridad con dicho colectivo. Consideramos injustificable que, para calmar a la opinión pública por el conocido caso MariLuz, se imponga una sanción desproporcionada a la secretaria judicial, que implica dos años de suspensión de empleo y sueldo, convertida en chivo expiatorio mientras el juez responsable del caso sólo queda sancionado con una multa de 1.500 €. Creemos que la justicia debe ser igual para todos, y aplicarse la ley con criterios de objetividad.
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El gobierno de la Junta de Andalucía debe asumir su notable parte de responsabilidad por permitir que el juzgado careciera de la necesaria dotación de medios para poder funcionar con la dignidad y eficacia que se presupone a todo órgano judicial, encargado de algo tan sumamente importante en una democracia como es aplicar la ley. Este caso muestra la despreocupación del Gobierno para resolver los problemas reales de la administración de justicia, valiéndole el artificio de ensañarse con el más débil para que desviar la atención de lo importante.
Ramón Guanter
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