Justos por pecadores

Rafael Ricardi tiene 48 años y ha pasado 13 en prisión por un supuesto delito de violación que no cometió. Más de una década entre rejas ha sido el tiempo que se ha tomado la Justicia para otorgar la libertad a un hombre al que su semejanza con un supuesto violador lo convirtió en un depravado mental para las autoridades y para la sociedad. Los testimonios de una víctima de agresión sexual y del Cuerpo Nacional de Policía fueron determinantes para juzgar a Rafael Ricardi como culpable. Por supuesto, el hecho de que este señor a sus 35 años fuera probablemente un "yonki" ayudó a que el Tribunal se vanagloriara con relativa certeza de haber metido entre rejas a un violador. Un peligro menos para una sociedad que cada vez es más incoherente.

La casualidad quiso que el pasado mes de abril una investigación policial absolviera a Ricardi de toda culpabilidad, porque si en algún momento las pruebas de su AND fueran inconcluyentes, la aparición de un individuo sometido a análisis reforzó aún más la teoría que la policía ignoró: Rafael Ricardi no fue el agresor de una chica en el año 1.995, pero sí un gaditano inocente con una familia, una vida y unos sueños por cumplir. Y ahora muchos ciudadanos se preguntarán retóricamente dónde está el fallo. La paradoja se encuentra en que, mientras que nuestra Justicia pasa desmesurados periodos de tiempo investigando muertes y desapariciones, estudios que a menudo se abandonan, por otro se afana en encarcelar a inocentes reos o en penar hasta con 10 años a quién roba porque la vida le ha hecho un mal gesto.

María Teresa Fernández, Jeremi Vargas o Sara Morales son solo algunos nombres de los 8.000 que figuran en la lista de desaparecidos por año, según apunta la prensa. Pero aún hay más, pues los medios de comunicación señalan, además, que hay 200 expedientes sin resolver, algunos de los cuales llevan años pendientes de resolución, de una pista, de algún dato esclarecedor. El aumento de personal judicial y policial comprometidos con la causa sería un aliciente importante para encontrar a estos niños y adolescentes que han escrito miles de páginas en la investigación policial en nuestro país.

En mayo de este año nos hacíamos eco de un estudio que traía unas conclusiones escalofriantes: los Juzgados de lo Penal registraban a finales de 2007 un total de 269.405 asuntos pendientes de ejecutar. Estos datos llegaron acompañados de unas interesantes interpretaciones que nos informaban de que el personal que se ocupa de la seguridad de los ciudadanos está descompensado en número debido a cuestiones tales como la movilidad del personal interino. Así es que nos encontramos con una Justicia totalmente erroneamente descentralizada.

Pues bien, todo parece indicar que nuestra administración judicial no está pasando su mejor momento, y los datos así lo evidencian. Rafael Ricardi tiene que empezar de cero y reinventarse a sí mismo en un mundo que ha cambiado mucho en los últimos 13 años. Por otra parte, casi 300.000 personas esperan que sus casos sean resueltos y la palabra Justicia se lleve a la práctica. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, siguen pagando justos por pecadores.