Primero.- Nos parece que el Tribunal Constitucional, al igual que hizo con el famoso caso de los Albertos, se arroga competencias que no son suyas, según la LOTC, pues la decisión sobre la ejecución de la Sentencia, es competencia de los Juzgados ordinarios, y estos ya ejecutaron la Sentencia de cierre de las canteras. En esta decisión del Tribunal Constitucional, sólo han primado los intereses económicos de las grandes empresas que todo lo pueden, en contra de los intereses de los ciudadanos y aún en contra de los Tribunales de Justicia Andaluces. Según cuentan, el Tribunal Constitucional tiene que garantizar los derechos constitucionales: ¿Y el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente digno y a vivir sin contaminación atmosférica?
Segundo.- El Tribunal Constitucional no ha decidido sobre la constitucionalidad o no de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de cierre de las canteras. La única decisión es la suspensión de una Sentencia que ya estaba ejecutada. Tiene que quedar claro que quedó demostrado que las canteras fueron, son y serán clandestinas e ilegales recurran a los Tribunales que quieran y puedan, y sobradamente como pueden, con los beneficios ganados irregularmente tras más de 30 años de explotación ilegal.
Tercera.- La empresa Sando y Nicanor Retamero no podrán reanudar su actividad, puesto que, la concesión minera que tenían esta caducada hace más de 10 años y fuera de límites. Además, Sando no posee siquiera licencia de planta de machaqueo, aunque al parecer no la ha necesitado nunca. Es más, para que dichas canteras se explotaran tendrían que hacerlo en suelo público y monte público de la Junta de Andalucía.
En el momento que se inicie cualquier actividad, la PDSS presentará la correspondiente denuncia en el Juzgado. A pesar de que HOY los ciudadanos nos sintamos algo más desamparados y desprotegidos, los poderosos no podrán quitarnos la RAZÓN ni dinamitar nuestro espíritu de lucha.
El progreso no puede estar basado en la destrucción.
No hay futuro sin respeto al medio ambiente.
Lina Arlandis Mendoza. Presidenta de la PDSS | 
Nada nos parece hoy extraño en el tema canteras y menos aún nos sorprende el poder del imperio político-económico de las grandes empresas que lo sustentan, capaces no sólo de mover montañas. El Tribunal Constitucional se atribuye competencias de los Juzgados Ordinarios, entre las Resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, en referencia a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de cierre de las canteras de Alhaurín de la Torre, la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra de Alhaurín de la Torre quiere manifestar lo siguiente:
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