Denuncia de las amenazas, agresiones y coacciones recibidas.

La Plataforma en Defensa de la Salud y La Sierra (PDSS), e IU-Los Verdes Convocatoria por Andalucía, (Asamblea local de Alhaurín de la Torre) actuando en su propio nombre y derecho, en el de sus miembros o asociados  y en nombre de todo aquel que verdaderamente crea en la democracia y defienda el Estado de Derecho español y para público conocimiento de los ciudadanos, declaran, afirman y exigen:

1. La PDSS e IU (Asamblea de Alhaurin de la Torre) aquí representados han actuado en cada momento en relación con las canteras de Alhaurín de la Torre conforme a las normas que rigen la actividad, aprobadas por el Parlamento español y andaluz , y por tanto conforme al estado de Derecho.

2. Estas organizaciones han reivindicado su derecho de forma pacífica, respetando siempre los derechos de los demás, incluso en las manifestaciones se ha circulado por la acera por orden de la subdelegación de gobierno a fin de no impedir, el derecho a la libre circulación que tienen todos los ciudadanos.

3. Desde que se produjo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que deben cerrar cuatro canteras en Alhaurín de la Torre se han venido produciendo agresiones y amenazas a miembros de la PDSS, de Izquierda Unida y del PSOE de Alhaurín de la Torre.

Como muestra de ello citamos, el incendio sofocado por un vecino producido por dos desconocidos en el domicilio del anterior presidente de la PDSS, amenazas telefónicas a su familia, intento de entrega de cartas sospechosas, pintadas de amenazas de muerte extendidas tanto a miembros de la Plataforma como a los representantes de los partidos políticos aquí mencionados, además de insultos y amenazas directas como ”hijos de puta”, “no vamos a parar a hasta que los echemos del pueblo”, “puta comunista” y amenazas continuas de ir a nuestras casas.
Todos estos hechos han sido denunciados ante las autoridades competentes y las fuerzas de orden público y solicitada protección policial ante la gravedad de éstos.
Desconocemos las medidas tomadas al efecto por dichas autoridades competentes y sus superiores, pero las amenazas y acciones delictivas no cesan.

4. En un estado de Derecho no se puede permitir que ciudadanos honrados defensores de los derechos constitucionales y demás leyes, y que recurren a la Justicia al no ser atendidos por las Instituciones competentes, se encuentren amenazados porque quiénes han sufrido el peso de la ley, y que el mismo Estado de Derecho, no tome las medidas adecuadas para su defensa y protección.

5. Los representantes de las Instituciones que defienden intereses particulares en contra de las sentencias judiciales firmes deben ser cesados por sus superiores.

6. Las Instituciones deben cumplir y hacer cumplir la ley y defender los intereses generales por encima de los particulares, y como consecuencia deben obligar desde la Ley a la reanudación de la actividad de las empresas cerradas por voluntad propia y prestar protección tanto a los trabajadores como a las empresas cerradas por amenazas externas.

7. En las organizaciones aquí representadas se toman las decisiones democráticamente por mayoría y sus representantes defienden lo acordado por ésta; no siendo imputable por tanto a las personas que en cada momento representan a estas organizaciones las acciones, aciertos o desaciertos sino a toda la organización.

8. La Plataforma e IU  han recurrido a los jueces para que protejan y tutelen derechos legítimos de todos los ciudadanos y vecinos, y como consecuencia han sido los jueces quienes en busca del interés público y general han ordenado el cierre de las referidas canteras ante la pasividad e indeferencia de las autoridades públicas responsables.

9. Exigimos la protección y el amparo de las Instituciones correspondientes y de las fuerzas de orden público en aras a la defensa de nuestras familias, nuestros bienes y nuestras propias vidas.