La restauración no se puede convertir en extracción de áridos prohibida por los jueces.

La PDSS junto con IU, Asociaciones de vecinos, y otras Asociaciones ecologistas, reclamaron a las autoridades competentes, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, el cierre de las canteras ilegales de Alhaurin de la Torre; ya que además de la ilegalidad suponían un atentado contra la salud y el medio ambiente. Ante la desidia de las autoridades, la indiferencia o directamente el desprecio a los ciudadanos, y el desafío continuo al Estado de Derecho, se acudió a los Tribunales para que protegieran derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como los son el derecho a la salud y a un medio ambiente digno.

Los Jueces nos han dado la razón, y han ordenado el cierre de cuatro canteras en Alhaurín de la Torre, por considerarse clandestinas e ilegales. No obstante, no hemos de olvidar que además de no tener licencia de apertura, han cometido presuntos delitos medioambientales, teniendo en su mayoría las licencias mineras caducadas desde el año 90, y sin embargo la Junta de Andalucía ha continuado amparando la explotación salvaje de la sierra, donde los daños se han peritado por la Universidad de Málaga  como catastróficos e irreversibles.

Nuestras Administraciones, que deben cumplir y hacer cumplir la Ley, lejos de ello, protegen la ilegalidad y la destrucción del medio ambiente. En todo este tiempo, todos los actores, dirigidos por intereses económicos particulares, han tratado de buscar el camino, para no cumplir la sentencia judicial; haciendo declaraciones, y utilizando los servicios públicos, que pagamos todos, a favor de empresas con actividades ilegales (las canteras cerradas).

El problema de dos grandes empresas SANDO Y GENERAL DE CANTERAS, por el cierre de una de sus muchas canteras, no puede convertirse en el problema de todos. Las consecuencias la están sufriendo las pequeñas empresas y sus trabajadores. Lo que se ha producido es un cierre patronal encubierto, bajo amenazas y presiones, y un corporativismo mal entendido. La solución no es incumplir una sentencia judicial, la solución es que la Junta de Andalucía obligue a las empresas legales a suministrar áridos, y a proteger a aquellas empresas que si quieren trabajar.- De esta manera de forma inmediata se acabaría la huelga y los pequeños empresarios y trabajadores que están parados sin tener ninguna culpa podrían trabajar inmediatamente.-

El Sr. Alcalde de Alhaurín y la Junta de Andalucía han pensado que a los ciudadanos se les puede engañar. Un Plan de Restauración no permite la actividad extractiva. Ni el suministro de árido. La propuesta de estas Administraciones es abrir canteras nuevas con una superficie de extracción similar a la ya destruida.

3. El Sr. Alcalde de nuevo ha mentido al pueblo de Alhaurín de la Torre quiere pactar, la legalización de las canteras y la continuación de la actividad extractiva en Alhaurín de la Torre, a cambio de que le aprueben los convenios urbanísticos que tiene suscrito con empresarios. Denuncia a la Fiscalía Anticorrupción de dicho acuerdo si se firma en esos términos.

El acuerdo propuesto consiste en cambiar las NNSS de Alhaurín de la Torre, permitiéndose la actividad extractiva donde ahora esta prohibida. El Alcalde ha manifestado por activa y por pasiva que no las cambiaría. De nuevo miente a los ciudadanos.- El TSJA, la Junta, y todos sabemos que quién tiene la última palabra para permitir la apertura de una cantera es el Ayuntamiento. Por este hecho el alcalde juega sus cartas, y pretende que la Junta de Andalucía le apruebe un convenio urbanístico de dos campos de golf y dos hoteles, SI SE ESTAN REFIRIENDO AL CONVENIO SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO Y UNOS PROMOTORES PRIVADOS. Este convenio fue firmado unos días antes de la entrada en vigor de la LOUA, entre el alcalde de Alhaurín y un grupo constructor, ya fue rechazado por la Junta de Andalucía. Además está recurrido por IU ante el TSJA. Además pretende saltándose la ley, que el PGOU redactado por el Ayuntamiento, que consiste en urbanizar prácticamente todo el término municipal y que está constituido por todos los convenios urbanísticos firmados con los constructores, le sea aprobado sin modificación. El POT de la Junta establece una reducción del 50 por ciento de las viviendas previstas porque no existe suministro garantizados de agua, saneamiento etc.

El desprecio de los intereses generales y de la ley de los intervinientes en este asunto de las canteras será denunciado a la Fiscalía anticorrupción, si se concreta en dicho acuerdo las compensaciones urbanísticas solicitadas por el Sr. Alcalde a cambio de la apertura de las canteras ilegalizadas.-

-    Tenemos por un lado a la Administración de la Junta de Andalucía y al PSOE, de Málaga, que defienden a nuestro entender los intereses particulares y privados de dos empresas  SANDO Y GENERAL DE CANTERAS, que han permitido una huelga patronal encubierta y que no han garantizado el derecho al trabajo de las empresas que no querían estar en huelga. Es inaudito que la Administración autonómica este según la prensa,  negociando con el Alcalde de un municipio la aprobación de convenios urbanísticos o la aprobación de un PGOU de un municipio, que en el Avance el POT está reducido a la mitad en su desarrollo feroz urbanisticos.
-    Por otro lado, el Sr. Alcalde, que ilegalmente ha permitido durante años la existencia de las canteras y la destrucción de la Sierra, ahora pretende legalizarlas, cambiar las normas urbanísticas y la continuación de las mismas a cambio de que la Junta le apruebe todos sus “acuerdos urbanísticos”, sus convenios urbanísticos, y su Avance del PGOU, que declara prácticamente todo el término municipal de Alhaurín de la Torre como Urbanizable. PGOU que ha sido elaborado favoreciendo los criterios establecidos por los constructores.-
No se olvide tampoco el Sr. Alcalde QUE AL HABER PERMITIDO LA EXISTENCIA DE CANTERAS ILEGALES Y CLANDESTINAS , CONFORME ESTABLECE EL ARTICULO 139 DE LA LEY 30-92, HAY RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION, ES DECIR, DEL AYUNTAMINETO POR HABER CONSENTIDO ILEGALMENTE LOS DAÑOS PRODUCIDOS DE FORMA EFECTIVA Y EVALUABLES , COMO CONSECUENCIA DEL ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO, POR SU PASIVIDAD, DESIDIA, INSUFICIENCIA DE FISCALIZACION O INEXISTENCIA DE MEDIDAS REPARADORAS O CORRECTORAS. ESTA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PUEDE SER INCLUSO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, O AUTORIDADES PUBLICAS ALCALDE Y CONCEJALES QUE POR SU ACTUACIONES NEGLIGENTE HAYAN CONSENTIDO LA ILEGALIDAD DE LAS CANTERAS.-
-    El tercer elemento es CCOO, que por supuestamente defender el empleo de 75 trabajadores, ha organizado una huelga patronal de acuerdo con los empresarios, han imposibilitado el trabajo a las canteras legales y han planteado un auténtico chantaje de acuerdo con los empresarios a la sociedad de Málaga. Es tan patética la situación de este Sindicato que incluso el Secretario Regional de Medio Ambiente de CCOO reconoce que los empresarios de las canteras han cometido un delito medioambiental, pero para ellos parece ser, que este hecho no les importa.

Legalmente lo que procede, en cumplimiento de la sentencia del TSJA, y que ya se ha solicitado al Sr. Alcalde, es la restitución de la legalidad urbanística, y la imposición de sanciones a las canteras cerradas. Esta indemnización debe de ser por lo menos un valor igual al beneficio obtenido según la LOUA. Casi 50 veces más de lo que pretende conseguir como compensación el Sr. Acalde. La restitución de la legalidad urbanística, supone volver a dejar la montaña como estaba en su origen, y si ello no es alcanzable en su totalidad, lo más parecido posible; debiendo los canteros, en caso de que no se consiga al 100%, pagar la indemnización que proceda, independientemente de la sanción, por los daños causados. La referida restauración  de la legalidad urbanística, exige no extraer ni un grano más de arena, reponer en bancales el material extraído, aportar tierra vegetal, y reforestar la zona. Con ello se necesitarían 300 empleos directos (recordemos que ahora en las explotaciones sólo hay 85 empleados), otros 300 indirectos y el aporte de material de relleno a las canteras para su regeneración de 300 camiones diarios.-

Las canteras están cerradas por orden del TSJA y prohibida la extracción en ellas.-
Cualquier extracción de áridos en las canteras cerradas y clausuradas por ser ilegales y clandestinas constituiría un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Si esto sucede será puesto en conocimiento del propio TSJA, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.4, de la Guardia Civil y de la Fiscalía a los efectos legales oportunos.- No hay ningún material acopiado, y en todo caso este material ha sido extraído ilegalmente, y por tanto debiera dedicarse para la restauración de las canteras, no para la venta.-

    LA PDSS E IU, CON EL APOYO DE LOS VECINOS DE ALHAURÍN, Y LA MOVILIZACION DE LOS CIUDADANOS, DESEAN MANIFESTAR CON LA SOLEMNIDAD Y CONTUNDENCIA QUE EL CASO REQUIERE, QUE CONTINUAREMOS CUMPLIENDO CON LA LEY Y LA JUSTICIA, Y EXIGIENDO QUE SE CUMPLA, PARA LO QUE ACUDIREMOS A LOS TRIBUNALES, CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

LINA ARLANDIS