La reforma del poder judicial.

Carlos Córcoles –En primer lugar me gustaría que nos comentase en que consiste la reforma del poder judicial que  se ha aprobado este martes en el Congreso.
Emilio Olabarría- Lo que se ha aprobado en realidad es una modificación parcial de la ley para que los miembros del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial que tenían que ser designados por Las Cortes en septiembre sean elegidos de acuerdo al criterio que establezca una ley que no está aprobada.

Carlos Córcoles –Y ¿Cuáles serán las principales novedades que aportara?
Emilio Olabarría- Con la nueva normativa, el nuevo Consejo General de Poder Judicial seguirá teniendo 20 miembros como hasta ahora pero solamente 6  de ellos tendrán dedicación exclusiva y estos formaran lo que se llamara la “Comisión Permanente”. Además se suprimirían la comisión de calificación, encargada de evaluar las cualidades de los aspirantes a ocupar una plaza de juez y la comisión disciplinaria, cuyas competencias pasaran a ser ejercidas por la nueva “Comisión Permanente”.

Carlos Córcoles – Por lo que me está comentando el núcleo duro de decisión en el nuevo Consejo General del Poder Judicial estará en la Comisión Permanente. ¿Su composición será  permanente?
Emilio Olabarría- Lo que tiene dispuesto la norma es que la composición de esta sea rotatoria, es decir, si el mandato del Consejo es de 4 años, cada año habría 6 de sus miembros que estarían dentro de la Comisión Permanente, de forma que  su composición será rotatoria para que al menos cada uno de los miembros este durante un año en régimen de dedicación exclusiva.

Carlos Córcoles – ¿Habrá cambios en las funciones de la presidencia de esta institución?
Al hilo de la anterior respuesta, uno de los aspectos importantes dispuesto en la reforma es que en la comisión permanente  estarán como mínimo el presidente y el vicepresidente del Consejo y aquí hay otra novedad importante, porque hasta ahora el Presidente de esta institución era un juez, que al ostentar este cargo era automáticamente designado presidente del Tribunal Supremo y un vicepresidente que era un jurista. Hasta ahora ambos cargos eran elegidos por los miembros del consejo, pero  a partir de ahora el vicepresidente es nombrado y cesado por el presidente, con lo cual pasa a tener una relación de confianza con su superior.

Carlos Córcoles –En su opinión, ¿Cuál será la consecuencia de esta reforma?
Emilio Olabarría- El objetivo creo que en el fondo es controlar a los jueces más jóvenes que interpretan la ley en función de las circunstancias sociales y no en su estricta “literalidad”. Por otra parte creo que es posible que sea más fácil controlar a seis miembros del Consejo que a veinte. 

Carlos Córcoles – ¿Tiene alguna información de que la próxima modificación de la ley que regula el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial acabe en el Tribunal Constitucional?
Emilio Olabarría- Por las conversaciones que he tenido con miembros de otros grupos parlamentarios, es posible que la reforma acabe en el Tribunal Constitucional.  Hay jurisprudencia suficiente para considerar que el artículo 122 de la Constitución  que regula el funcionamiento y composición del consejo, estableciendo que los miembros deben del órgano de gobierno de los jueces deben de tener las mismas funciones y responsabilidades sin que haya lugar de ninguna manera a una distinción entre ellos.

La legislación Anti desahucios.

Carlos Córcoles. -El proyecto de ley  “Anti desahucios” va a pasar ahora al Senado [A día de hoy, ya se ha aprobado en la Cámara Alta]. Miembros del grupo parlamentario popular afirmaron que el texto incorporaría aportaciones de diferentes grupos parlamentarios. ¿Ha podido usted observar que parte de las enmiendas que ustedes han presentado han sido incorporadas al texto?  
Emilio Olabarría. -Nuestras enmiendas no han sido incorporadas, ni tampoco nada de la Iniciativa Legislativa Popular presentada. El texto sigue siendo prácticamente el mismo que trajo el gobierno.

Carlos Córcoles. –La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), planteaba la inclusión en la ley anti desahucios de una “dación en pago retroactiva” pero algunos juristas y diputados han afirmado en numerosas ocasiones que eso podría provocar una gran inseguridad jurídica al vulnerar el principio de no retroactividad de la leyes.
Emilio Olabarría. –Es que en verdad la dación en pago está presente en el Código Civil desde el año 1998 y  en virtud de lo dispuesto en la ley  puede establecer su “retroactividad” en función de las circunstancias

Carlos Córcoles. –UPyD tiene como propuesta la existencia de una “segunda oportunidad”. ¿Qué opinión tiene?
Emilio Olabarría. –Hay muchas propuestas y muy diversas como extender la ley concursal a las personas físicas.

Carlos Córcoles. –Ustedes han recuperado la presidencia del Gobierno Vasco. ¿Qué medidas están ahí?
Emilio Olabarría. –Ahora mismo, en el marco de nuestras competencias estamos negociando un protocolo para que cuando existan clausulas abusivas en las hipotecas, el procedimiento de desahucio se pueda parar.

Carlos Córcoles. -Me gustaría comentarle la propuesta de uno de nuestros colaboradores de Alhaurin.com, que propone un “rescate a la persona” que está trabajando pero tiene deudas.
 Por ejemplo; una familia con unos ingresos de 800 euros al mes, pagaba una cuota en el año 2008 de 300 euros que con la subida de tipos de interés se quedó en 600 euros. Si quiere poder vivir tiene que dejar de pagar los recibos de la hipoteca, por lo que empieza acumular una deuda con el banco enorme debido a los intereses de demora. Con esta propuesta,  la administración  compra la vivienda a esta persona, quedándose de esta manera con la deuda contraída por el ciudadano, que pagaría al banco pero  negociando una “quita”. La persona afectada podría seguir viviendo en su casa pero pagando un alquiler social a un ente público, inyectándose al mismo tiempo liquidez a la entidad bancaria ¿Qué le parece la propuesta?
Emilio Olabarría. –En principio parece que es una buena idea, es bastante neutral y no perjudica a ninguna de las partes.

La lucha contra la corrupción y el desprestigio de la clase política.

Carlos Córcoles. –En estos últimos años se han descubierto un gran número de casos de corrupción como el caso Bárcenas, el caso Urdangarín, el caso Gürtel, el caso de los ERES entre otros muchos. ¿Cuál es en su opinión la principal causa para que este país sufra este problema?
Emilio Olabarría. –Si uno acude a consultar cualquier informe de una institución internacional, podrá comprobar que el estado español en su conjunto (gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones y entes locales) es uno de los más opacos  del mundo.  Creo que es conveniente destacar que los 46 jueces decanos de las diferentes audiencias provinciales han denunciado “la corrupción sistemática” existente en el estado.

Carlos Córcoles. –¿Qué medidas se podrían tomar para prevenir este mal?
Emilio Olabarría. –Habría que aportar más transparencia a las instituciones públicas. Una medida concreta sería que cualquier ciudadano pudiese acceder a un expediente administrativo que estuviese tramitándose.

Carlos Córcoles. – Recientemente, el Presidente del Congreso, Jesús Posada ha rechazado una petición de UPyD para que fuese obligatorio publicar en la página web del Congreso ¿Qué opina de esto?
Emilio Olabarría. El Presidente del Congreso dijo que él, como tal, no podía publicar las nóminas de todos los Diputados del Congreso sin el permiso de todos y cada uno de ellos, e instó a UPD a que, por el momento, lo hiciera en su página web si lo consideraba oportuno o necesario. Nosotros, en el caso de que se adoptara la decisión unánime de todos los Grupos Parlamentarios de publicar las nóminas en la web del Congreso, lo haríamos sin ningún problema. De todas formas, recuerdo que las retribuciones de los Diputados están publicadas, además de las Declaraciones de Bienes y Rentas de cada uno de nosotros.

Carlos Córcoles. – Disculpe que le insista pero los ciudadanos no conocemos cuánto gana diputado en el Congreso….
Emilio Olabarría. –Cada diputado percibe una asignación constitucional mínima y  unos complementos mensuales por razón de cargo, por ejemplo: por estar en la Mesa del Congreso, presidir una comisión, ser portavoz en una comisión etc…Las cantidades percibidas son públicas así como los cargos que tiene cada diputado en el Congreso. A partir de aquí se pueden cruzar los datos y llegar a una conclusión.

Carlos Córcoles. – ¿Cree que habría que cambiar el criterio por él cuál determinados diputados reciben una indemnización de 1.823,86 € para los  diputados electos en circunscripciones que no son elegidos por Madrid. De los 314 diputados que perciben esta indemnización 64 poseen una o más viviendas en propiedad en la capital.
Emilio Olabarría. –Pues no parece normal ni lógico. En nuestro grupo parlamentario no se da este problema porque nuestros diputados son electros por las tres circunscripciones vascas y no tenemos domicilio en Madrid.
La situación política en el País Vasco y el fin de ETA.

Carlos Córcoles. – El Lehendakari, Iñigo Urkullo, ha presentado un plan de gobierno en el que se dice que se celebrara una consulta. ¿Estamos ante una situación similar a la de Cataluña?
Emilio Olabarría. –El lehendakari ya ha aclarado que esa consulta se celebraría en el último año de legislatura y contando con el máximo consenso posible.

Carlos Córcoles. –En su opinión, en esta materia, ¿Entiende cómo obligatorio el consenso con los partidos no nacionalistas en Euskadi, PP  y PSE?
Emilio Olabarría. –Creo que debería de hacerse con el mayor acuerdo posible.

Carlos Córcoles. –Finalmente. Se ha cumplido un año desde que ETA anunciase el “el cese definitivo de su 'actividad armada'. Parece que hay cierta inquietud  en el mundo abertzale con el tema de los presos…¿Qué visión tiene usted de este asunto?
Emilio Olabarría. –Creemos que actualmente existe una barrera en materia de presos que se debe de superar. El Gobierno español ha bloqueado la Vía Nanclares desde que tomo posesión, y no apreciamos que el tema sea una prioridad en la agenda política de Rajoy. Sin embargo, consideramos que esta actitud es un error; creemos que es el momento de actuar, de flexibilizar la política penitenciaria y aplicar la ley de manera más inteligente, al margen de que, a su vez, ETA debe seguir dando pasos hacia su desaparición absoluta de manera unilateral y sin esperar a los movimientos que haga la otra parte.

Carlos Córcoles. Mayo de 2013.