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La Junta de Andalucía destinará a la comarca del Valle del Guadalhorce 883.000 euros en medidas de Inclusión Social | | Junta de Andalucía. Delegación de Málaga. 24.06.14 | | El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, destaca que el objetivo del Decreto de Inclusión Social es no dejar a nadie sin atender
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo ha presentado hoy en Coín las principales líneas de actuación del Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad que supondrá una inversión inicial de 883.393,40 euros en los municipios de la comarca del Valle del Guadalhorce.
El Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad beneficiará a 29.500 personas en la provincia de Málaga, a la que se destinará unos recursos adicionales de 9,9 millones de euros para paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. La puesta en marcha de estas medidas supondrá la generación de más de 4.200 empleos en la provincia. | El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares. En total, con estas cuatro medidas hablamos 27 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social en la provincia de Málaga.
El delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado que los 883.393,40 euros destinados a la comarca del Guadalhorce son una inversión inicial que corresponden a tres de las siete medidas que contempla el Decreto de Inclusión Social. A través de la primera de estas medidas, que es el Plan de Ayuda a la Contratación, se destinarán a la comarca 698.120 euros, ha indicado Ruiz Espejo.
El delegado del Gobierno ha añadido que mediante el Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de Urgencia Social se invertirán 144.300 euros en la comarca del Guadalhorce, mientras que a través del Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria se destinarán 40.973,40 euros en el Valle del Guadalhorce.
El delegado del Gobierno ha precisado que esta es una inversión inicial, correspondiente a tres de las siete medidas contempladas en el Decreto de Inclusión Social y que es un montante destinado a los ayuntamientos. Ruiz Espejo ha precisado que las cuantías destinadas y el número de beneficiarios del resto de medidas incluidas en el Decreto se obtendrán a posteriori, ya que son medidas que se adoptan a demanda de las necesidades detectadas por los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos, encargados de canalizar las peticiones.
Ruiz Espejo ha indicado que con el Decreto de Inclusión Social “Andalucía continúa a la vanguardia en la atención a las personas más vulnerables y que más están siendo castigadas por la crisis económica”. “Se trata -ha añadido- de una apuesta del Gobierno andaluz por resolver los problemas con soluciones para el empleo y la solidaridad”.
Ruiz Espejo ha señalado que, aunque los indicadores de empleo y macroeconómicos presentan cierta mejoría, la situación de muchas personas sigue siendo de riesgo de exclusión social y de ahí que “el Gobierno andaluz establezca las medidas para poder dar soluciones reales a las personas a través de políticas de justicia social”.
La iniciativa del Gobierno andaluz, encabezada por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y en la que participa también la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.
La norma incluye tres áreas fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los andaluces y andaluzas que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores.
El Plan de Inclusión a través del Empleo contempla un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación, con el que está previsto realizar en la provincia de Málaga más de 4.200 contrataciones a través de los ayuntamientos, permitiendo además el acceso a las personas que están sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social.
Otra de las líneas para la inclusión a través del empleo y novedosa en este decreto es la que fomentará la contratación de personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, también conocido como salario social. Esta línea de la normativa permitirá reenganchar a perceptores del salario social al mercado laboral a través de contratos de, al menos, 6 meses con un salario que será superior a la prestación de Ingreso Mínimo de Solidaridad, cotizando en el sistema general de la Seguridad Social. Además, la empresa contratante recibirá una subvención de 2.500 euros.
Solidaridad y Garantía Alimentaria
El Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía incluye en su redacción el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social. Se trata de nuevas prestaciones de urgencia social, que serán gestionadas por los ayuntamientos, donde están incluidos los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas, o necesidades urgentes de alimentación y vestido o el pago del alquiler. Se otorgarán en función del número de desempleados del municipio, que recibirá entre los 3.900 euros y los 52.000 euros.
Asimismo, las Ayudas Económicas Familiares son prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. En la provincia de Málaga se prevé que estas ayudas beneficien a casi 5.000 menores. Su objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias andaluzas.
Por otra parte, se mantiene el Plan de Garantía Alimentaria, que continuará el refuerzo en la alimentación infantil para más de 5.600 menores con tres comidas en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y para alrededor de un millar de menores en las escuelas de verano durante el período vacacional; además se mantendrá el refuerzo del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, y el catering a domicilio para mayores.
Este plan también promueve la concienciación social y las prácticas de consumo responsable, impulsa el voluntariado y apoya a las entidades y organizaciones sociales adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y a las Entidades locales.
También se crea un Banco de Prácticas Innovadoras que permitirá a los integrantes de la red compartir las mejores experiencias, así como un sistema de información y seguimiento que sirva a los integrantes para el diseño de intervenciones cada vez más adecuadas y eficaces.
En la línea de apoyo a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria, que también se mantiene, se incluye la novedad de que entidades no lucrativas podrán presentar proyectos a los ayuntamientos que han recibido los fondos para colaborar en la gestión de los mismos.
Este decreto, que incluye fórmulas seguimiento y evaluación del impacto de la crisis en la población andaluza y de sus propias medidas, modificará también tanto el procedimiento como los requisitos para el ingreso en centro residencial de personas mayores en situación de exclusión social, con el fin de flexibilizar el acceso a estos servicios residenciales de la Junta de Andalucía para estas personas. |
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