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La Junta organiza en Málaga una jornada sobre la aplicación de la Ley de Reforma de la Administración Local | | Junta de Andalucía. Delegación de Málaga. 27.03.14 | |  Más de 250 personas, - entre alcaldes, concejales, secretarios, interventores, técnicos y empleados municipales y de otras administraciones –de la provincia malagueña, han participado hoy en la jornada formativa organizada por la Junta para abordar la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013. El objetivo responde a las demandas de información planteadas por los ayuntamientos sobre el impacto de esta normativa que el Gobierno andaluz ha recurrido hoy ante el Tribunal Constitucional. | En la presentación de las jornadas, el viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luís Pérez Tapias, el delegado del Gobierno, José Luís Ruiz Espejo y la representante de la Oficina de la Vicepresidencia, Fátima Berlanga Muñoz, han reiterado que la Junta rechaza esta Ley porque atenta contra el modelo de autonomía local recogido en el Estatuto y menoscaba los servicios públicos que ofrecen los municipios y mancomunidades.
En su intervención, Pérez Tapias, ha comentado, que coincidiendo con las jornadas, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha registrado en la sede del Tribunal Constitucional en Madrid un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley de Reforma Local al considerar que invade las competencias exclusivas en materia de régimen local recogidas en el Estatuto de Andalucía (art.50, 60 y 90 a 96).
El viceconsejero ha señalado que la interposición de este recurso es necesaria”para defender el Estatuto de Autonomía”, toda la” arquitectura municipal” andaluza y la legislación sobre la autonomía local, Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad (Patrica) en vigor desde 2010.
Se ha hecho, ha continuado en su intervención “poniendo en valor nuestro Estatuto, nuestra capacidad de autogobierno, conquistada por el pueblo andaluz y que hoy nos quieren recortar significativamente con reformas como esta. El Gobierno andaluz ha ido al Constitucional junto con el Parlamento de Andalucía, así como por acuerdo del Consejo de Concertación Local, y de centenares de ayuntamientos andaluces que se están uniendo para el mismo fin”.
Esta reforma de las entidades locales- ha señalado- vacía de competencias a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y va contra los derechos competenciales del Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley de Autonomía Local que tiene una clara vocación municipalista”. Para Pérez Tapias esta reforma local va a significar una merma de la calidad de vida de sus habitantes y una redefinición del estado de las autonomías.
Asimismo, ha señalado que la reforma pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones de servicios que propicia. Los ámbitos de gestión más amenazados, que pasarían a las comunidades autónomas, son los relativos a educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo o consumo. Sólo en servicios sociales (guarderías, ayuda a domicilio y pequeñas residencias de mayores, entre otros), la cifra de puestos de trabajo en peligro asciende a 32.000 personas. “Ello supondrá –ha indicado-la entrada de empresas privadas en la administración local”
Tapias también ha subrayado que esta Ley ‘ha sembrado la incertidumbre y la inseguridad jurídica en los ayuntamientos’, ya que ‘hay tantas interpretaciones de esta norma como interventores y secretarios hay en Andalucía’, en referencia a los que otorgan prioridad a la aplicación de la Ley de Reforma Local y a los que, por el contrario, consideran de rango superior la legislación andaluza y sectorial.
‘Mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre los recursos contra esta ley, los ayuntamientos tienen que abrir cada mañana y lo hacen en una situación de inseguridad que perjudica a las instituciones locales’, ha puntualizado. Además, ha recordado que en la reunión que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le solicitará que establezca una moratoria en la aplicación de la Ley de Reforma Local.
También ha afirmado que desde la Junta de Andalucía se va a mantener una posición política, administrativa y jurídica de rechazo, una postura que también comparten Cataluña, Asturias y Canarias. ‘Ayuntamientos y consorcios resultarán perjudicados y, de forma especial, las mancomunidades que tendrán que aprobar sus nuevos estatutos antes del 30 de junio al serles retiradas las competencias de formación y empleo o deberán disolverse’, ha apuntado Pérez Tapias.
En este sentido, el delegado del Gobierno, José Luís Ruiz Espejo, se ha referido a la desaparición, impuesta por la Ley de Reforma Local, de 23 oficinas municipales de información al consumidor que atienden a más de 1.470.113 habitantes y de 19 centros municipales de información a las mujeres. Además, ha destacado que 56 de las 71 mancomunidades de la provincia tendrá que reformar sus estatutos al peder las competencias de desarrollo económico, de formación y empleo, y de las competencias en los ámbitos de los servicios sanitarios, educativos o de la atención a la dependencia que pasaría a recaer en la Diputación.
Asimismo, ha destacado que estas jornadas pretenden aclarar las dudas que tienen los empleados y responsables municipales, especialmente, en los temas de financiación, competencias y de personal. ‘Esta norma estatal colisiona con la Constitución Española, con el Estatuto de Autonomía, con la Carta Europea de Autonomía Local y con la Ley de Autonomía Local de Andalucía’, ha puntualizado el delegado del Gobierno.
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