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España: Protestar contra el genocidio en Gaza puede suponer elevadas multas bajo la Ley del Deporte y la Ley Mordaza | | Amnistia Internacional. 03.06.26 | |  Amnistía Internacional ha documentado al menos 95 casos violaciones al derecho a la protesta en el contexto de manifestaciones propalestinas celebradas desde octubre de 2023. La organización pide a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que acciones como la interrupción temporal de una prueba deportiva o la exhibición de símbolos políticos en un estadio, al formar parte del derecho a la protesta cuando son pacíficas, no deben recibir sanciones de acuerdo a la Ley del Deporte. Durante la reciente celebración de la Copa Mundial de Escalada en Alcobendas (Madrid), con participación de Israel, se produjeron protestas contra el genocidio en Gaza, y la respuesta policial fue amenazar e identificar a activistas pacíficos. En España, mostrar una bandera palestina en un partido de baloncesto, sentarse en una carretera durante una etapa de la Vuelta Ciclista o participar en una protesta en el contexto de una prueba deportiva puede acabar en una multa de miles de euros. En algunos casos, incluso de decenas de miles. El mero hecho de protestar también puede derivar en una detención, en un proceso penal o en una carga policial con porras y gas pimienta. | El ejemplo más reciente ha sido la actuación policial durante la celebración en Alcobendas (Madrid) de la Copa del Mundo de Escalada, del 28 al 31 de mayo, en el contexto de las protestas contra la participación del equipo de Israel. Un equipo de observación desplegado por Amnistía Internacional constató cómo agentes de la Policía Nacional identificaron y amenazaron con sanciones bajo la Ley contra la Intolerancia y Racismo en el deporte, a activistas que proferían consignas en solidaridad con Palestina. Asimismo, impidieron el uso de paraguas de protección frente al sol por mostrar los colores de la bandera palestina. Algunos asistentes al evento increparon e incluso llegaron a agredir a activistas propalestinos, consistiendo la respuesta policial en identificar a las propias personas agredidas. La falta de protección policial frente a agresiones contra activistas y manifestantes propalestinos es una cuestión sobre la que Amnistía Internacional ya había recibido anteriormente varias denuncias.
También recientemente, el pasado sábado 23 de mayo, activistas de la Flotilla Global Summud que habían sido interceptados en aguas internacionales por Israel y que denunciaron abusos durante su detención en Israel, cuando llegaron al aeropuerto de Bilbao sufrieron violencia policial de forma injustificada. Agentes de la Ertzaintza emplearon un uso excesivo de la fuerza mediante golpes reiterados con porras a personas que ya habían sido derribadas y estaban en el suelo.
La organización advierte de que no se trata de hechos aislados, sino del reflejo de un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década. Las restricciones a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión pacífica siguen vigentes en España a través de una triple legislación restrictiva: la Ley de Seguridad Ciudadana —la conocida como "ley mordaza"—, algunos artículos del Código Penal, y en los últimos años se han agravado con un fenómeno nuevo: la aplicación de la ley contra la violencia en el deporte para sancionar protestas pacíficas, especialmente en el contexto de las movilizaciones en solidaridad con la población palestina.
Sanciones por protestar en eventos deportivos
Desde octubre de 2023, portar una bandera palestina ha sido suficiente para ser expulsado de estadios o recintos deportivos e incluso sancionado. Lo que comenzó como decisiones puntuales se ha convertido en una práctica más amplia, en la que una norma diseñada para prevenir la violencia, el racismo o la xenofobia en el deporte se utiliza para limitar expresiones políticas pacíficas.
El caso más significativo se produjo durante la Vuelta Ciclista a España de 2025. A lo largo de distintas etapas, activistas y ciudadanos se movilizaron para protestar contra la participación del equipo Israel–Premier Tech y para denunciar el genocidio en Gaza. Algunas personas desplegaron pancartas, otras se sentaron en la carretera y algunas intentaron detener momentáneamente el paso de la carrera.
La respuesta de las autoridades fue contundente. Al menos 30 personas fueron detenidas y 108 enfrentan expedientes sancionadores, de los cuales 91 se basan en la ley contra la violencia en el deporte. Las sanciones ya impuestas ilustran el alcance punitivo de esta respuesta: 27 multas de 300 euros en Ponferrada; 5 multas de 3.000 euros, y una de 60.000 euros en Pontevedra.
La aplicación de esta ley no se ha limitado al ciclismo. En Valencia, cinco activistas fueron sancionados por protestas vinculadas a partidos de baloncesto contra equipos israelíes, con multas que oscilan de los 1.500€ a 5.000€ por la aplicación de la Ley contra la Intolerancia en el deporte, en un contexto en el que una concentración pacífica terminó con cargas policiales, uso de gas y detenciones. Una de estas activistas también fue sancionada con 600€ por la Ley Mordaza, por la infracción de desobediencia.
Muchas de estas sanciones responden a conductas como invadir la calzada o interrumpir el desarrollo de la prueba. Sin embargo, según el derecho internacional de los derechos humanos, este tipo de acciones no constituyen violencia por sí mismas y pueden formar parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
Detenciones y procesos penales por acciones de protesta
Las consecuencias no se han limitado al ámbito administrativo. En distintas etapas de la Vuelta, varias personas fueron detenidas y posteriormente investigadas por delitos como desórdenes públicos o atentado contra la autoridad.
En Valladolid, cuatro activistas enfrentan un procedimiento penal por haber invadido el recorrido de la prueba ciclista. La Fiscalía atribuye a estos cuatro activistas el delito de desórdenes públicos, para los que pide pena de prisión de 1 año y 9 meses, y añade en el caso de dos de ellos el delito de resistencia a la autoridad, aumentando la pena a más de 2 años de prisión.
En Figueres, una persona fue arrestada por cortar la carretera. En Bilbao hubo tres detenciones y varias personas investigadas. En Asturias, doce personas fueron detenidas en una sola jornada. En Galicia, diez activistas fueron arrestados. En Madrid, las protestas llegaron a provocar la suspensión de la etapa final, con nuevas detenciones.
Este patrón se repite fuera del ámbito deportivo. En la Universidad de Sevilla, el 11 de junio de 2024 estudiantes que participaron en un encierro pacífico para exigir la ruptura de vínculos académicos con instituciones israelíes fueron desalojados por la policía y uno de ellos está a la espera de juicio, enfrentando una petición de dos años de prisión.
Más recientemente, la Delegación de Gobierno de Madrid sancionó con multas de 700€ por la Ley Mordaza a doce personas que realizaron una perfomance a las puertas de la Feria de Armas en Madrid en mayo de 2025, para visibilizar el rechazo a la industria militar.
También en Madrid, durante una protesta ante la embajada de Egipto en julio de 2025, varias personas fueron detenidas tras una intervención policial que incluyó empujones y golpes contra manifestantes, algunos de ellos de edad avanzada.
Para Amnistía Internacional, estos casos evidencian un patrón preocupante: acciones de desobediencia civil no violenta están siendo tratadas como infracciones graves o incluso como delitos, cuando solo son el ejercicio de derechos humanos por parte de sus protagonistas.
Uso excesivo de la fuerza: gas pimienta, porras y balas foam
A la respuesta sancionadora se suma el uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la policía. Durante la última etapa de la Vuelta en Madrid, en septiembre de 2025, observadores de Amnistía Internacional documentaron actuaciones que consideran incompatibles con los estándares internacionales.
Se registraron golpes con porras contra manifestantes y periodistas, impactos en la espalda y la cabeza y el uso de spray pimienta para dispersar concentraciones pacíficas.
En Becerril de la Sierra, agentes de la Guardia Civil golpearon y rociaron con gas lacrimógeno a activistas que participaban en una acción de desobediencia civil pacífica, lo que derivó en investigaciones penales contra ocho personas por delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Uno de los activistas fue detenido sufriendo violencia policial.
El uso de gas pimienta se ha repetido en otros contextos. En Barcelona, un grupo numeroso de personas llevaron a cabo una sentada pacífica para impedir el paso del autobús que llevaba al equipo de baloncesto israelí Hapoel Jerusalem hasa el lugar del partido, el 15 de octubre de 2025. Mientras estaban sentadas en el suelo, estas personas fueron rociadas a poca distancia y sin previo aviso con espray irritante.
Los periodistas tampoco han quedado al margen. En Barcelona, también el 15 de octubre, un fotoperiodista recibió el impacto de un proyectil de foam en el brazo. Estaba identificado y en ese momento y lugar no estaban teniendo lugar ni altercados ni disturbios.
El movimiento en solidaridad con Palestina ha denunciado también infiltraciones policiales sin autorización ni supervisión judiciales. La policía habría accedido a domicilios, a comunicaciones privadas y al ámbito familiar de militantes de este movimiento. Todo ello, como ha reconocido el propio Ministerio del Interior, en el marco de operaciones no autorizadas judicialmente, desconociéndose bajo qué tipo de supervisión se llevaban a cabo esas operaciones.
Para la organización, este tipo de actuaciones tiene un efecto claro: disuadir la protesta.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
La organización pide a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que acciones como la interrupción temporal de una prueba deportiva o la exhibición de símbolos políticos en un estadio, al formar parte del derecho a la protesta cuando son pacíficas, no deben recibir sanciones de acuerdo a la Ley del Deporte.
En este mismo sentido reclama a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que eviten imponer sanciones con base en la Ley contra la intolerancia y racismo en el deporte por acciones de protesta no violenta, y que incorporen en la tramitación de expedientes sancionadores criterios basados en estándares internacionales.
En relación con las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional pide al Ministerio del Interior, a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco y al Departamento de Interior de la Generalitat que garanticen que el uso de la fuerza se ajuste a los principios de necesidad y proporcionalidad, revisando y haciendo públicos los protocolos de uso de armamento menos letal y a que se investigue cualquier posible abuso, evitando cargas y uso de porras o gas pimienta contra manifestantes pacíficos y periodistas. Amnistía internacional está recogiendo firmas reclamando al gobierno de España que regule el uso y comercio de equipos policiales.
Por último, la organización insta al Gobierno y al Parlamento a retomar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, y a adoptar medidas específicas para evitar que los eventos deportivos se conviertan en nuevos escenarios de restricción del derecho a la protesta en España. |
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