La ley estipula que la pena de muerte, en la práctica, se aplicará únicamente a las y los palestinos y que será la sentencia obligatoria que tengan que emitir los jueces, incluso si la fiscalía no la solicita.
La ley también estipula que la pena de muerte debe ejecutarse dentro de los 90 días posteriores a la sentencia. Las personas condenadas a muerte deben permanecer en régimen de aislamiento y no se les permite recibir visitas de familiares. Además, la información relativa a la ejecución de la sentencia, así como las condiciones de detención, se mantiene en secreto. Los tribunales militares pueden imponer la pena de muerte por mayoría simple de los jueces.
Con estas y otras disposiciones, la ley viola las disposiciones de los Convenios de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).