 Se está produciendo en las últimas semanas una carrera desenfrenada entre las comunidades autónomas gobernadas por partidos políticos de la derecha tradicional, o por partidos mal llamados de centro-izquierda, por ver cuál es la que pega el tijeretazo más radical y traicionero en aspectos fundamentales de toda sociedad de progreso que se precie, como son la educación y la sanidad públicas. Y alegan todas a una que es la crisis la que les obliga a llevar a cabo esos recortes, que mire usted por dónde, esos gobiernos autonómicos no querrían tener que hacer jamás, pero…¡ Es mentira, sin paños calientes ni eufemismos, pura falacia! La situación económica es delicada en todos los gobiernos de las comunidades autónomas, es cierto, y más aún la de muchísimos municipios que están a punto de entrar en bancarrota; es verdad, pero eso no justifica que se recorte en lo único que nunca jamás se debería, en la auténtica inversión de futuro de un país: en la Educación de nuestros hijos y jóvenes.
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Hay cientos de posibles aspectos en los que se pueden acometer ajustes y recortes para paliar esta situación de crisis del sistema capitalista salvaje a la que nos han llevado los “mercados especuladores” y los gobiernos títeres que les han seguido el juego y que ahora no saben cómo sacarnos de este atolladero. Y en esta política neoliberal de menoscabo del estado de bienestar y del sistema público hemos de constatar que no existen grandes diferencias entre el PSOE y el PP, desgraciadamente. Para Izquierda Unida servicios públicos como la Educación, la Salud, el cuidado de la infancia y de los mayores, la energía, el agua, el transporte público, Correos, el deporte, la Cultura…no son mercancías, no pueden ni deben someterse al principio de la competitividad del bajo coste, del recorte y del máximo beneficio. Los Servicios públicos y los derechos sociales no son un negocio, nunca deben serlo, sino un derecho, por lo que defendemos rotundamente el sistema del bienestar y nos oponemos frontalmente a las propuestas neoliberales de adelgazar el Estado. Estos recortes suponen la constatación de una política deliberada que tiene un objetivo claro: la privatización de la educación. Existiendo en España un 30% de abandono escolar en el sistema educativo, una de las tasas más altas de Europa, ¿creen de verdad los ciudadanos que la solución pasa por recortar en sectores públicos fundamentales como la Educación? Si algo hay que agradecerle a Esperanza Aguirre es que está mostrándonos la verdadera cara del PP, el programa oculto que otros colegas de su partido no quieren que se conozca, al menos no antes de las inminentes elecciones generales del 20 N. La política del P.P. en la Comunidad de Madrid ejemplifica clarísimamente lo que piensa la derecha sobre los servicios públicos, por ejemplo sobre la enseñanza pública, a la que relega a un plano marginal frente a la enseñanza privada, que es la gran apuesta de la rancia “derechona”, que atenta contra la igualdad de oportunidades, contra la calidad del sistema educativo y contra los derechos básicos de la ciudadanía al convertir a la educación en un negocio y a la enseñanza pública en un residuo para los estudiantes con menor capacidad económica. Ya lo ha dicho doña Esperanza: “¿qué es eso de que todos los españolitos puedan estudiar en todas las etapas del sistema educativo gratis?”. El PP no cree en la igualdad de derechos para todos, sino en aumentar cada vez más la fractura ya existente entre una escasa clase privilegiada y el resto de la población. El gobierno de la Sra. Aguirre ha tomado medidas tan “hiperprogresistas” y de inversión de futuro como éstas : 1.- La “revolucionaria” decisión de eliminar en este inicio de curso 2.500 profesores de la enseñanza pública, a pesar de tener unos 14.000 alumnos más, lo que implica una masificación de las clases, imposibilitando un trabajo docente decente, agravado además por el aumento de horas lectivas del profesorado, lo que dificulta la atención personalizada. 2.- No sustituir bajas de menos de tres semanas, por lo que los alumnos se quedan sin profesor y pierden clases, además de aumentar la ya sobrecargada tarea de los profesores, a los que encima se permite el lujo de dudar de su capacidad de trabajo y su esfuerzo profesional diario, tildándolos de “vagos”; ¡Semejante desfachatez..! 3.- Eliminación de programas de compensatoria, lo que imposibilita la atención a alumnos con desventajas sociales. 4.- Disminución de rutas de transportes escolares y becas de comedor y material, lo que atenta también contra la igualdad de oportunidades. 5.- Cierre de centros de educación de adultos y de bachilleratos vespertinos, nocturnos y a distancia. 6.- Precarización del profesorado interino, que pierde el pago de vacaciones y probablemente muchos de sus derechos básicos como licencias, permisos de paternidad, etc., ya que pueden perder su destino al solicitarlos, y un largo etcétera más de “medidas de progreso”. Además se da la paradoja de que, con la que está cayendo, la propia Comunidad de Madrid se permite el “lujazo” de aumentar en 80 millones de euros el gasto en enseñanza privada, justo los 80 millones de euros que quitan de inversión en la pública, lo que supone una salida de fondos públicos para actividades privadas. Las entidades religiosas se ven constantemente beneficiadas por la concesión de conciertos educativos y la cesión de terrenos para la construcción de colegios privados y/o concertados. Sólo un dato como muestra: en la última década se han construido en Madrid 292 centros públicos frente a los 728 privados, más del doble; significativo, ¿no? Pero hay más comunidades autónomas que han recortado en Educación, presentando “planes de ahorro” que cercenan la inversión en la España del futuro: Galicia, Castilla La Mancha, Navarra, Canarias, La Rioja, Murcia… Y Andalucía, donde el gobierno del PSOE está reduciendo sistemáticamente las plantillas de casi todos los centros educativos públicos, y mucho nos tememos que seguirían una política muy parecida a la del PP en nuestra Comunidad si volviesen a gobernar tras las próximas elecciones andaluzas de marzo. Por eso pedimos a la sociedad andaluza que le den a la izquierda real, a Izquierda Unida, la fuerza de los votos necesaria para que evitemos recortes en derechos básicos por parte de la Junta de Andalucía. ¡¡Y qué decir del gobierno de nuestro pueblo!! El equipo de gobierno del Sr. Villanova no está invirtiendo “ni un céntimo” en los colegios e institutos del municipio, ni siquiera en obras muy importantes que se han de acometer desde hace tiempo en los centros; además de que cada vez que se le habla de cualquier proyecto educativo o cultural interesante, preguntan sus concejales alarmados: “¿Pero eso cuesta algo, aunque sea poco dinero? ¿Sí? ¡Ah, pues entonces NO, lo tenemos prohibido!”. Don Joaquín no cree en la inversión en educación, y sí curiosamente en dar gratificaciones altísimas a diestro y siniestro, de forma totalmente opaca. Desde IU llamamos a la movilización de toda la sociedad en defensa de los Servicios Públicos y para no dar ni un paso atrás más en derechos fundamentales como la educación. Como dice el reconocido pedagogo malagueño Santos Guerra, “en el curso de la historia ésta es la alternativa: Educación o desastre”.
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