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El acceso al agua es un derecho universal que debe garantizarse a las personas más afectadas por la crisis
IU de Málaga. 20.02.15 
Izquierda Unida defiende la gestión pública del agua frente al sector privado, que no garantiza precios ajustados
Izquierda Unida seguirá evitando que las familias más afectadas por la crisis sufran cortes en el suministro de agua en el gobierno andaluz. Así se ha comprometido el cabeza de lista por Málaga a las elecciones andaluzas, José Antonio Castro, poniendo en valor la labor hecha por la Consejería de Administración local en la pasada legislatura, gobernada por la coalición, en la que se ha defendido un derecho universal que se ha puesto de especial manifiesto en época de crisis.
IU pretende seguir con esta labor a partir del 22 de marzo, defendiendo que allá donde gobierne habrá una gestión pública del agua que impida que se corte el suministro a familias que no tengan recursos para poder pagarla por la situación de pobreza sobrevenida a la que les ha llevado la crisis. Esta labor no sólo ha estado demostrada en el papel de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, como ha señalado el candidato, sino que está poniéndose en práctica en los ayuntamientos de los municipios en los que gobierna la coalición.

Castro, acompañado por Eduardo Zorrilla y otros representantes de la organización, ha escenificado esta mañana el derecho a este bien básico frente a la puerta del Hospital Noble, sede de la Empresa municipal de agua de la capital malagueña. En el acto han repartido botellines de agua con el lema “Agua garantizada por el derecho a una vida digna” a los ciudadanos que se han acercado.

El compromiso de la formación se pondrá de manifiesto de nuevo con la firma esta tarde, junto a otros colectivos y organizaciones, del Pacto Social Andaluz por el Agua, que tendrá lugar a 19 horas en la sede de Facua. Izquierda Unida quiere combatir así la situación actual en Andalucía, en la que el 48% de la gestión del agua está en manos del sector privado, una de las causas directas por la que miles de familias sufren avisos y cortes del suministro.

“Hay que revertir la cifra, que en el conjunto de España llega a los 50.000 hogares mensualmente”, añadía el ex portavoz de IU en la cámara andaluza. “Izquierda Unida no puede permitir que se mercadee con un recurso que es necesario, como demostró el anteproyecto de ley que se ha quedado en el tintero por el adelanto electoral, que garantizaba que fuese imposible por ley que se cortase el suministro a las familias”. Castro ha hecho referencia así a la modificación de dos artículos de la Ley Andaluza de Agua que permitirían garantizar este derecho universal.

La OMS establece que todo ser humano tiene derecho a 60 litros de agua al día para sus necesidades básicas, algo que actualmente el sector privado está impidiendo. La gestión pública permite precios ajustados, la transparencia y participación de colectivos sociales, así como la reversión del dinero a las infraestructuras necesarias para cumplir con el ciclo integral del agua.

Actualmente existe un canon de infraestructuras hidráulicas que es autonómico, y que en 2014 ha cobrado alrededor de 84 millones de euros. “Debe tener un carácter finalista”, declaraba Castro, “en el caso de Málaga hace falta la segunda depuradora de la ciudad, que costaría unos 100 millones de euros y que podría hacerse a través de la Asociación Estatal de Operadores Públicos de Agua de España, que ya dio en su momento la posibilidad que todas estas obras se hicieran desde lo público con un convenio con ellos”. El coste de la infraestructura sería cuatro veces menor que desde el sector privado, ubicándose en el límite entre Málaga y Alhaurín de la Torre.

IU presentará una moción al Ayuntamiento de Málaga para garantizar el derecho universal al agua

Además de este anuncio, Izquierda Unida presentará una moción en el Ayuntamiento de Málaga. El portavoz del grupo municipal, Eduardo Zorrilla, ha denunciado la gravedad de la situación en la capital tras el incremento en la tarifa del agua aprobado por el alcalde el pasado año, que supone un aumento en el coste del más de un 25%.

Esta situación afecta fundamentalmente a los hogares en los que viven una o dos personas, y el fondo social creado por Emasa es insuficiente para cubrir las necesidades de quien no puede pagar la factura. Los 500.000 euros destinados por la empresa no impiden que existan personas que no pueden acceder al mínimo vital marcado por la OMS.
El conocido como “tarifazo” no afecta de la misma manera a los grandes derrochadores de agua, a los cuales Zorrilla considera que hay que aplicarles una progresividad en el coste. El candidato a la alcaldía ha pedido al consistorio que asuma el pacto social por el agua pública, aplicando las recomendaciones que se hagan y promocionando los principios que recoge.  “Si Izquierda Unida gobierna, garantizamos que Emasa seguirá siendo una empresa 100% pública, abierta a la participación de la ciudadanía y los agentes sociales, como organizaciones de consumidores o ecologistas para que puedan participar en su gestión”, anunciaba Zorrilla.

Málaga, 19 de febrero de 2015
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