Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretó la ilegalidad y clandestinidad de cuatro de las canteras de Alhaurín de la Torre en octubre de 2005, las administraciones “competentes” urdieron un Plan (que llamaron de “restauración”) pero que permitía el mantenimiento de la actividad extractiva durante siete años más otros  tres posibles  de prórroga. La PDSS denunció las manifiestas irregularidades que dicho plan tenía pidiendo su anulación inmediata. Especialmente denunciamos que no se había hecho una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pues aunque la extracción estaba camuflada en un plan especial de restauración, el hecho es que el plan contemplaba el movimiento de tierras, extracción y comercialización de áridos y las leyes vigentes de entonces ya obligaban a una EIA.
Durante todos estos años hemos estado esperando que el TSJA (que es el competente en estos asuntos) se pronunciara. Finalmente, tras casi una década, el TSJA ha dictado sentencia pero sólo para decir que, como el plan ya no está vigente, no entran en el fondo del asunto. Y se quedan ahí. Es decir los ciudadanos no sabremos si se ha cumplido o no la ley  y si en este tiempo se han enriquecido unos particulares a costa de nuestro medio ambiente y nuestra Sierra.