En general, se centraba el Sr. Bravo en que los solicitantes de la indemnización la pedían a “los habitantes de Alhaurín”, cuando nosotros repetimos desde el principio que el Ayuntamiento, por su parte debería imponer a los autores del lucro ilegal la correspondiente multa tal y como establece la ley y como acaba de hacer, por ejemplo, el Ayuntamiento de un pueblo de León en idénticas circunstancias. En particular a mí (no se por qué me dedicó una extensa carta) me dijo, entre otras las siguientes cosas:
“Cuando observe al entrar a un bar, en el supermercado, que alguien lo mira y esboza una media sonrisa, ya sabe lo que piensa: “éste es uno de los que quieren 33 millones por la cara”. En otro momento nos dice que “Peseteros sería un calificativo leve”.
En fin, después de conocer el tema de las solicitudes de VPO, me he acordado de estos comentarios ya que las VPO, como su nombre indica, son viviendas parcialmente subvencionadas que el Ayuntamiento de Alhaurín pone a disposición de los ciudadanos que, por su nivel de ingresos, no están en condiciones de acceder a una vivienda de renta libre. Imagino que los solicitantes de viviendas VPO de la unidad familiar del Sr. Bravo cumplirán los requisitos establecidos por la normativa. No obstante me parece oportuno recordar estas palabras con las que en su día algunos fuimos atacados ya que, a la vista de estos nuevos acontecimientos, alcanzan otra dimensión.
Eduardo Sáez Maldonado |