Canteras e indemnizaciones

En relación al revuelo formado por la demanda de indemnización que muchos miembros de la PDSS hemos reclamado al Ayuntamiento, me da la impresión de que hay algunas cosas que no están suficientemente claras. Los perjuicios que la actividad extractiva ha provocado (y sigue provocando) a muchos habitantes de Alhaurín de la Torre no son despreciables: hay casas con grietas provocadas por las explosiones, la acumulación de polvo en las  viviendas supone un incordio constante y un perjuicio claro en la salud, las  complicaciones respiratorias son frecuentes en muchas personas y, por si  fuera poco, el valor de las viviendas ha ido disminuyendo progresivamente a medida que las canteras avanzaban hacia las casas (ya están a menos de 800m cuando la ley no permite acercarse a menos de 2.000m).
 

No olvidemos que son  casas que están construidas en suelo urbano, por el que se pagan impuestos y  que existen (algunas de ellas) desde principios de los 80, cuando las  canteras apenas empezaban a existir (clandestinamente además, al contrario  que la viviendas).  En el momento en que la Justicia dicta de forma inapelable que esta actividad es clandestina e ilegal, los perjudicados tienen por ley derecho a  ser compensados. Las compensaciones, como es lógico, deben satisfacerlas las empresas que se han lucrado irregularmente, pero los ciudadanos deben dirigir sus reclamaciones a la administración encargada de velar por el cumplimiento de las normas infringidas. Es decir: el Ayuntamiento. Pero la  pretensión no es que sea el Ayuntamiento el que haga el desembolso con cargo a las arcas públicas, sino que éste, requiera a las empresas extractivas irregulares a que restituyan el daño causado. Es decir, el ayuntamiento, a  la vista de la sentencia del TSJA, debería haber cerrado de hecho las cuatro  canteras ilegales y, acto seguido, debería haber reclamado a las empresas la compensación por 30 años de expolio clandestino e ilegal de una Sierra que es patrimonio de la sociedad.

No obstante todo lo dicho, la intención de los miembros de la PDSS no es  conseguir indemnizaciones, sino salvar la Sierra de la depredación clandestina a que ha sido sometida con la connivencia de las administraciones, protegiéndonos además de los perjuicios que se han mencionado al principio de este escrito. De hecho, yo seré uno de los que retire la reclamación si el ayuntamiento cierra de hecho las canteras y reclama a los infractores su responsabilidad.  Pero si cualquier ciudadano decide seguir adelante con la reclamación, estará en su perfecto derecho y deberían ser los responsables de las ilegalidades, y no ellos, los blancos de las críticas.

Eduardo Sáez