Según explica, el pasado 13 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley es la incorporación al derecho español de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, conocida como "Directiva Whistleblowing".
Bernal ha señalado que la ley tiene por finalidad proteger frente a las represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen de las acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea, así como las que puedan constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.
En concreto, la ley establece que el Sistema Interno de Información es el cauce preferente para informar sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Se considera una infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema Interno de Información y la multa por el incumplimiento de esta obligación está entre 600.001 y 1.000.000 de euros.
Las administraciones públicas tienen un plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir hasta el día 13 de junio de 2023, para implantar el Sistema Interno de Información. Sin embargo, para las entidades privadas con 249 trabajadores o menos y los municipios de menos de 10.000 habitantes el plazo se extiende hasta el día 1 de diciembre de 2023.
Según el artículo 14. 1 de la ley, los municipios de menos de 10.000 habitantes, entre sí o con cualesquiera otras administraciones públicas que se ubiquen dentro del territorio de la comunidad autónoma, podrán compartir el Sistema Interno de Información y los recursos destinados a las investigaciones y las tramitaciones.
Gabinete de prensa del Grupo Socialista Diputación Provincial de Málaga | 
Los municipios de menos de 10.000 habitantes tienen de plazo hasta el día 1 de diciembre de 2023 para su implantación
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