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Adelante Málaga pide a Diputación que cumpla con la Protección de Datos en los Servicios Sociales Comunitarios
Adelante Málaga. 10.03.20 
•    Denuncia que la falta de medios hace que se encuentren expedientes acumulados de años anteriores en espacios abiertos, lugares de paso, accesibles o compartiendo espacio con material de limpieza y almacenaje.
•    Asegura que según la normativa vigente esta situación supone una infracción muy grave por parte del ente provincial.
El grupo provincial de Adelante Málaga ha registrado una moción para la Comisión Informativa de Ciudadanía en la que le exige a la Diputación de Málaga que cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos, en concreto esta petición se refiere a los centros de servicios sociales comunitarios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los dependientes del ente provincial. Así, el texto explica que la “insuficiente dotación de medios por parte del Equipo de Gobierno hace que dicha protección no sea atendida con todas las garantías”, relatando que se encuentran “expedientes acumulados de años anteriores en espacios abiertos, lugares de paso, accesibles, compartiendo espacio con material de limpieza y almacenaje”. 
En este sentido, la diputada de Adelante, Maribel González, ha explicado que los servicios sociales “constituyen un área sensible de protección de datos en la gestión pública, por lo que debería ser objeto de una especial atención su día a día, algo que no está cumpliendo, como se puede ver”. Además, ha hecho hincapié en que según el Reglamento y la Ley Orgánica de Protección de Datos se considera infracción grave la no adopción de medidas para la efectiva protección de datos por parte del responsable del tratamiento, que no es otro que la propia Diputación de Málaga para las localidades de menos de 20.000 habitantes, así como la encargada en relación a la prestación de asistencia a favor de los municipios, “correspondiéndole determinar aquellas medidas de seguridad que son necesarias para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos personales”.

El grupo provincial ha pedido, igualmente, una “necesaria evaluación del riesgo en los centros de servicios sociales comunitarios, para determinar las medidas de seguridad a tener en cuenta para reducir o eliminar los riesgos para el tratamiento de los datos”.

Por otra parte, el texto de la moción indica que el contenido de este reglamento europeo no necesita transposición al ordenamiento jurídico español, y que es de aplicación desde el 25 de mayo de 2018, hace ya casi dos años, tiempo suficiente para que la Diputación hubiese tomado medidas.

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