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25 de noviembre en Mijas, actos conmemorativos
Área de Feminismo PCE de Mijas. 20.11.19 
Estamos viviendo momentos muy preocupantes para la integridad de las mujeres, en la actualidad no solamente estamos en una grave #EmergenciaFeminista, sino también ante un nuevo escenario de rearme reaccionario donde se están volviendo a abrir debates de temas que ya estaban superados como es el tema del aborto. El auge electoral de la ultraderecha acompañado de las derechas que luchan por copar ese espacio hace que se vuelvan a retomar derivas reaccionarias sobre nosotras, por ello es necesario estar unidas, movilizadas, concienciadas y ser herramientas útiles para ser dique de contención ante estás derivas que nos atacan a nosotras directamente, porque no estamos dispuestas a dar un paso atrás en los derechos conquistados por tantas mujeres que nos precedieron. En Andalucía además las tres derechas están recortando de facto en los derechos de las mujeres y su protección y no vamos a consentirlo, el patriarcado nos tendrá siempre posicionadas en frente.
Afortunadamente, en 2018 y 2019 también estamos viviendo la respuesta social de un movimiento feminista organizado y plural, subversivo, anticapitalista, antirracista, ecologista e internacionalista, que moviliza a millones de mujeres y que está redefiniendo el sentido común de nuestra sociedad, con las masivas movilizaciones de los últimos 8 Marzo, las de la #EmergenciaFeminista, ante las sentencias de las manadas que además han hecho reaccionar a la Fiscalía para actuar e instar a que la catalogación de diversos casos no sean juzgadas como abuso sino como violación, y ese movimiento no hubiera sido posible sin la movilización en nuestras calles, porque las calles también son nuestras le moleste a quién le moleste.
Esta lacra social es significativa en Andalucía, donde se producen el 22,50 % de las víctimas, casi una de cada 4 mujeres del Estado español. Y en nuestra comunidad es significativa la provincia de Málaga que ocupa el triste honor de ser la provincia andaluza con el número mayor de víctimas en el periodo 2005-2015. Y si a esos datos añadimos que es en los municipios con mayor población donde las cifras aumentan, tenemos que en Mijas (municipio de gran población) es fundamental implementar las políticas que el Estado y la Comunidad determinan con políticas municipales que refuercen las medidas para lucha contra la violencia hacia la mujer.
Los asesinatos de mujeres por el simple hecho de serlo se siguen dando a diario sin que se den pasos en firme, hay que legislar de una vez por todas para salvaguardarnos y avanzar. Exigimos que las instituciones asuman de verdad, su responsabilidad en la lucha, contra esta lacra y dejen de actuar, como hasta ahora, con una visión parcial, con una legislación sin aplicación efectiva, con diferencias territoriales y sin los presupuestos ni el personal necesario para cumplir sus obligaciones.
Por todo ello, desde PCE de Mijas entendemos que es urgente:
     Que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, ampliando la propia definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado en el Convenio de Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y que se incorporen también los vientres de alquiler y la prostitución como violencia de género.
     Que se ponga en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es inadmisible que después de un año de trabajo en la subcomisión del Congreso tengamos un pacto insuficiente, sin calendario ni presupuestos decentes; que solo a través del decreto 9/2018 del Gobierno del PSOE se hayan puesto en marcha 7 de las 213 medidas, donde el presupuesto desbloqueado para la gestión local no tenga un indicativo de qué objetivos tiene ni cómo debe ser su implantación.
     Que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado la lucha contra la violencia de género con una dotación económica suficiente para implementar las políticas de prevención, asistencia, protección, justicia y reparación, además de un calendario y una evaluación de estas donde se incluya también una partida con una nueva Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer.
     Que existan planes estratégicos de igualdad con recursos humanos y materiales, algo que no se da desde 2016 y, cuando existieron, han sido intermitentes y sin los recursos necesarios.
     Que las campañas promovidas desde la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género tengan una perspectiva feminista. No queremos más campañas orientadas a que las mujeres estemos vigilantes y combatamos actitudes y acciones violentas machistas.
     Que se amplíen los cauces de participación de las organizaciones feministas en el Congreso, Senado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
     Que se mejoren los datos para la sensibilización social, la planificación y evaluación de las políticas de igualdad. Debemos explicar públicamente por qué ha fallado el sistema de protección y cómo debemos abordarlo.
     Que se enseñe educación afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género desde la óptica feminista y desde la diversidad sexual e identidad de género en todas las fases educativas.
     Que se desarrollen planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y evaluables.
     Que las y los trabajadores sociales, de atención a las víctimas, del teléfono 016 y todo el personal de la Red de Servicios de Violencia de Género dejen de ser puestos externalizados, de gestión indirecta y eventuales, para una red de servicios pública y con empleos dignos como primer paso para la buena atención, información y asistencia de las víctimas de violencia de género.
     Que se mejore la asistencia social, jurídica y psicológica establecida en el título II de la Ley 1/2004, con financiación, cooperación interinstitucional y sin supeditar las medidas a la denuncia judicial de la víctima.
     Que se desarrollen planes laborales efectivos a víctimas con o sin empleo en todo el territorio español para que las mujeres podamos desarrollar una vida digna.
     Que se debata en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica para la erradicación de la prostitución, presentada por las diputadas de Unidas Podemos.
     Que se desarrollen medidas legislativas efectivas para eliminar la brecha salarial, incluida la de las pensiones.
     Que se desarrolle una Ley Integral para luchar contra la trata de seres humanos que, además de prevenir y perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta ‘esclavitud moderna’, contenga un plan de integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y niñas, aun sin cuantificar, que es uno de los principales destinos europeos de las migrantes captadas por las redes para ejercer la prostitución.
Por todo ello, desde el PCE de Mijas exigimos una estrategia estructural que luche en todos los ámbitos, con recursos económicos y humanos suficientes para que la política no se quede en la firma de documentos institucionales mientras tenemos una realidad inadmisible de violencias    y desprotección para las mujeres. Desde nuestra organización apoyamos las movilizaciones organizadas este 25 de noviembre para reivindicar una sociedad libre de violencia de género.
Animamos a todas las feministas desde el PCE de Mijas a que nuevamente nos unamos a todas las acciones que se realicen entorno al 25N y el propio 25N, tanto en la provincia como en Málaga, y redoblemos los esfuerzos para como habitualmente hacemos estar presentes.
Área de Feminismo PCE de Mijas
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