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Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 6 de mayo de 2014 | | Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia. 06.05.14 | |  En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: • Acuerdos por los que se aprueban las Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística • Acuerdo por el que se autoriza transferir a la Agencia Andaluza de la Energía 150 millones de euros para implementar el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía • Acuerdo por el que se autoriza la contratación de los servicios de soporte al puesto de usuario del Servicio Andaluz de Salud • Acuerdo por el que se suspende, por apertura de un proceso penal, el procedimiento sancionador incoado a la entidad Gamasur Campo de Gibraltar, SL | La Junta aprueba las Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística en Andalucía 2014-2020
La iniciativa, acordada con los agentes socioeconómicos, prevé convertir a la comunidad en un destino de referencia para todo el año
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020, un conjunto de iniciativas que prevé convertir a Andalucía en un destino de referencia durante todo el año; crear y mantener empleo estable, y optimizar el uso de la infraestructura existente. Entre otros objetivos, la Junta plantea reducir en cinco puntos anuales la tasa de establecimientos hoteleros que cierran en temporada baja hasta situarla en un 20%-25% en 2020.
Las estrategias, integradas por once programas específicos para diversificar la oferta y atraer los segmentos de demanda con menos componente estacional, se desarrollará a través de tres planes de choques bienales. El primero de estos planes cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros a cargo del Gobierno andaluz, que permitirá movilizar una inversión de otros cinco millones por parte del sector privado. Para los otros dos bienios se prevén similares cuantías de aportación autonómica y privada.
El documento, consensuado con los agentes económicos y sociales en la Mesa del Turismo y refrendado por el Consejo Andaluz de Turismo, incluye un diagnóstico sobre la concentración de los flujos de viajeros en determinadas épocas del año, así como sobre sus causas y los principales efectos en el sector.
En cuanto a las causas, se destacan, entre otras, los factores climáticos, la excesiva dependencia del segmento de 'sol y playa', los componentes culturales y sociodemográficos y el gran peso del mercado nacional, de marcado carácter estacional. Respecto a los efectos, el estudio subraya la pérdida de rentabilidad y eficiencia de las infraestructuras turísticas, la inestabilidad y precariedad del mercado laboral, la sobreexplotación de los recursos naturales en determinados periodos del año, así como una pérdida de competitividad en la imagen del destino.
Según los datos de este análisis, el 37,1% de los viajeros que llegaron a Andalucía el pasado año lo hicieron entre julio y septiembre, porcentaje que se eleva al 43% en las zonas de costa. Además, la diferencia entre los periodos de menor y mayor afluencia de turistas en 2013 provocó el cierre de 522 alojamientos y de 110.864 plazas, con la consiguiente repercusión sobre el mercado laboral.
Para paliar estos efectos negativos, las Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística abordan cuatro ejes principales de actuación –demanda, oferta, turismo social y competitividad– y establecen medidas para atraer un mayor número de visitantes en temporada media-baja, priorizando aquellos mercados en los que se pueden intensificar las políticas de difusión, promocionando vacaciones cortas entre la demanda nacional, reforzando los productos con menor estacionalidad y dirigiéndose a los segmentos de población con mayores posibilidades de viajar durante el año.
Asimismo, se incentivará a las empresas hoteleras que abran sus establecimientos durante el conjunto del ejercicio a través de apoyos promocionales específicos y se impulsará la diversificación de la oferta y la especialización en tipologías turísticas con capacidad de desestacionalización, además de realizar campañas institucionales para promover una distribución de los periodos vacacionales a lo largo de todo el año.
Las estrategias aprobadas hoy conforman uno de los principales objetivos del Pacto Andaluz por el Turismo, que firmaron en febrero de 2013 la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT-A y CCOO-A. Elaboradas por técnicos de la Consejería de Turismo y Comercio, han contado con las aportaciones del sector en las diversas jornadas de debate celebradas en las ocho provincias.
El Consejo autoriza una transferencia de 150 millones de euros para los nuevos incentivos a mejoras energéticas en edificaciones
Las solicitudes superan ya las 4.850, con inversiones previstas de más de 70 millones, cuando se cumple un mes de la convocatoria
El Consejo de Gobierno ha autorizado una transferencia de 150 millones de euros a la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) para la primera convocatoria de incentivos a obras de mejora energética en edificios y viviendas, correspondiente a 2014 y 2015.
Esta nueva línea de apoyo forma parte del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, aprobado por Decreto Ley el pasado 18 de marzo con la doble finalidad de mejorar las condiciones de eficiencia energética en el parque inmobiliario de la comunidad y reactivar la actividad económica vinculada a la construcción. Junto con estos incentivos a las obras en edificaciones, la norma prevé también otros instrumentos para mejorar la financiación de las microempresas y pymes del sector, cuya transferencia de fondos se aprobará próximamente con 50 millones de euros.
La dotación autorizada hoy permitirá financiar obras de rehabilitación, adaptación y renovación de instalaciones e infraestructuras eléctricas o térmicas. Las ayudas, respaldadas con fondos europeos Feder, se dirigen a ciudadanos, comunidades de vecinos, empresas privadas, autónomos y asociaciones sin ánimo de lucro. Cuando se cumple un mes de su convocatoria, ya se han presentado más de 4.850 solicitudes de incentivos, que permitirán movilizar 70 millones de euros. Asimismo, más de 4.300 las empresas han comenzado a colaborar con la Junta de en el desarrollo del programa.
Con un importe máximo de 200.000 euros por beneficiario, los incentivos tienen un plazo de resolución de un mes y respaldan dos tipos de proyectos. Por un lado, las obras de adecuación energética de edificios para mejorar el comportamiento térmico y las condiciones de iluminación natural (intervenciones sobre fachadas, cerramientos verticales, cubiertas o suelos, renovación de ventanas, cerramiento de terrazas techadas e incorporación de elementos de aprovechamiento de la luz natural, entre otras). En segundo lugar, también pueden acogerse los trabajos de dotación de instalaciones eficientes, de energías renovables o infraestructuras eléctricas y térmicas en ámbitos como la iluminación, la producción de agua caliente, la climatización o los ascensores.
Las obras más demandadas hasta ahora han sido las de renovación de ventanas o huecos acristalados, con más de un 46% de las solicitudes. Les siguen las instalaciones de biomasa térmica en sus tres modalidades (equipos de leña, estufas o termoestufas y calderas), con un 16%, y las de aprovechamiento solar térmico, con un 9%.
Las intervenciones de reforma o adecuación, tanto parciales como totales, se realizan sobre edificios existentes y son ejecutadas por empresas colaboradoras que se adhieren previamente al programa y se acreditan como tales ante la AAE. Estas firmas se encargan directamente de presentar las solicitudes de forma telemática, en representación de sus clientes.
La concesión de las ayudas se resuelve por orden de entrada en el registro. Con el fin de garantizar la cohesión territorial, el presupuesto total se reparte entre las distintas zonas de la comunidad teniendo en cuenta criterios poblacionales.
Procedimiento ágil
En el caso de proyectos con presupuesto inferior a 18.000 euros (IVA excluido), la empresa adelanta el incentivo al solicitante, a modo de descuento en la factura, y cobra una vez ejecutada la totalidad de la obra. Si la intervención supera los 18.000 euros, se ofrece además la posibilidad de realizar un pago parcial previa acreditación de la ejecución de al menos el 50%, con lo que se agiliza el cobro de la ayuda por parte de las personas y entidades beneficiarias.
Los proyectos que conllevan la realización de una obra requieren de una inversión mínima de 500 euros. La subvención cubre entre el 60% y el 80% del coste total en función de la tipología y del grado de innovación. Por su parte, las intervenciones que consisten en instalación o renovación de equipos se respaldan a partir de una inversión mínima de 400 euros, con una cobertura de entre el 40% y el 90% del coste total.
Según datos de la AAE, alrededor de la mitad del parque inmobiliario andaluz, construido antes de la entrada en vigor de las normas de eficiencia energética, es susceptible de obras que permitirían ahorros superiores al 70% en los hogares y del 50% en los edificios del sector terciario. A ello se suma la capacidad de generar empleo de la actividad rehabilitadora, tres veces superior al de la edificación de nueva planta.
Además de favorecer esta renovación energética, la convocatoria de incentivos se plantea también como una forma de ayudar a reactivar uno de los sectores más castigados por la crisis económica, que actualmente presenta una tasa de paro asociado de más del 40%. De igual modo, el Programa de Construcción Sostenible pretende paliar la repercusión negativa del continuo encarecimiento del precio de la electricidad y el gas sobre las economías domésticas y empresariales.
Autorizada la contratación centralizada de los servicios de soporte informático del SAS
La adjudicación única, por 14,46 millones, supondrá un ahorro de alrededor del 15% respecto a los tres contratos diferenciados vigentes hasta ahora
El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de los servicios de soporte informático de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS), así como de sus dependencias centrales, por un importe total de 14,46 millones de euros hasta el año 2016. Esta cuantía supondrá un ahorro de en torno al 15% respecto al coste de los tres contratos vigentes hasta ahora, que se suscribieron de forma diferenciada para centros de atención primaria; hospitales y centros de transfusión, y dependencias administrativas.
La adjudicación única, que también mejorará la operatividad del servicio mediante una organización provincial y un aprovechamiento eficiente de las sinergias, incluye el soporte informático de los equipos que utilizan los profesionales del SAS en todos sus ámbitos asistenciales y administrativos.
Durante los últimos años, y de forma generalizada desde 2011, el SAS desarrolla un sistema de contrataciones unificadas que supone un ahorro anual de 100 millones de euros para la sanidad pública andaluza. Esta fórmula permite mejorar los precios y condiciones generales, además de reducir los procedimientos administrativos y agilizar la resolución de incidencias al tener que reclamar a un único adjudicatario.
El Consejo suspende el expediente sancionador por vertidosa Gamasur hasta que se resuelva el proceso penal abierto
Los hechos imputados por la Junta, que ahora también investiga la Justicia, tuvieron lugar en las instalaciones de residuos de la firma en Los Barrios
El Consejo de Gobierno ha acordado suspender el procedimiento sancionador incoado a la empresa Gamasur Campo de Gibraltar, SL, por vertidos tóxicos y gestión inadecuada de residuos industriales en sus instalaciones del paraje Majadal de Bustos en el término de Los Barrios (Cádiz). La decisión obedece a la apertura de un proceso penal por los mismos hechos en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Algeciras.
De acuerdo con la vigente Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la suspensión acordada se mantendrá hasta que el proceso penal concluya con una resolución judicial firme.
El expediente sancionador fue iniciado el 26 de abril de 2013 por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz después de constatar que la empresa realizaba vertidos intencionados al cauce público del arroyo Chorreón y que en sus instalaciones se enterraban bidones con residuos industriales sin autorización. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
La propuesta de resolución del procedimiento ahora suspendido, que incluía como agravante la obstrucción a la inspección de los agentes medioambientales de la Junta, proponía la imposición de una multa de 6,11 millones de euros, así como la adopción de las medidas destinadas a asegurar el pleno cumplimiento de la autorización ambiental integrada otorgada en su momento a la entidad para la gestión de sus instalaciones.
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