Contrarréplica a Antonio Romero por Carlos Córcoles

1. El Estatuto Andaluz no busca un modelo federal en realidad. Sino que tiende a imponer mecanismos confederales. Se impone la bilateralidad y no la multilateralidad. Se da más poder a los territorios y menos a las personas.
2. La supuesta lealtad es un fraude. Si se vota que “Sí” se esta legitimando estatutos que nos dan a los ciudadanos de España diferentes derechos en función del lugar donde vivamos.

3. La competencias del agua es mejor que estén en manos del Gobierno central. Recuerdo un informe del año 1995 de cuando Borell era Ministro de Obras Públicas y Transportes en el que desaconsejaba la gestión de las cuencas hidrográficas por parte de las Comunidades Autónomas. Las primeras consecuencias las estamos viendo con Castilla la Mancha y Murcia donde llevan tiempo con la Guerra del Agua. ¿Y saben cuál es la auténtica razón de esto? La pelea por hacerse un hueco en la política regional y seguir en el sillón. Es evidente que hay mucho político mediocre que a nivel nacional no tendría nada que hacer pero que a costa de sembrar división sigue en su puesto.
Además quiero que sepan los lectores que muchos empleados de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur (ahora en manos de la Junta) me dicen que el funcionamiento ahora es mucho peor porque la tramitación es mas difícil y se toman decisiones con un perfil más político y menos técnico. Basta ver que su director es un político y no un técnico como debería ser.

4. Estimado Diputado: con la última sentencia del Tribunal Constitucional queda claro que un Estatuto no puede obligar por ley al Estado central a fijar sus inversiones para una determinada comunidad autónoma. Pero si no hubiese ocurrido esto yo reto aquí a que me digan los partidarios del Sí cómo va a casar el gobierno que Cataluña fije las inversiones del Estado por aportación al PIB nacional, Andalucía por población, Castilla la Mancha por territorio y Baleares por insularidad y aumento de población. Recientemente un catedrático de la Universidad de Sevilla me contestó a esta pregunta diciéndome que era sencillamente imposible.

5. Pues a mí no me gusta que los españoles en función de donde vivan tengan unos derechos de más o de menos. Las únicas leyes que deben regular esto son las Estatales, empezando por la Constitución.

6. ¿Y para eso hace falta un Estatuto? Sr. Romero, que la Ley para la comarcalización de Andalucía no se ha hecho ni siquiera. Que no se ha delegado ni una sola competencia a las Diputaciones como el País Vasco.
Para que los sepan los lectores, en realidad la ley que da las competencias a los municipios es la Ley del Régimen Local a nivel estatal y que ante una propuesta de “segunda descentralización” los presidentes autonómicos se negaron.

7. Para eso no hace falta un nuevo Estatuto. Y es más yo soy partidario de que el Gobierno central recupere competencias ya que de esta manera se podrían establecer mecanismos para que no se puedan hacer proyectos tan dañinos como Marina d'Or Golf, determinados parques, ciudades nuevas como en Seseña, etc...
A mí me encantaría que el Sr.Romero explicase que las competencias urbanísticas no han sido desarrolladas hasta el 98. ¿Cree usted que funcionaba peor el dispositivo anti-incendios a nivel nacional que descentralizado? ¿Por qué el Gobierno ha creado una unidad militar para apagar fuego?

8. Eso de la igualdad paritaria ya está reconocido por la Constitución.

9. Sr. Romero explique cómo y cuándo. ¿Se imaginan ustedes tener 17 voces en Europa diferentes? Es imposible. Lo único que se podrá hacer es lo que ocurre desde hace poco cuando en los Consejos de Ministros de la UE viene un Consejero autonómico cuya presencia se va rotando. El Estatuto puede regular más bien poco porque eso es competencia de los estados miembros.

10. Y justamente por eso deberían votar NO. Cuanto más se acerque la justicia a los políticos peor. En España ya tenemos muchos problemas con el actual sistema el cual tiene bastantes lagunas tal y como expresó en un informe el Consejo de Europa (entre otras cosas que el Fiscal General del Estado era nombrado por el Gobierno). ¿Consecuencias? No quiero ni imaginármelo pero de descentralizando la justicia tendremos las Fiscalías más politizadas y se correrá el riesgo de que estemos en algunos casos más indefensos contra la Justicia porque puede ocurrir que los jueces tiendan a aplicar la ley más en función de agradar a los políticos que a otra cosa. Primaran más los criterios políticos que los profesionales a la hora de nombrar a los jueces decanos, a las magistrados del TSJA, fiscales, etc...

Éstas son mis razones.