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Moreno Bonilla propone una ley de Inclusión social, tras su visita a un economato social.
Carlos Corcoles. 17.07.14 
Dentro de dos semanas, culminará uno de los cursos políticos más intensos que se recuerden, pero antes de irse de vacaciones los dirigentes políticos van dejando ya marcadas ciertas directrices para la vuelta. El presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla que el día anterior había sido arropado por Mariano Rajoy en Sevilla anunció ayer  tras visitar el economato de la Fundación Corinto en Avenida de Capuchinos, lo que promete ser una de las banderas de su formación de cara al otoño, la presentación de una Ley de Inclusión Social para su debate en el Parlamento Andaluz
Tras una visita al economato de la Fundación Corinto, que atiende a 763 personas asistidas por 150 voluntarios, organizada de forma “algo precipitada” según el presidente de la entidad sin ánimo de lucro, Antonio Jodar, Bonilla compareció para criticar el recorte de 269 millones de euros que la Junta está realizando en políticas sociales, unas cifras que no se justifican según él,  debido al gran tamaño del presupuesto de la Junta de Andalucía, que asciende a con 62.000 millones de euros. 
Después llegó la hora del anuncio. El PP prepara para el próximo periodo de sesiones una Ley de Inclusión Social, que incluirá un “Plan Integral de Apoyo  a las personas en situación de exclusión”, la potenciación de programas de zonas de especial necesidad social y la llamada “Renta Básica”, una de las grandes promesas según Bonilla incumplidas por el bipartito andaluz.
A pesar del anuncio del líder popular andaluz, normas y propuestas con similares denominaciones han sido ya anunciadas, debatidas y propuestas varias veces en Andalucía. A principios de Junio, la Junta aprobó el llamado “decreto-ley de Inclusión Social y medidas extraordinarias de solidaridad”, que según el equipo de gobierno de Susana Díaz beneficiará a 160.000 personas en riesgo con “medidas de contratación laboral y de garantía alimentaria”, que fue apoyado por entidades como Confederación Española de Pequeña Empresa (CEPES) y criticado por otras como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que lo tachó de electoralista y asistencialista.
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