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Al-Ándalus
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Juan
Manuel Cestino Juárez.
27.09.01.
En
el verano de 1984 don Miguel
Lacha Reina reunió a un
grupo de vecinos de Alhaurín
de la Torre y nos advirtió
con datos, ya por aquel
entonces
demoledores , de las
agresiones devastadoras y la
nula respuesta en la defensa
medio ambiental que tanto la
Administración Central,
como la Autonómica, ambas
sostenidas por el PSOE,
daban al tema de la
explotación minera
descontrolada en la Sierra
de Alhaurín de la Torre,
ante la indiferencia del
propio Ayuntamiento.
Desde
entonces he seguido
manteniendo personalmente,
como Juan Manuel Cestino, a
través de todo este tiempo,
una oposición a las
canteras en Alhaurín de la
Torre, tratando de convencer
a cuantos querían oírme y
pidiendo su compromiso en la
lucha contra
la erradicación de
las canteras en nuestro término
municipal. En mayo 1997, ya
creada la Asociación
Ecologista Habalcuza, se
invitó a los presidentes de
las asociaciones de vecinos
y comunidades de
propietarios a una reunión
en la Casa de la Cultura
para informar, a la vista de
la documentación existente,
del problema que suponía
siete canteras activas e
incontroladas en nuestro
Municipio y el que a nuestro
juicio era el más
preocupante de todos: el
permiso de investigación
minera Jarapalos 6.408 y su
más que probable pase a
concesión derivada. A
esta reunión no se invitó
a ningún partido político
–a ninguno- A pesar de
ello, en un momento del
coloquio, el señor Fernando
Antiñolo, coordinador de
Izquierda Unida en Alhaurín
de la Torre, recriminó a la
mesa de Habalcuza que se
estuviera dando esa
información sin invitar al
acto a Izquierda Unida.
Conociendo este señor, como
bien él conocía, que la información que estaba facilitando
Habalcuza a sus convecinos
obraba en poder de la
asamblea local de Izquierda
Unida desde hacia más de un
año, y que él
personalmente había
prohibido al Concejal D.
Miguel Lacha facilitar a la
Asociación Ecologista
Habalcuza cualquier tipo de
documentos relacionados con
el tema canteras,
justificando esta actitud en
que
era una información
de Izquierda Unida que se
debía manejar de acuerdo
con sus intereses y
oportunidad política. Estos
hechos ocurrían en julio de
1997.
A raíz de esta reunión
se creó la Plataforma para
la Defensa de la Sierra
–diciembre,1997- a la que
se le añadió la palabra
“Salud” y así recoger
las justas reivindicaciones
de los vecinos próximos al
entonces humeante vertedero
de Torre Alquería.
Nuestra
asociación -Habalcuza- ha
mantenido y mantiene la
tesis de que sólo la vía
judicial nos librará de las
canteras en contra de la
tesis de Izquierda Unidad de
realizar protestas
callejeras para concienciar
a los políticos del Partido
Popular y del PSOE del
rechazo popular a las
canteras, pero sin entrar en
la vía judicial por
costosa, larga e ineficaz,
dada su experiencia en este
terreno por el problema de
los pozos de Pinos de Alhaurín.
Siguiendo
fiel a la tesis judicial, y
convencida Habalcuza de que
el mayor problema para el
futuro de nuestro pueblo lo
representa el Permiso de
Investigación Jarapalos 6.408,
comprado a nuestro juicio de
forma irregular con el
consentimiento y la
colaboración de la Junta de
Andalucía, por Canteras Sánchez
Domínguez (SANDO) y Áridos
Alhaurín de la Torre, cuya
extensión abarca toda la
Sierra de nuestro pueblo y
del que ya se han solicitado
seis pases a concesiones
derivada, entiéndase,
permisos de explotación.
La
Asociación Ecologista
Habalcuza, fundadora de la
PDS, y contra la opinión de
la propia PDS e Izquierda
Unida,
inició un proceso
contencioso administrativo
contra la Consejería de
Trabajo y Desarrollo Tecnológico
y la Dirección General de
Industria perteneciente a la
misma Consejería, por las
posibles irregularidades en
la mencionada venta y
transmisión del permiso de
investigación Jarapalos
6.408, y denunciar
oficialmente los hechos a la
fiscalía anticorrupción y
al fiscal de Medio Ambiente
de la Audiencia Provincial y
al propio Presidente de la
Junta de Andalucía, D.
Manuel Chaves. Todo ello
ocurrió en 1999, sin que
hasta la fecha tengamos
comunicación de los
presuntos delitos
medioambientales que se
denunciaban. Al mismo tiempo
la Sala Única de lo
Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía dicta un auto
comunicando a nuestra
Asociación
la unificación de
los recursos interpuestos
por AAVV Torresol y Asociación
Ecologista Habalcuza y al
que posteriormente se adhirió
el
propio Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre. El
en mismo auto se deniega la
personación en el
procedimiento (2193/99Ley
98) a la empresa Canteras Sánchez
Domínguez (SANDO). Esta
acción deja sola a la Junta
de Andalucía frente a la
responsabilidad del
mencionado expediente, y
justificar así su actitud
ante la compra de un permiso
de investigación, a nuestro
juicio, caducado. Permiso éste,
que según nos consta
mediante escrito dirigido a
nuestra Asociación
por el señor
Delegado
Provincial de la
Consejería de Medio
Ambiente de la Junta, está
siendo explotado
sin ningún tipo de
licencia ni permiso, pero
tal como reconoce en su
escrito el propio Delegado,
dice que por su pequeña
magnitud no debe ser
denunciado a pesar de estar
invadiendo zona catalogada
como monte de utilidad pública.
Nos
desconcierta la postura del
Señor Juan Piña, como
presidente de la PDS, y del
señor vicepresidente, Roque
Manchado, exconcejal socialista y actual militante de ese partido, y
del desinterés de ambos
sobre las nuevas
concesiones mineras
pactadas, según nuestra
información, entre la
Delegación del Gobernación,
Delegación de Industria,
Delegación de Medio
Ambiente y Canteros en la
ubicación de seis nuevas
canteras en la misma zona
donde ahora se pretende
cerrar las cuatro que técnicamente
tienen agotadas sus
cuadriculas mineras. No
entendemos esta actitud
a no ser que se trate
de rentabilizar en la opinión
pública alhaurina la
euforia del cierre judicial
de las mencionadas cuatro
canteras y
se quiera hacer pasar
inadvertida la
apertura de estas nuevas
seis canteras. Pero, lo mas
grave es que esta vez sí
tendrían todos los
documentos en regla, incluso
podría ocurrir que se
puenteara al propio
Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre mediante la
declaración de utilidad pública
por la Junta de Andalucía,
como bien recordarán los
Alhaurinos que ocurrió con
la construcción en nuestro
pueblo de la prisión
provincial de Málaga, más
conocida como la cárcel de
Alhaurín. |
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