Pleno municipal sobre canteras

jueves, 27 de septiembre de 2001  

Julián Sesmero. 27.09.01. Esta mañana se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en el que se ha debatido un único punto, consistente en una serie de acuerdos (5 en total) que proponían los grupos municipales acerca del futuro de las canteras de la localidad después de la sentencia judicial que decretaba provisionalmente el cierre de cuatro de las ocho plantas mineras.

Los acuerdos propuestos y el resultado de sus votaciones han sido los siguientes: 

1. Acuerdo plenario para la petición al Juzgado número 4 de la ejecución provisional de la sentencia, como medida cautelar dirigida a detener las actividades declaradas ilegales y clandestinas y al daño irreparable que pueda sufrir la Sierra hasta tanto dicha sentencia sea firme. Fue rechazado por los votos de PP (9) y Mixto (1) y obtuvo los votos a favor de PSOE (3), ASIAT(1) e IU-CA (2). Este acuerdo había sido propuesto por los grupos de la oposición.
   
2. Acuerdo plenario para la apertura de un expediente informativo municipal, investigación que tratará de dirimir la validez y/o legalidad del duplicado de licencia de apertura de planta de machaqueo y clasificación de áridos de 1984 para la cantera El Trocornal (SANDO), documento que ha sido presentado por esta empresa en el recurso de apelación a la sentencia antes citada, y que plantea serias dudas legales. Esa investigación requerirá la comparecencia de los regidores y técnicos municipales en esa fecha (el alcalde era Antonio Vega, entonces del PSOE, y hoy portavoz de ASIAT en la oposición, y en esa corporación no estaba el actual alcalde del PP, Joaquín Villanova) y se remitirá, si es necesario, a la Justicia. Fue aprobado por unanimidad. Este acuerdo, propuesto por consenso de todos los grupos, modifica sustancialmente el acuerdo original, que pedía el inicio inmediato de los trámites necesarios para la clausura de la cantera de SANDO.
   
3. Acuerdo plenario de petición a la Fiscalía de Delitos Medioambientales de Málaga para que se investiguen y depuren las posibles responsabilidades ante el daño irreparable producido al medio ambiente de Alhaurín de la Torre, por las explotaciones declaradas clandestinas e ilegales y por tanto jurídicamente inexistentes. Fue rechazado por los votos de PP (9) y Mixto (1) y obtuvo los votos a favor de PSOE (3), ASIAT(1) e IU-CA (2). Este acuerdo había sido propuesto por los grupos de la oposición.
   
4. Acuerdo plenario para que el Ayuntamiento inste a (y medie ante) la Junta de Andalucía para conseguir la mejor salida laboral posible a los trabajadores de las canteras, en caso de que finalmente se determine su cierre. Fue aprobado por unanimidad. Este acuerdo fue propuesto por consenso de todos los grupos.
   
5. Acuerdo plenario para dar traslado de la sentencia judicial a las Consejerías de Empleo (departamento de Minas), de Obras Públicas y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que actúe en consecuencia. Fue aprobado por 11 votos de PP, Mixto y ASIAT, y contó con las abstenciones de PSOE e IU-CA. El acuerdo fue propuesto por la Comisión Municipal de Gobierno.

  El pleno, que ha durado dos horas y media, ha registrado dos intervenciones por cada grupo municipal con representación, en el que cada partido ha dejado clara sus posturas sobre los acuerdos.

El PP, equipo de gobierno, ha defendido la misma postura que viene manteniendo. La concejala de Medio Ambiente, Francisca Cano, leyó el informe elaborado por los servicios jurídicos municipales y la Secretaría General del Ayuntamiento, que avala sus tesis, por el que el Consistorio no puede llevar a cabo la ejecución provisional de la sentencia de cierre (sentencia que todavía no es firme), por los graves daños patrimoniales que podría causar al municipio, a todos los vecinos y a los propios concejales, por la indemnización que podrían pedir las canteras afectadas. Por eso, hasta que no haya ratificación de la sentencia judicial, no establecerá el decreto de cierre. El portavoz del PP, Miguel Ángel Huesca, incidió en esta idea, en que el Ayuntamiento no posee esa facultad de decretar el cierre, que la Junta de Andalucía ha cercenado los intentos municipales por controlar la acción minera (ante las críticas de la oposición de que el Ayuntamiento no ha hecho nada), y defendió el contenido de los acuerdos 2, 4 y 5 antes citados. El alcalde, Joaquín Villanova, destacó el ejercicio de prudencia y sensatez del que hace gala el equipo de gobierno con su postura, y recordó que no permitirá la implantación de nuevas canteras, así como velar por que las actuales cumplan a rajatabla la ley, así como de colaborar con la Justicia acatar el contenido de todas las sentencias que se emitan en materia de canteras. El abogado municipal, por último, también explicó el contenido de su informe.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Carlos Samuel Martínez, hizo una exposición sobre los acuerdos propuestos por la oposición, e intentó desmontar la versión del equipo de gobierno, negando que exista responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en caso de cierre de las canteras, añadiendo que existe numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, y criticando la política de “echar balones fuera” que atribuye a Joaquín Villanova, a causa del acuerdo número 5.

El portavoz de Izquierda Unida, Fernando Antiñolo, consideró que, dentro del respeto que le merece el trabajo del letrado municipal, no está de acuerdo con el contenido de su informe. Para Antiñolo, el equipo de gobierno tiene en su mano “ponerse del lado de los ciudadanos, porque hasta ahora, la argumentación del  PP en el recurso sobre las canteras ha sido parcial y favorable a los intereses de los empresarios del árido”. IU indicó: “Parece mentira que los ciudadanos no tengan miedo de seguir su lucha contra las canteras ilegales hasta el final y el equipo de gobierno sí lo tenga”. En otro momento, destacó: “si se confirma la sentencia y entre tanto no se han cerrado cautelarmente, ¿quién restituye el daño que se haya seguido causando de forma ilegal?”. Conminó al PP a unirse de lleno al carro de los ciudadanos. Para IU, el inicio del trámite para clausurar las canteras ha de hacerse independientemente de lo que se ratifique o no la sentencia, porque “cualquier actividad económica que no tenga licencia municipal, el Ayuntamiento tiene que clausurarla sin que se lo tenga que decir la oposición, los vecinos o un juez”. Ni los trabajadores de las canteras ni los ciudadanos, concluye Antiñolo, tienen culpa de que se hayan hecho mal las cosas en materia de canteras, así como entiende que las administraciones implicadas en este asunto, por acción u omisión, deben mediar en acomodar laboralmente a los operarios que puedan perder su empleo si se cierran las canteras.

Por último, el portavoz de ASIAT, el ex alcalde Antonio Vega, defendió las tres propuestas de acuerdo realizadas por la oposición, así como indicó que también estaba de acuerdo con el punto número 5, de implicar a la Junta de Andalucía.

El pleno ha transcurrido dentro de la máxima normalidad y corrección, tanto de los concejales como del numerosísimo público congregado en el salón, con presencia de vecinos, miembros de la Plataforma Anti-canteras, de grupos ecologistas, de trabajadores y sindicatos y de empresarios de las plantas mineras.