ESTER REQUENA. ALHAURÍN DE LA TORRE. DIARIO SUR. 16.03.02. El caso de los pozos expropiados en la urbanización Pinos de Alhaurín al promotor Fernando Bejarano aún no está cerrado del todo después de que el pleno de la corporación -a excepción de los concejales del PSOE- votara a favor de que se inicien acciones contra la Junta de Andalucía para pedir posibles responsabilidades patrimoniales. Estas acciones derivan de que el Ayuntamiento duda de la veracidad de las certificaciones realizadas por el organismo autonómico acerca de la propiedad de Bejarano, según explicó el alcalde de la localidad, Joaquín Villanova.

Este proceso de los pozos de Pinos de Alhaurín data de 1987, cuando los vecinos irrumpieron en un pleno tras estar dos semanas sin agua, en el que el Ayuntamiento se comprometió a terminar con el problema. Para ello, los regidores municipales realizaron una expropiación forzosa de los cuatro pozos de la urbanización, lo que fue denunciado por el propietario, al que posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le daría la razón, a la vez que obligó al Consistorio a pagar por la cesión 450.759,08 euros.

Dentro de este proceso, en 1993 se le pidió a la Consejería de Economía y Hacienda que certificara la propiedad de estos acuíferos, a la vez que tasó la cantidad estimada de su valor, cosas de lo que duda el Consistorio, de ahí las acciones interpuestas. Hasta este momento, a pesar de existir una resolución judicial, el Ayuntamiento no ha abonado esta cantidad al promotor.

Sanción

Asimismo, el pleno acordó por unanimidad sancionar a la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, Ondagua, con 36.000 euros debido a la acumulación de cuatro infracciones graves de incumplimiento del pliego de condiciones y cuatro infracciones muy graves en la interrupción del suministro en varios núcleos de población. Esta multa supone la segundo sanción para la empresa después que en diciembre de 2000 abonase 45.000 euros por seis infracciones muy graves y cuatro graves.

Por otra parte, el Partido Socialista retiró del orden del día la moción sobre una ordenanza municipal para regular la ubicación de instalaciones de radiocomunicaciones en la localidad. Desde el equipo de gobierno se solicitó que se esperase hasta que el Gobierno dictase una normativa nacional, con el fin de que se pudiese redactar la municipal siguiendo estos parámetros y para evitar diferencias entre ambas normativas y sus apartados.