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Sí unánime al Consorcio de Transportes
Celebrada la sesión de pleno ordinario correspondiente al mes de febrero
Luz verde a las 58 VPO de Torrealquería, a la
subvención del PGOU y a reclamar a la Junta los medidores de polvo
Julián Sesmero Carrasco, martes, 18 de
febrero de 2003. El pasado
viernes se celebró la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de
febrero. A continuación, extractamos lo más destacado de los acuerdos que se
han adoptado.
En
primer lugar, quedó aprobada por unanimidad la aprobación provisional de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del sector UE-TQ-05, es
decir, el llamado ‘Ensanche Este’ de la barriada Torrealquería. Se trata de
la clasificación como suelo urbano de una franja de algo más de 13.000
metros cuadrados, con 2.808 metros para áreas libres. En esa superficie se
edificarán 58 viviendas adosadas en régimen de VPO, con todos los accesos y
viales necesarios para unir este ensanche con el resto del núcleo rural.
Esta modificación ya tuvo la aprobación inicial del pleno en primavera de
2002, y será la Comisión Provincial de Urbanismo la que le dé el visto bueno
definitivo. También el pleno aprobó unánimemente declarar la compatibilidad
del arquitecto y los aparejadores municipales para redactar el proyecto
básico y el de ejecución, llevar la dirección de las obras, y los estudios y
planes de seguridad y salud.
Se aprobó igualmente por unanimidad la moción del concejal de Urbanismo para
solicitar a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía una
ayuda económica con el fin de redactar el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU). El equipo de gobierno recordó que en octubre del 99 se aprobó una
propuesta a instancia del PSOE para aprobar la redacción del PGOU una vez se
aprobase la nueva Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma, que entró en vigor
en enero pasado. La subvención, cuya cuantía no ha sido aún determinada,
financiará una Oficina Técnica que contratará el Ayuntamiento a tal fin. El
Consistorio se compromete a sufragar el resto del presupuesto no
subvencionado. Izquierda Unida manifestó su alegría “porque el PP reconozca
al fin que el PGOU es necesario, ya que cuando nosotros lo hemos reclamado,
ustedes decían que no era imprescindible”. A ello, el equipo de gobierno
respondió que hasta ahora han funcionado las Normas Subsidiarias (NN. SS.)
de forma excelente y que nunca se ha quitado importancia a la herramienta
del PGOU, precisamente porque éste se acompasará al modelo que ya han
trazado las NN. SS. El PSOE, por su parte, criticó que en su día, la
propuesta que hicieron al pleno pretendía que se fueran avanzando los
trabajos iniciales de redacción para tenerlos avanzados una vez entrara en
vigor la Ley del Suelo.
El
siguiente punto fue la ratificación sobre la postura municipal (ya expresada
el 8 de octubre de 2002) relativa a la instalación de medidores fijos de
polvo en suspensión. Esta moción, presentada por la concejala de Medio
Ambiente y firmada por todos los grupos municipales, recuerda que en esa
fecha se aprobó unánimemente una moción del PSOE en que se requería la
ejecución de un acuerdo del Parlamento Andaluz (14 de abril de 1998) para la
instalación de medidores de partículas de polvo en suspensión. Entonces,
incluso se comentó extraoficialmente que la Junta ya había adquirido esos
aparatos y estaban pendientes de instalar. Sin embargo, una reciente carta
del delegado provincial de Medio Ambiente, Juan Ignacio Trillo, supone,
según el equipo de gobierno, un paso atrás y una tomadura de pelo, al
negarse a implantarlos por sus propios medios.
La
carta de Trillo indica que su Consejería ha realizado desde 1992 varias
inspecciones de la zona, sin detectarse superaciones de los valores límite
de polvo y sin que se aconseje la instalación de vigilancia intensiva. Según
la ley, la inspección corresponde a una empresa homologada cada tres años.
Por todo ello, la Junta de Andalucía no cree necesaria la implantación de
ese sistema, aunque en aras de evitar la conflictividad social y la alarma,
propone que sea la Mesa de Canteras la que, con respaldo del Ayuntamiento,
consensúe los puntos de ubicación de los medidores, cuya financiación
correría a cargo de las empresas extractivas, mientras que la Junta sólo se
compromete a supervisar los informes y realizar inspecciones periódicas por
sus propios medios. Ello es considerado por el PP y por IU como una tomadura
de pelo y tirar balones fuera. El PSOE se quejó de la actitud del equipo de
gobierno, que calificó de incoherente: “Al presentar aquella propuesta,
ustedes nos tacharon de oportunistas y luego la vieron bien (...) ¿cómo es
que ahora quieren que los puntos de ubicación los decida la Junta si les
pareció bien que lo hiciera una comisión mixta Ayuntamiento-técnicos de la
Junta?; quien toma el pelo y quien se contradice es el alcalde”. El alcalde
cree que Trillo da largas y que la Junta torpedea la gestión del
Ayuntamiento cuando éste intentó ordenar el sector minero, además de que la
Junta no ha hecho un solo gesto para propiciar la creación de esa comisión
mixta. IU-CA incidió en la idea de que “se nos toma por idiotas” y propone
pedir la dimisión de Trillo y declararlo ‘persona non grata’. Así las cosas,
salió adelante la ratificación del acuerdo del 8 de octubre por mayoría (el
PSOE decidió salirse y no votar), así como las iniciativas de IU, con siete
votos a favor (IU, Mixto y 3 ediles del equipo de gobierno, pues el alcalde
dio libertad para votar), seis abstenciones (el alcalde y 5 concejales del
PP) y el voto negativo de los 3 ediles del PSOE.
Unanimidad ha existido asimismo en la aprobación del convenio de
colaboración a suscribir entre la Junta y el Ayuntamiento de la localidad
(junto a los otros 13 del Área Metropolitana) para la constitución del
Consorcio de Transportes y la aprobación definitiva de los estatutos.
El
punto noveno consistía en una moción del grupo socialista en el que pide al
Ayuntamiento que inste a las distintas administraciones públicas (nacional,
autonómica y local) a tomar medida urgentes para facilitar el acceso a la
primera vivienda a los jóvenes y a las familias con menores recursos
económicos, procurando que se aumenten los cupos de VPO, habilitar suelos
suficientes para que bajen los precios del terreno, aumentar las ofertas de
los regímenes de alquiler a bajo precio, mecanismos de intervención en el
mercado del suelo en Andalucía, la elaboración de un nuevo plan de vivienda
pactado entre la Junta y los Ayuntamiento. El equipo de gobierno rechazó la
medida, al entender que era contradictoria, y porque Alhaurín de la Torre
está muy por encima de la media nacional en volumen de VPO construidas en
función del número de habitantes, con cerca de 500 casas a bajo precio ya
realizadas o por realizar en los próximos 3-4 años, lo cual es calificado
por el PP como “modélico”. Votaron en contra el equipo de gobierno y el
Grupo Mixto, y a favor el PSOE e IU.
Se
debatió la moción de Izquierda Unida sobre la oposición a la guerra contra
Iraq, uno de los temas de debate ciudadano más candentes de las últimas
semanas. De los seis puntos que proponía IU, salieron adelante los dos
primeros, gracias a los votos unánimes: oposición a la guerra de los EE. UU.
contra Iraq y solicitar a la comunidad internacional y sus instituciones las
iniciativas precisas para parar la guerra. El resto, que afectaba al
Gobierno español, fueron rechazadas. Hubo cuatro enmiendas (una del concejal
del Grupo Mixto Antonio González, otra del PP, que pedía rechazar
expresamente el régimen dictatorial de Sadam Hussein, y otras dos del PSOE)
que también se votaron favorablemente por unanimidad; por el contrario, se
rechazó la propuesta socialista de pedir la dimisión del presidente del
Gobierno, José María Aznar.
Por último, dentro del debate de asuntos de urgencia, salió adelante la
moción alternativa del PP acerca de la guerra de Iraq, con el voto contrario
de Izquierda Unida. El PSOE se negó a votar. En esa propuesta se incluye el
respeto a la legalidad internacional y el apoyo al presidente del Gobierno
por su respaldo al Consejo de Seguridad de la ONU.
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