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Sí unánime al Consorcio de Transportes

Celebrada la sesión de pleno ordinario correspondiente al mes de febrero 
Luz verde a las 58 VPO de Torrealquería, a la subvención del PGOU y a reclamar a la Junta los medidores de polvo
 

Julián Sesmero Carrasco, martes, 18 de febrero de 2003. El pasado viernes se celebró la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de febrero. A continuación, extractamos lo más destacado de los acuerdos que se han adoptado.

En primer lugar, quedó aprobada por unanimidad la aprobación provisional de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del sector UE-TQ-05, es decir, el llamado ‘Ensanche Este’ de la barriada Torrealquería. Se trata de la clasificación como suelo urbano de una franja de algo más de 13.000 metros cuadrados, con 2.808 metros para áreas libres. En esa superficie se edificarán 58 viviendas adosadas en régimen de VPO, con todos los accesos y viales necesarios para unir este ensanche con el resto del núcleo rural. Esta modificación ya tuvo la aprobación inicial del pleno en primavera de 2002, y será la Comisión Provincial de Urbanismo la que le dé el visto bueno definitivo. También el pleno aprobó unánimemente declarar la compatibilidad del arquitecto y los aparejadores municipales para redactar el proyecto básico y el de ejecución, llevar la dirección de las obras, y los estudios y planes de seguridad y salud.
Se aprobó igualmente por unanimidad la moción del concejal de Urbanismo para solicitar a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía una ayuda económica con el fin de redactar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El equipo de gobierno recordó que en octubre del 99 se aprobó una propuesta a instancia del PSOE para aprobar la redacción del PGOU una vez se aprobase la nueva Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma, que entró en vigor en enero pasado. La subvención, cuya cuantía no ha sido aún determinada, financiará una Oficina Técnica que contratará el Ayuntamiento a tal fin. El Consistorio se compromete a sufragar el resto del presupuesto no subvencionado. Izquierda Unida manifestó su alegría “porque el PP reconozca al fin que el PGOU es necesario, ya que cuando nosotros lo hemos reclamado, ustedes decían que no era imprescindible”. A ello, el equipo de gobierno respondió que hasta ahora han funcionado las Normas Subsidiarias (NN. SS.) de forma excelente y  que nunca se ha quitado importancia a la herramienta del PGOU, precisamente porque éste se acompasará al modelo que ya han trazado las NN. SS. El PSOE, por su parte, criticó que en su día, la propuesta que hicieron al pleno pretendía que se fueran avanzando los trabajos iniciales de redacción para tenerlos avanzados una vez entrara en vigor la Ley del Suelo.

El siguiente punto fue la ratificación sobre la postura municipal (ya expresada el 8 de octubre de 2002) relativa a la instalación de medidores fijos de polvo en suspensión. Esta moción, presentada por la concejala de Medio Ambiente y firmada por todos los grupos municipales, recuerda que en esa fecha se aprobó unánimemente una moción del PSOE en que se requería la ejecución de un acuerdo del Parlamento Andaluz (14 de abril de 1998) para la instalación de medidores de partículas de polvo en suspensión. Entonces, incluso se comentó extraoficialmente que la Junta ya había adquirido esos aparatos y estaban pendientes de instalar. Sin embargo, una reciente carta del delegado provincial de Medio Ambiente, Juan Ignacio Trillo, supone, según el equipo de gobierno, un paso atrás y una tomadura de pelo, al negarse a implantarlos por sus propios medios.  

La carta de Trillo indica que su Consejería ha realizado desde 1992 varias inspecciones de la zona, sin detectarse superaciones de los valores límite de polvo y sin que se aconseje la instalación de vigilancia intensiva. Según la ley, la inspección corresponde a una empresa homologada cada tres años. Por todo ello, la Junta de Andalucía no cree necesaria la implantación de ese sistema, aunque en aras de evitar la conflictividad social y la alarma, propone que sea la Mesa de Canteras la que, con respaldo del Ayuntamiento, consensúe los puntos de ubicación de los medidores, cuya financiación correría a cargo de  las empresas extractivas, mientras que la Junta sólo se compromete a supervisar los informes y realizar inspecciones periódicas por sus propios medios. Ello es considerado por el PP y por IU como una tomadura de pelo y tirar balones fuera. El PSOE se quejó de la actitud del equipo de gobierno, que calificó de incoherente: “Al presentar aquella propuesta, ustedes nos tacharon de oportunistas y luego la vieron bien (...) ¿cómo es que ahora quieren que los puntos de ubicación los decida la Junta si les pareció bien que lo hiciera una comisión mixta Ayuntamiento-técnicos de la Junta?; quien toma el pelo y quien se contradice es el alcalde”. El alcalde cree que Trillo da largas y que la Junta torpedea la gestión del Ayuntamiento cuando éste intentó ordenar el sector minero, además de que la Junta no ha hecho un solo gesto para propiciar la creación de esa comisión mixta. IU-CA incidió en la idea de que “se nos toma por idiotas” y propone pedir la dimisión de Trillo y declararlo ‘persona non grata’. Así las cosas, salió adelante la ratificación del acuerdo del 8 de octubre por mayoría (el PSOE decidió salirse y no votar), así como las iniciativas de IU, con siete votos a favor (IU, Mixto y 3 ediles del equipo de gobierno, pues el alcalde dio libertad para votar), seis abstenciones (el alcalde y 5 concejales del PP) y el voto negativo de los 3 ediles del PSOE.

Unanimidad ha existido asimismo en la aprobación del convenio de colaboración a suscribir  entre la Junta y el Ayuntamiento de la localidad (junto a los otros 13 del Área Metropolitana) para la constitución del Consorcio de Transportes y la aprobación definitiva de los estatutos.

El punto noveno consistía en una moción del grupo socialista en el que pide al Ayuntamiento que inste a las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) a tomar medida urgentes para facilitar el acceso a la primera vivienda a los jóvenes y a las familias con menores recursos económicos, procurando que se aumenten los cupos de VPO, habilitar suelos suficientes para que bajen los precios del terreno, aumentar las ofertas de los regímenes de alquiler a bajo precio, mecanismos de intervención en el mercado del suelo en Andalucía, la elaboración de un nuevo plan de vivienda pactado entre la Junta y los Ayuntamiento. El equipo de gobierno rechazó la medida, al entender que era contradictoria, y porque Alhaurín de la Torre está muy por encima de la media nacional en volumen de VPO construidas en función del número de habitantes, con cerca de 500 casas a bajo precio ya realizadas o por realizar en los próximos 3-4 años, lo cual es calificado por el PP como “modélico”. Votaron en contra el equipo de gobierno y el Grupo Mixto, y a favor el PSOE e IU.

Se debatió la moción de Izquierda Unida sobre la oposición a la guerra contra Iraq, uno de los temas de debate ciudadano más candentes de las últimas semanas. De los seis puntos que proponía IU, salieron adelante los dos primeros, gracias a los votos unánimes: oposición a la guerra de los EE. UU. contra Iraq y solicitar a la comunidad internacional y sus instituciones las iniciativas precisas para parar la guerra. El resto, que afectaba al Gobierno español, fueron rechazadas. Hubo cuatro enmiendas (una del concejal del Grupo Mixto Antonio González, otra del PP, que pedía rechazar expresamente el régimen dictatorial de Sadam Hussein, y otras dos del PSOE) que también se votaron favorablemente por unanimidad; por el contrario, se rechazó la propuesta socialista de pedir la dimisión del presidente del Gobierno, José María Aznar.

Por último, dentro del debate de asuntos de urgencia, salió adelante la moción alternativa del PP acerca de la guerra de Iraq, con el voto contrario de Izquierda Unida. El PSOE se negó a votar. En esa propuesta se incluye el respeto a la legalidad internacional y el apoyo al presidente del Gobierno por su respaldo al Consejo de Seguridad de la ONU.

 


 

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