Julián Sesmero Carrasco. Lunes, 10 de junio de 2002. Esta mañana se ha celebrado la sesión de pleno ordinario correspondiente al mes de junio, y que ha tenido para su debate un total de 12 puntos. A continuación, ofrecemos un resumen sobre los asuntos más importantes. En primer lugar, se desestimó por unanimidad el recurso de reposición presentado por la empresa Ondagua-Iberdrola Redes (concesionaria del servicio de agua y saneamiento) y, por tanto, sigue adelante la sanción de 36.000 € impuesta por el Consistorio en razón a diversos incumplimientos e irregularidades graves en la prestación de dicho servicio.

Posteriormente, también por unanimidad, el Ayuntamiento vuelve a solicitar la necesidad de que el Ministerio de Justicia cree la plaza de Notario en el municipio, después de las peticiones formuladas en diciembre de 1999 (a propuesta del PSOE) y una vez que tuvo lugar la integración del Cuerpo de Corredores de Comercio en el Cuerpo Único de Notarios, que es el momento en que el Gobierno situaba la idoneidad de atender a esta petición. Dadas las nuevas necesidades del servicio público, ahora se plantea estudiar nuevas demarcaciones, y como el Ministerio dejó abierta la posibilidad de que Alhaurín tuviera el servicio, es cuando se decide volver a insistir.

Otro punto importante fue la aprobación del estudio de detalle de la unidad UE-EN-03 Industrial Norte-Capellanía, que supone dar el primer paso para un nuevo proyecto de construcción de un pequeño polígono industrial en una superficie de más de 37.000 metros cuadrados. Se trata de una actuación más que se encuadra dentro del ambicioso plan de ampliación y puesta a disposición de nuevos suelos industriales que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Esta actuación se localizará junto a la futura variante (carretera MA-307), en las traseras de los actuales polígonos, y corresponde al Ensanche Norte de Casco y Urbanizaciones. Fue aprobado por los votos de PP, ASIAT y Grupo Mixto y la abstención de PSOE e IU.

Más adelante, se aprobó provisionalmente, por unanimidad, la modificación puntual de elementos del Plan parcial de la Urbanización Los Manantiales, que supone permitir la segregación de las parcelas superiores a 1.600 metros cuadrados, tal como ha pedido la Comunidad de Propietarios de ese núcleo. De este modo, se mantiene intacta la normativa de que la parcela mínima de Los Manantiales sea de 800 metros cuadrados y da salida a aquellos propietarios que desean dividir las de mayor tamaño, como en su día se permitió en Pinos de Alhaurín.  

El punto séptimo contemplaba la aprobación provisional de la modificación puntual de dos apartados sobre la regulación de usos en casco histórico, con la que se pretende, entre otras cosas, evitar la implantación de talleres de motos, reparación de vehículos o maquinaria, talleres artesanales, lavado y engrase de vehículos a motor, etc. en pleno centro urbano y su entorno inmediato, debido a que son actividades más propias de polígonos industriales que en lugares donde se sitúan viviendas, por los perjuicios en materia de ruidos humos o falta de aparcamiento. Sin embargo, las empresas de esta clase ya establecidas continuarán vigentes. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.

El punto octavo debatía la modificación puntual de elementos correspondiente al Ensanche Este de la Barriada Torrealquería, donde se establecerá un grupo de VPO de autoconstrucción promovido por el Ayuntamiento. Fue aprobado por unanimidad. Como se recordará, entre 1997 y 1998 el Ayuntamiento aprobó la normativa para adjudicar 47 parcelas de suelo urbano situadas en esa barriada para familias que quisieran construirse allí su vivienda y que tuvieran pocos recursos. Precisamente, este miércoles tendrá lugar la firma de las escrituras para sus propietarios.

Posteriormente, se aprobó por mayoría la recepción de obras de urbanización en Huerta Algarrobal y en Piamonte.

En último lugar, fueron rechazadas (con los votos del equipo de gobierno, que sólo está de acuerdo con una parte del texto) las mociones de Izquierda Unida relativas a la transferencia de competencias a los municipios por parte del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía, así como otra relativa a la crítica al decreto de la reforma laboral, que generó un largo debate pues cada partido defendió ese proyecto del Gobierno central de acuerdo a sus siglas.