PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SIERRA

1.     La sentencia 870 de T.S.J.A. confirma la ilegalidad de
 cuatro canteras de Alhaurín
 

Con fecha 17 de Octubre de 2005 y notificada el 28 de Octubre, la sentencia 870 del T.S.J.A. confirma en todos sus términos la sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo nº4 de Málaga, en la que declaraba la procedencia del cierre o clausura de las canteras Retamero 36, Taralpe 43, Pinos de Alhaurín 144 y el Tronconal, por no tener licencia de apertura y por tanto considerarse clandestinas e ilegales. Todo ello, referente al Contencioso interpuesto por I.U. los Verdes convocatoria por Andalucía, Unión Universal – Desarrollo Solidario, ITACA, Asociación para la Defensa de la Naturaleza y el Medio ambiente, Asociación de Vecinos “de Pinos” de Alhaurín de la Torre, Asociación de Vecinos “La Capellanía” de Alhaurín de la Torre, Asociación de Vecinos “Torresol” de Alhaurín de la Torre, contra resolución del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y a la que se adhirió posteriormente la P.D.S.S., una vez constituida como asociación.

En el Contencioso Administrativo se personaron los canteros, a través de su asociación en unos casos y en otros directamente, así como el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, quien defendió en todo momento que todas las canteras tenían licencia de apertura, aún a sabiendas de que no era cierto, pues es precisamente esta Administración, quien otorga dichas licencias.

El T.S.J.A desestima en todos sus términos el recurso presentado por los canteros, basado en:

 

-          PRIMERO.- Defectos de forma por acumulación de procedimientos, actos diferentes, y por indefensión.

El Tribunal desestima esta alegación por considerar, que aún cuando las empresas son independientes y autónomas “consta con claridad en la demanda que la acción que se ejercita no es otra que interesar el cierre de las explotaciones mineras, por carecer de licencia de apertura”, y que “el acto impugnado a los efectos procedimentales es uno y el mismo”, y que “el Instituto de la acumulación de acciones persigue la doble finalidad” de “favorecer la economía procesal, evitando duplicidades innecesarias de procedimientos, y por otro evitar en la medida de lo posible el dictado de sentencias contradictorias”.

El Tribunal considera además que la acumulación en ningún caso produce indefensión, y que el fondo es claro y diáfano. 

-          SEGUNDO.- Invalidez de procedimiento por no haber sido emplazados los canteros y producir indefensión.

El Tribunal rechaza igualmente este alegato de indefensión, pues aunque el servicio de correos sólo emitió un solo certificado, en el que consta que fueron remitidas todas las cédulas de emplazamiento a cada uno de los demandados, sin que esté el acuse de recibo particular de cada uno, todas las partes tuvieron perfecto conocimiento extraprocesal, “no pueden aducir indefensión, pues en definitiva ésta sería consecuencia de su propia conducta, al no personarse en el procedimiento para poder defenderse”; además consta que se personó en el trámite la entidad Asociación de Empresas Extractivas, de la que forman parte las empresas demandadas. 

-          TERCERO.- Falta de legitimación del demandante.

El Juez considera que todos los demandantes están legitimados, en base al Artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa, que nombra expresamente a las Asociaciones, Sindicatos, Grupos y Entidades, que resulten afectados o estén legitimados para la defensa de los derechos e intereses legítimos de colectivos, y que abarca, según el Tribunal Supremo, los recursos interpuestos contra actos administrativos, que puedan tener incidencia en la naturaleza o medio ambiente. Esta facultad de defensa del medio ambiente, la reconoce igualmente la Ley de Asociaciones. 

-          CUARTO.- La Asociación de Empresas Extractivas alegaba que todas las canteras tenían licencia de apertura.

El Juez desestima igualmente esta alegación considerando que las canteras referidas, Retamero, Taralpe, venían desarrollando la actividad sin haber obtenido la correspondiente licencia de apertura, y que sólo tienen licencia de trituración, asegurando que la cantera del Troconal, propiedad de Sando, no tiene ni licencia de apertura para cantera, ni tampoco para planta de machaqueo.

El Tribunal deja muy claro que la licencia de planta de machaqueo y la de canteras son totalmente distintas, necesarias e independientes, según doctrina del Tribunal Supremo. Así mismo, aclara que el desarrollo de la actividad, aún con conocimiento del Ayuntamiento y su tolerancia a lo largo del tiempo, no significa en ningún caso, el otorgamiento de licencia.

-          QUINTO.- La Sentencia condena en costas a los canteros, por lo que estos deberán pagar los honorarios del abogado de la “Plataforma”, y demás gastos. 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, POR TANTO HACE FIRME LA SENTENCIA QUE DECLARABA CLANDESTINAS E ILEGALES LAS CANTERAS DEL EL TROCONAL, TARALPE, PINOS DE ALHAURÍN Y RETAMERO, Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO SU CIERRE. 

2.     mÁS QUE UNA SENTENCIA. 

Para la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, la sentencia supone un triunfo de la democracia, y la posibilidad necesaria de que los ciudadanos de a pie crean en la Justicia como poder independiente, que pueda actuar sin dejarse influir por presiones políticas o económicas.

La Justicia, como hemos repetido hasta la saciedad, es el único asidero que le queda al ciudadano de a pie, frente a un poder político donde en muchos casos se confunde el legislativo con el ejecutivo, corrompido en otros tantos, que defiende sus propios intereses  y donde la indefensión, el cansancio, la falta de recursos, la persecución, o simplemente la falta de tiempo o motivación, hace que estos ciudadanos dejen campar por su respetos a esos elementos “politiquillos”, comiendo de la olla de los presupuestos y de los que no lo son, a costa precisamente de quienes asedian con sus propias leyes, manipuladas a su antojo, y que sirven a intereses particulares.

Esos políticos que teóricamente nos representan, que falsamente se llenan la boca de democracia, estado de derecho, legalidad, y protección al medio ambiente, sólo tienen una barrera posible, que es la de la Justicia.

Ahora es cuando tienen que demostrar esos políticos que creen en la democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la sentencia y no buscando más triquiñuelas para evadir la Ley y la Justicia.

En cualquier caso, la lentitud de la Justicia que nos consta por falta de medios, hace en muchos casos que las sentencias queden vacías de contenido pues, en el plazo que transcurre desde las quejas o denuncias hasta las sentencias definitivas, los hechos o males denunciados se multiplican y en multitud de ocasiones los daños no pueden restaurarse, los condenados hacen desaparecer su patrimonio para no indemnizar, o “el amenazado termina muerto”.

En el caso que nos ocupa han transcurrido casi cinco años para que podamos tener una sentencia firme, y más de quince desde que el defensor del pueblo requiriera al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para el cierre de todas las canteras por no tener licencia de apertura.

¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie cuando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre hacen una piña con los canteros, para que precisamente, continúen las canteras ilegales, cuando el alcalde de Alhaurín manifiesta repetidamente a través de los medios afines o dominados por él, que todas las canteras son legales y que el problema es exclusivamente un problema político, y acusa a los miembros de la Plataforma de crear alarma social, o cuando a toda página y a color, al más puro estilo americano dice que se le conocerá como el Alcalde que solucionó el problema de las canteras, cuando en realidad lo que pretende es agravarlo, incluso hasta ahora, manteniendo las existentes ilegales y ampliándolas en más de tres millones de metros cuadrados, según prevé el nuevo PGOU?

Sin una Justicia rápida e independiente, los ciudadanos de a pie indefensos sólo les queda el camino de la desesperación y sus consecuencias. 

Esperamos que al menos al ciudadano corriente le quede el convencimiento de que, aunque tarde, si se persevera, al final se hace justicia; y que los perjudicados deben agruparse para darse apoyo mutuo. 

3.     los verdaderos responsables sociales 

Para la PDSS los verdaderos responsables sociales, de la tensión que se vive en Alhaurín de la Torre, de los daños causados por las canteras en la salud y en el medio ambiente, y de las consecuencias que pueda traer su cierre, son básicamente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Son estas dos instituciones las encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y las que, independiente  cada una por su parte, conceden los permisos para que una cantera pueda explotarse.

Como se ha demostrado hasta este momento y se demostrará en el proceso penal, las canteras de Alhaurín de la Torre han sido la cúspide de las irregularidades administrativas, salpicadas de presuntos delitos cometidos, amparados, o en los que presuntamente han colaborado los dirigentes o funcionarios de esas Administraciones Públicas.

¿Cómo pueden buscar culpables extraños los que han permitido que las canteras se exploten con la precariedad y la inseguridad que supone ser ilegales y todo ello a sabiendas de esas Administraciones Públicas, que no sólo han hecho la vista gorda, si no que han dado confianza y seguridad a los propios canteros de continuidad y amparo?

Los empresarios por su parte, han actuado conforme a sus intereses particulares, y puede entenderse. Todos los explotadores de canteras de Alhaurín de la Torre tienen verdaderas minas en estas actividades, y si las cierran o no, lo ganado hasta el momento soporta cualquier novedad o incertidumbre.

Aún cuando esta Plataforma defiende que el cierre de las canteras de Alhaurín, en ningún caso supondrá la pérdida de puestos de trabajo, sino todo lo contrario, cualquier responsabilidad hay que demandársela a estas Administraciones y por supuesto a los canteros.

La sentencia además puede traer consigo que la responsabilidad de la restauración de las canteras ilegales, no solamente le corresponda a los canteros, sino al propio Ayuntamiento, al haber éste permitido, apoyado y defendido, incluso en los Tribunales, las explotaciones ilegales. 

4.     CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA 

La sentencia trae consigo:

a)     Su cumplimiento y por tanto el cierre de las cuatro canteras referidas.

b)     La invalidez del protocolo,  puesto que este se basa principalmente en la continuidad de las canteras existentes, en el más extricto cumplimiento de la legalidad vigente ( hoy ya no puede cumplir sus pretensiones legalmente), y en la ampliación y explotación de la finca de 400 Has, propiedad de Compañía General de Canteras, donde se explota la cantera Taralpe, y que la Junta de Andalucía y el ayuntamiento consideraban plenamente legal, y hoy se demuestra todo lo contrario.

c)     La necesidad de recapacitar por parte de las Administraciones públicas sobre la necesidad imperiosa de finalizar la explotación en Alhaurín de la Torre.

Alhaurín ha colaborado ya más que suficiente en el desarrollo urbanístico de Málaga y Costa del Sol, a costa de la destrucción de su Sierra, y de la consecuente influencia en la salud de sus ciudadanos.

d)     La Sentencia da la oportunidad al Alcalde de Alhaurín de la Torre para cumplir su promesa original, de que no permitiría nuevas canteras y de que cumpliría lo que dijeran los Jueces, y por tanto de no incluir en el nuevo  PGOU ninguna zona nueva de canteras, y así parar de perjudicar a su pueblo y a los intereses generales. (En los artículos publicados en los últimos días por el Alcalde, éste parece ser más bien el presidente de los canteros que el Alcalde de un pueblo donde la gran mayoría de los ciudadanos son contrarios a las canteras).

e)     La sentencia junto con la actitud de defensa de los canteros que ha mantenido y mantiene el Ayuntamiento, convierte, o puede convertir a éste como responsable directo de los daños y de las posibles indemnizaciones que puedan solicitar los vecinos.

f)       El cierre de las cuatro canteras referidas, no debe traer consigo la pérdida de ningún puesto de trabajo, si no todo lo contrario.

De las cuatro canteras que deben cerrarse:

-          La cantera de Retamero está cerrada por Decreto de la Junta de Andalucía hace más de dos años, ya que además de no tener Licencia de Apertura, y por tanto no debió abrir jamás, la autorización que tenía de ICONA para extraer tierra caducó en el año 90. (puestos de trabajo perdidos por esta causa = 0) (áridos que deja de aportar al mercado=0)

-          La cantera de Sando, igualmente nunca debió abrir, por no tener licencia de apertura, pero además la licencia minera era para 100.000 m2, y finalizaba en el año 1990. Según la propia Junta, ha explotado más de 270.000 m2, y sobre ella pesa igualmente un Decreto de cierre de la Junta, según el Ayuntamiento. (puestos de trabajo perdidos por esta causa = 0). Esta empresa tiene multitud de canteras en toda la provincia, donde perfectamente sustituirá la actividad. (áridos que deja de aportar al mercado=0)

-          La cantera Pinos de Alhaurín, tampoco debió abrir jamás, y la licencia minera consiste exclusivamente en una autorización para llevar a cabo una explanación en la zona verde de la urbanización Pinos de Alhaurín (supuestamente para un campo de deportes), según su propio proyecto y certificado de la Junta, dichos 4.000  m se han convertido en más de 200.000  (puestos de trabajo perdidos por esta causa =0). (áridos que deja de aportar al mercado=0)

-          Compañía General de Canteras, del grupo Financiera y Minera, propietaria la cantera Taralpe, es propietaria de varias canteras en la provincia, y el nº de puestos de trabajo, que ella misma ha declarado que tiene son 45, los que podrá recolocar en las demás canteras.

En relación a los puestos de trabajo indirectos, camioneros que hacen los portes y trabajadores en la construcción, los primeros se duplicarán al menos al tener que viajar más lejos para recoger los áridos, y en el caso de lo segundo, no variará, pues le da igual de donde vengan. 

5.     El futuro de alhaurín de la torre sin canteras. 

Alhaurín de la Torre sin canteras, y con un desarrollo urbanístico ordenado puede volver a ser un lugar ideal para vivir (las urbanizaciones no deben avanzar más hacia la montaña), donde perfectamente convivan un pueblo residencial y turístico, con un gran desarrollo de empresas de servicios, dada la cercanía al aeropuerto, Málaga y Costa del Sol, donde se respirará mejor. No tendremos las casas permanentemente llenas de polvo, aunque para ello se debe hacer la restauración rápidamente, y donde circular sea más fácil y menos peligroso.

 

6.     El alcalde y la junta de andalucía al desnudo. 

Hasta este momento, tanto el alcalde de Alhaurín de la Torre, como las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía implicadas en las canteras, se parapetaban en decir que las canteras eran legales, y que como no había sentencia firme había que continuar la explotación.

En realidad, estaban seguros de que la sentencia, o no saldría antes de aprobar el PGOU, o saldría, como afirmaban algunos, a favor de los canteros, y por tanto de la Junta y del Ayuntamiento.

Ahora tienen la “patata caliente” y la demostración de que la Justicia, aunque tarde, puede ser efectiva, y llega.

Cualquier paso que den los implicados en este momento será difícil que no pueda ser interpretado por los abogados como presuntos delitos penales, sin perjuicio de los que están en marcha, pendientes de resolver.“La Justicia, aunque tarde, llega”.

Funcionarios y políticos deberán, de una vez por todas, si no por el bien del pueblo por el suyo propio, actuar conforme a Ley, pues deben saber que cuando el Juicio llega, siempre tarde pero seguro, esos funcionarios se quedan solos ante la Justicia.

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