PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SIERRA

Rueda de Prensa Jueves 29 de Septiembre 2005

La nueva jueza del Juzgado de Instrucción nº1 de Torremolinos retoma con fuerza el proceso penal de las canteras de Alhaurín de la Torre.
Esta jueza ha emitido un Auto en el que cita a declarar como imputados en diferentes fechas al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova Rueda, a dos concejales y al arquitecto municipal, igualmente declararán como imputados José Luís Méndez, anterior jefe del servicio de minas, y D. Luis Martín, otro alto cargo del departamento de la Junta de Andalucía. Así mismo, lo harán Sánchez Domínguez SA y la cantera Aripresa y Compañía General de Canteras, del grupo Financiera y Minera.
Los funcionarios de la Junta, como son Dña Belén Martínez y D. Juan Hortal.
Imputan los anteriores delegados de minas, como D. Alberto Aguayo y D. Jacinto Mena y Dña Ana Gómez Gómez.
El delegado de medio ambiente de la Junta de Andalucía, Ignacio Trillo Huertas y cargos de su confianza como Alfonso Brakeais.
Directores Generales de la Junta en Sevilla como D. Francisco Mencía Morales, D. Julio Alba Riesco, D. Jesús Nieto y D. Juan Donaire Márquez. A tal fin la jueza ha emitido el correspondiente exhorto a Sevilla.
Estas imputaciones demuestran la veracidad de las quejas de los ciudadanos de Alhaurín de la Torre y la objetividad de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, ya que las canteras han producido graves daños medioambientales irreparables en la sierra. Además, las propias encuestas del I.N.E., determinan que la mayor preocupación de los Alhaurinos es la contaminación por el polvo de las canteras. Las mediciones de polvo así lo demuestran.
En cualquier caso, en este asunto no sólo se está poniendo en juego la desaparición de un paisaje y una riqueza vegetal, si no que se están violando dos derechos constitucionales claves de los ciudadanos, como son el derecho a la salud y al disfrute de un medio ambiente dignos. El derecho a la salud no es el derecho de ir al médico, sino de disponer de las condiciones sanitarias y medioambientales que permitan una vida sana.
En qué país vivimos cuando los ciudadanos tienen que pedir amparo a los jueces en defensa de las actuaciones de los políticos, que teóricamente le representan, que deben defender sus intereses (los de todos, los generales), que deben cumplir y hacer cumplir la ley, y que lejos de ello presuntamente delinquen, y ante la investigación y las actuaciones de los jueces pactan con los causantes directos del daño, para que puedan seguir causándolo. Esto es el protocolo de las canteras.
¿Cómo ni la Junta ni el Ayuntamiento han cerrado ninguna cantera, a sabiendas de su total ilegalidad, ni siquiera ante la actuación de los jueces? Quizá la respuesta sea porque al final nunca les pasa nada.
El procedimiento judicial sobre las canteras de Alhaurín debería concluir con una sentencia ejemplarizante, que incluyese básicamente la restauración, en lo posible, de la sierra, y la compensación económica por los daños causados que se han traducido en beneficios milmillonarios para sus propietarios, y no sabemos para cuantos más.
No se entiende la actitud de los políticos sin intereses muy particulares de por medio, por eso creemos que la fiscalía anticorrupción debería estudiar estos expedientes. Juan Piña. Presidente.-

NO HAY FUTURO SIN RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.
EL PROGRESO NO PUEDE ESTAR BASADO EN LA DESTRUCCIÓN
 

 

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