PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SIERRA
ALHAURIN DE LA TORRE 

RESUMEN DE RUEDA DE PRENSA:
JUEVES 31 DE MARZO 2005

 

El Juzgado de Instrucción Nº:1 de Torremolinos imputa por delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas (Art. 514.4 del Código Penal), al concejal del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Juan Antonio Moriel Ibáñez, y solicita la hoja histórico penal del imputado.

Estos hechos tienen relación con  las protestas y manifestaciones populares que se llevan a cabo en Alhaurín de la Torre desde el año 1997, en contra de la destrucción del medio ambiente y los perjuicios a la salud, que causan las canteras en este municipio.

 

(( Téngase en cuenta que: (antecedentes)

Las referidas canteras, en su mayoría (Taralpe, Tronconal-Sando, Pinos de Alhaurín, y Retamero) han sido declaradas clandestinas e ilegales por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Así mismo y debido a las irregularidades permitidas, realizadas o en las que son colaboradores necesarios el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y la Junta de Andalucía, y determinados por peritos independientes los daños catastróficos e irreversibles producidos por dichas canteras, están imputados por delito medioambiental, el Alcalde de Alhaurín de la Torre, cuatro concejales, perito, arquitecto y otros funcionarios del Ayuntamiento, así como varios ingenieros de la Junta de Andalucía y el propio Jefe de Minas, así como todos los canteros.

Las Normas Urbanísticas de Alhaurín de la Torre prohíben el uso extractivo en la Sierra, sin embargo el Alcalde de Alhaurín de la Torre prometió a los canteros, según ellos mismos, incluir en el nuevo PGOU una gran zona del orden de unos 5.000.000 m2, para canteras, lo que al parecer de la Plataforma persigue intereses económicos particulares y eludir la acción de la Justicia. Además permite la continuidad de la explotación a sabiendas de su ilegalidad.

Con estos antecedentes ))

 

El Alcalde Joaquín Villanova y su equipo han intentado por todos lo medios acallar las voces mayoritarias (hasta 4.000 personas han salido en manifestación), que piden el cierre de las canteras de Alhaurín de la Torre. Los métodos son de persecución de los líderes de la PDSS, y en el caso que nos ocupa, con agresiones físicas de trabajadores del Ayuntamiento, no cabe duda que instigados por los imputados.

Dichas agresiones se produjeron en la zona abierta del Centro Comercial Supersol, donde la PDSS había colocado una pancarta solicitando el cierre de las canteras.

 

 

 

 

Previamente el concejal “de relaciones ciudadanas” del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Sr. Juan Antonio Moriel Ibáñez), había indicado a miembros de la PDSS “que él era vasco y que la pancarta se quitaba por cojones”.

Todo ello después de hacer varias llamadas, suponemos que a su jefe superior D. Joaquín Villanova.

Los miembros de la Plataforma llamaron inmediatamente a la Guardia Civil, sin embargo el concejal ordenó a sus trabajadores que se marcharan, indicando que él los conocía a todos y que se hacía responsable de la situación.

La imputación del concejal se produce después de que el fiscal haya estudiado el expediente y comprobado que el Sr. Moriel y el Alcalde Joaquín Villanova, prácticamente se han tratado de reír de la Justicia, sin que hayan identificado los trabajadores agresores, y el Sr. Moriel se ha limitado a enviar un listado con los 200 trabajadores del Ayuntamiento.

El fiscal da por comprobado que “quien dirigió la operación de limpieza fue el concejal referido Sr. Moriel”, quien amparándose en una ordenanza municipal, ordenó quitar la pancarta que estaba en una barandilla del centro Supersol. Dicha ordenanza, al parecer, se la sacó el Alcalde de la manga, para evitar las protestas contra las canteras, a las que Villanova apoya descaradamente, no sabemos bajo qué intereses. Desde luego los generales no.

El fiscal afirma en su informe que “en la Jerarquía Normativa de nuestro Ordenamiento Jurídico, una Ordenanza Municipal, no puede ser obstáculo al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, que como en este caso era una manifestación amparada por el artículo 21 de la Constitución, por lo que los hechos serían constitutivos de un delito contra el ejercicio del derecho de manifestación, perturbando su desarrollo, por vía de hecho (Art. 514.4 del C.P) por cuanto la acción presuntamente ordenada por el Sr. Moriel sería una especial coacción ilegítima tendente a impedir lo que todos son capaces de entender, que es el ejercicio de un Derecho Fundamental”.

En base a todos estos antecedentes, el Juez ordena se le tome declaración como imputado al referido concejal.

En cualquier caso, todo el pueblo de Alhaurín sabe que nadie mueve un dedo sin que lo ordene el Sr. Villanova, por lo que pediremos al Juez que interrogue al imputado en este sentido.

Si Joaquín Villanova lo ordenó o consintió debe ser igualmente imputado. Si no lo ordenó, cuando conoció los hechos debió destituirlo, si no lo hizo es porque estaba de acuerdo con su conducta.

 

Fdo: Juan Piña Presidente.-

 

 

 

Quienes Somos

Defensa de la Salud y el Medio Ambiente

Toma de conciencia

Acciones de la PDSS

Hazte socio

Inicio

Inicio

Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra
Urb. Cortijos del Sol, C/ Alberca nº 13
29130 Alhaurín de la Torre

[email protected]

Tlf. 605 62 57 97