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Informe de Amnistía Internacional sobre la pandemia del COVID-19
Amnistia Internacional. 08.04.21 
El Informe 2020/21 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020.
La organización describe en él cómo los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales durante décadas. El personal sanitario, los trabajadores y trabajadoras migrantes y las personas empleadas en el sector informal –en muchos casos en primera linea frente a la pandemia–, se han visto igualmente traicionados por unos sistemas de salud desatendidos y un apoyo económico y social muy desigual.
La respuesta a la COVID-19 se ha visto aún más menoscabada por unos líderes que han sacado despiadadamente provecho de la crisis y utilizado la pandemia para reanudar sus ataques a los derechos humanos, afirma la organización.
“La COVID-19 ha revelado con toda crudeza y agravado las desigualdades existentes entre los países y dentro de ellos y ha puesto de relieve el tremendo desprecio de nuestros dirigentes por el bien común de la humanidad. Decenios de políticas divisivas, medidas de austeridad desacertadas y decisiones oficiales de no invertir en infraestructuras públicas deterioradas han hecho que demasiadas personas sean presa fácil del virus”, ha manifestado Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional.

“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado.”

La pandemia ha amplificado decenios de desigualdad y desgaste de los servicios públicos

El informe de Amnistía Internacional pone de manifiesto que, como consecuencia de las desigualdades generadas por un liderazgo tóxico ejercido durante decenios, la pandemia afectó de manera desproporcionada a las mujeres, las poblaciones refugiadas, las personas de edad avanzada y las minorías étnicas.

La COVID-19 empeoró la ya precaria situación de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en muchos países, dejándolas en algunos casos atrapadas en miserables campos de acogida, interrumpiendo suministros vitales o provocando controles fronterizos que dejaron a muchas abandonadas a su suerte. Por ejemplo, Uganda, el país que acogía el mayor número de personas refugiadas en África —1,4 millones— cerró inmediatamente sus fronteras al inicio de la pandemia y no hizo excepciones con las personas refugiadas y solicitantes de asilo que intentaban entrar en el país. Como consecuencia de ello, más de 10.000 personas quedaron atrapadas a lo largo de su frontera con la República Democrática del Congo.

El informe subraya el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGBTI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas con sus maltratadores, y la capacidad reducida o suspensión de los servicios.

Quienes trabajaban en primera línea frente a la pandemia —el personal sanitario y del sector informal— sufrieron las consecuencias de unos sistemas de salud deliberadamente desatendidos y medidas pésimas de protección social. En Bangladesh, muchas personas que trabajaban en el sector informal se quedaron sin ingresos o sin prestaciones sociales debido a los confinamientos y toques de queda. En Nicaragua, a principios de junio se despidió en sólo dos semanas al menos a 16 profesionales de la salud que habían expresado su preocupación ante la falta de equipos de protección individual y la respuesta del Estado a la pandemia.

“Estamos cosechando los frutos de años de desatención calculada de nuestros dirigentes. En 2020, la presión excepcional de una pandemia puso definitivamente a prueba los sistemas de salud y sumió a la población en una profunda crisis económica. Los héroes de 2020 fueron los trabajadores y trabajadoras de la salud que estuvieron en primera línea salvando vidas, así como la gente que ocupaba los últimos puestos de la escala salarial y aunó esfuerzos para dar de comer a las familias y mantener activos nuestros servicios esenciales. Cruelmente, las personas que más dieron fueron las que menos protección recibieron”, ha afirmado Agnès Callamard.

Una virulenta cepa de dirigentes instrumentaliza la pandemia para continuar sus ataques a los derechos humanos

El informe describe asimismo un panorama lamentable de líderes mundiales cuya gestión de la pandemia se caracterizó por el oportunismo y un desprecio absoluto por los derechos humanos.

“Hemos visto toda clase de respuestas de nuestros dirigentes, tanto mediocres como engañosas, egoístas y falaces. Algunos han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado para combatir la COVID-19, mientras que una cepa especialmente virulenta de líderes han ido aún más allá y han visto en la pandemia una oportunidad para afianzar su poder. En lugar de apoyar y proteger a la población, se han limitado a instrumentalizar la pandemia para socavar gravemente sus derechos”, ha manifestado Agnès Callamard.

La aprobación de leyes para penalizar los comentarios relacionados con la pandemia ha sido un patrón dominante. En Hungría, por ejemplo, el gobierno del primer ministro Viktor Orbán reformó el Código Penal del país para introducir penas de hasta cinco años de prisión por “difundir información falsa” sobre la COVID-19.

En varios Estados del Golfo —Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán—, las autoridades usaron la pandemia de COVID-19 como pretexto para seguir reprimiendo el derecho a la libertad de expresión, con medidas como procesar a personas por difundir “noticias falsas” debido a comentarios que habían publicado en redes sociales sobre las respuestas del gobierno a la pandemia.

Otros dirigentes han recurrido al uso excesivo de la fuerza. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte dijo que había ordenado a la policía “disparar a matar” contra quienes protestaran o pudieran causar “problemas” durante las medidas de confinamiento. En Nigeria, la brutalidad de las fuerzas de seguridad mató a personas por protestar en la calle, reivindicar sus derechos y exigir rendición de cuentas. En Brasil aumentó la violencia policial durante la pandemia de COVID-19 con el gobierno del presidente Bolsonaro. La policía mató al menos a 3.181 personas en todo el país de enero a junio, una media de 17 al día.

Algunos líderes fueron aún más lejos y utilizaron la pandemia para desviar la atención mientras reprimían las críticas no relacionadas con el virus y a quienes las hacían, y cometían otras violaciones de derechos humanos aprovechando que los medios de comunicación del mundo tenían la vista puesta en otros asuntos. Por ejemplo, en India, el primer ministro Narendra Modi reprimió aún más el activismo de la sociedad civil, con medidas antiterroristas como irrumpir en hogares y oficinas. Mientras, el gobierno chino del presidente Xi Jinping no cejó en su persecución del pueblo uigur y otras minorías musulmanas en Sinkiang, y en Hong Kong se aprobó una abusiva ley de seguridad nacional para legitimar la represión por motivos políticos.

“Las instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional y los mecanismos de derechos humanos de la ONU, están ahí para obligar a rendir cuentas a los perpetradores, ya sean individuos concretos o Estados. Tristemente, 2020 demostró que están atrapadas en un estancamiento político causado por líderes que intentan menoscabar las respuestas colectivas a las violaciones de derechos humanos y sacar provecho de ellas”, ha afirmado Agnès Callamard.

Los intereses nacionales han prevalecido sobre la cooperación internacional en la respuesta a la COVID-19

Los dirigentes mundiales también han hecho estragos en la escena internacional dificultando los esfuerzos colectivos de recuperación de la pandemia al bloquear o debilitar la cooperación internacional.

Son ejemplos de ello:

Los dirigentes de países ricos, como el ex presidente Trump, que eludieron las iniciativas de cooperación global y adquirieron la mayor parte de los suministros mundiales de vacunas, dejando prácticamente sin ellos a otros países. Estos países ricos, además, no presionaron a las empresas farmacéuticas para que compartieran sus conocimientos y tecnología a fin de extender a todo el mundo el suministro de vacunas contra la COVID-19.

El gobierno de Xi Jinping, que censuró y persiguió a personal sanitario y a periodistas que ya al principio intentaron dar la voz de alarma sobre el virus en China, y con ello impidió que se conociera una información fundamental.

El G-20, que propuso suspender los pagos de deuda a los países más pobres para reclamarlos posteriormente con intereses.

“La pandemia ha puesto en evidencia una cruda realidad: la incapacidad del mundo para cooperar eficazmente en momentos de necesidad global extrema”, ha declarado Agnès Callamard.

“La única salida posible de esta desastrosa situación es la cooperación internacional. Los Estados deben garantizar la rápida disponibilidad de vacunas para todas las personas, en todas partes, y que sean gratuitas en el lugar donde se administren. Las empresas farmacéuticas deben compartir sus conocimientos y tecnología para que nadie se quede atrás. Y los miembros del G-20 y las instituciones financieras internacionales deben aliviar la deuda de los 77 países más pobres del mundo para que puedan combatir la pandemia y recuperarse de ella.”

Surgen en todo el mundo movimientos de protesta de una población defraudada por sus gobiernos

Las políticas regresivas adoptadas han impulsado a mucha gente a sumarse a movimientos de lucha consolidados, como las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos y las protestas de #EndSARS en Nigeria, o a nuevas y creativas formas de protesta, como las huelgas virtuales por el clima. En el informe se describen con detalle numerosas victorias conseguidas por el activismo de derechos humanos en 2020, sobre todo en materia de violencia de género. Por ejemplo, en Corea del Sur, Kuwait y Sudán se aprobó legislación para combatir la violencia contra mujeres y niñas, y en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte se despenalizó el aborto.

“En 2020, el liderazgo no surgió del poder, los privilegios ni el dinero, sino de las innumerables personas que se manifestaron para reivindicar cambios. Vimos enormes muestras de apoyo a los movimientos #EndSARS y Black Lives Matter, así como protestas públicas contra la represión y la desigualdad en lugares de todo el mundo, como Chile, Hong Kong, Irak y Polonia. Fue el liderazgo de la gente corriente y de quienes defendían los derechos humanos en todo el mundo, a menudo arriesgando su seguridad, lo que nos impulsó a actuar. Y esas son las personas que están en primera línea de la lucha por un mundo mejor, más seguro y más igualitario”, ha afirmado Agnès Callamard.

“Nos encontramos en una encrucijada. Debemos romper las ataduras que degradan la dignidad humana. Debemos pulsar el botón de reinicio para construir un mundo basado en la igualdad, los derechos humanos y la humanidad. Debemos aprender de la pandemia y aunar esfuerzos con valentía y creatividad para conseguir que todas las personas sean tratadas en pie de igualdad.”

La situación de derechos humanos en España

Algunas de estas tendencias globales que Amnistía Internacional denuncia hoy en el Informe Anual 2020/21 también se aprecian en España.

“En el último año, el sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias: la de la COVID-19, y la de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio básico entre el abandono y el desmantelamiento”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

El personal sanitario ha estado expuesto a sufrir las consecuencias de la pandemia y no ha tenido medios suficientes para hacerla frente durante muchos meses, especialmente durante la primera ola. La falta de personal, los horarios excesivos y la ausencia de equipos de protección adecuados han sido constantes dejando expuestos a los y las profesionales de la salud y mermado, una vez más, el derecho a la salud de las personas.

"La respuesta del personal sanitario, exponiéndose sin la protección y los recursos debidos a la pandemia de COVID-19 para salvar vidas, ha sido una de las mejores muestras de humanidad que nos ha dejado el año 2020", declara Esteban Beltrán. "Cuando los gobiernos no cumplen, es el coraje de la gente corriente el que hace frente a la adversidad."

En cuanto a la ciudadanía, en concreto miles de personas de la tercera edad que viven en residencias, se vieron abandonadas a su suerte durante los meses más duros del confinamiento. Sufrieron falta de atención médica y aislamiento en las residencias. “En Cataluña y Madrid muchas personas mayores que vivían en residencias no fueron atendidas de forma individualizada, no fueron trasladadas a hospitales cuando lo necesitaban y se les impidió ver a sus familias durante largos periodos de tiempo”, continúa Beltrán.

Además, el estado de alarma decretado por el gobierno , y en concreto el confinamiento, entre marzo y junio, acrecentó la tendencia ya mostrada con la entrada en vigor de la ley mordaza hace seis años de otorgar más poder a las fuerzas de seguridad, sin mecanismos adecuados de control de actuaciones arbitrarias, en detrimento de la protección de los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables.

Por último, y a pesar de la buena noticia del vaciado temporal de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) al inicio de la pandemia, la organización denuncia que las personas migrantes han sido desatendidas en su derecho a la protección internacional en las Islas Canarias donde se cursaron órdenes de expulsión sin respetar las garantías y procedimientos que recoge la ley. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, miles de personas permanecieron hacinadas y en condiciones inhumanas durante semanas en el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán de Gran Canaria, donde tal y como ha denunciado el Defensor del Pueblo se incumplieron las normas mínimas de distanciamiento social y no se garantizaron unas mínimas condiciones de higiene, con un número de carpas, baños y acceso a agua potable claramente insuficientes.

Amnistía Internacional también denunció las condiciones de hacinamiento e insalubridad que soportaron quienes residían en los Centros de Estancia Temporal para migrantes de Ceuta y especialmente Melilla.
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