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Recorte sanitario = recorte humanitario
Maite Garcia Romero. 22.05.18 
Si bien no me ha sorprendido la respuesta hostil que ha tenido una buena parte conservadora de este país ante el desafío de los miles de pensionistas que se han manifestado en protesta por la bajada de la capacidad adquisitiva de sus pensiones, sí que me han chocado algunas simplezas y despropósitos que se han venido diciendo en distintos medios y debates. Se les ha criticado por desear más dinero público “cuando ya tienen mucho más que los pensionistas de la unión Europea”. Se les ha acusado de ignorantes y de escasa sensibilidad hacia los que están en situación peor. Y se ha defendido que el balance de este colectivo desde que gobierna el presidente Rajoy puede considerarse positivo si se compara con otros sectores.
Los jubilados españoles no son una masa uniforme y homogénea. Mientras un tercio dispone de más de 2000 euros al mes, el 46% cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, que casi la mitad de nuestros pensionistas tienen que vivir con menos de 736 euros al mes de pensión. En esta situación hay más de 4 millones de pensionistas de los que, según una encuesta, el 20% no pueden pagar los medicamentos que les receta su médico. Son los grandes perjudicados por los recortes en el gasto farmacéutico.

El Informe “La receta equivocada” publicado recientemente por Amnistía Internacional analiza el impacto que han tenido sobre el derecho a la salud en España las medidas de austeridad en el Sistema Nacional de Salud. Estas medidas han provocado un deterioro en la calidad de la atención sanitaria, y sobre todo han tenido un impacto particular y desproporcionado en las personas de rentas más bajas, especialmente en personas mayores, con enfermedades crónicas, con discapacidad o que reciben tratamiento de salud mental. La atención sanitaria se ha vuelto mucho menos accesible: el aumento de los tiempos de espera, incluso para cirugía y atención de salud mental, se ha convertido en un importante problema. Si tenemos en cuenta que España ratificó una serie de tratados internacionales y regionales de derechos humanos que exigen que el derecho a la salud se respete, se proteja y se haga realidad, España tiene la obligación inmediata de tomar medidas deliberadas, concretas y específicas para la realización completa del derecho a la salud. Sin embargo una mayoría de las personas
supervivientes de cáncer entrevistadas por Amnistía Internacional explicaron que muchos de los medicamentos para paliar los efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer, así como los posibles problemas derivados de su enfermedad, no estaban cubiertos por el SNS. Si se los recetaban tenían que pagarlo en su totalidad.
Como parte de las reducciones del gasto en sanidad pública, se redujo también el gasto en personal sanitario. Una de esas reducciones se llevó a cabo limitando la contratación y cambiando las condiciones de trabajo del personal. Por lo cual, todos los profesionales sanitarios entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que su trabajo se había vuelto más difícil tras la introducción de las medidas de austeridad, y aseguraron sentirse “impotentes” y “desilusionados con el sistema” a raíz de los recortes presupuestarios y los cambios en el sistema de salud. Es por ello que el pasado 21 de marzo de 2018 a las 17,30 las reivindicaciones sacaron a las calles de Madrid a miles de facultativos, entre ellos representantes sindicales, de colegios profesionales, sociedades científicas y estudiantes, para reclamar la recuperación de los derechos y el poder adquisitivo que les fueron cercenados con la excusa de la crisis.
Por consiguiente, solicitamos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que mejore las condiciones laborales del personal sanitario, incluidas las que afectan a la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria. En concreto, que se restaure los beneficios, que se reduzca la precariedad de los contratos de los trabajadores y trabajadoras de la salud y que se garantice que son contratadas en número suficiente para cubrir la demanda de servicios sanitarios.
Para colaborar con la acción:
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/derecho-salud-espana/
Para descargar el informe:
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4181362018SPANISH.PDF
Maite García Romero
Gabinete de Prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional Andalucía.
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