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Ecologistas en Acción interviene en el Parlamento Europeo para denunciar a España por atentado medioambiental marino en el paraje natural de Maro-Cerro Gordo

Juan Manuel Cestino Juarez. 28.02.07 

LLega a la redacción de Alhaurin.com la siguiente nota de Juan Manuel Cestino con dos documentos: el texto de su intervención en el Parlamento Europeo y la queja ante la Comisión Europea.

Saludos Federico:  desde el 23 de enero hasta  el 20 de febrero  he participado en una  campaña oceanográfica, desde la desembocadura del Bidasoa a la  desembocadura del Miño. Mañana día 27 a las 17,55 vuelo a Bruselas,  para defender en nombre de Ecologistas en Acción, y a invitación del Parlamento Europeo, la denuncia, que el pasado mes de agosto presento nuestra organización, contra la política de conservación y vigilancia del Reino de España, y su Comunidad Autónoma Andaluza, por el incumplimiento de la normativa comunitaria, referente a la pesca de arrastre de fondo. Un saludo y gracias.


Texto de la intervención de Juan Manuel Cestino ante el Parlamento de la Unión Europea en nombre de Ecologistas en Acción

A mediados de los años 80, en la costa Mediterránea Andaluza, la extensión de praderas  de plantas marinas, (Zostera marina y Posidonia oceánica) ocupaban importantes áreas del litoral de las provincias de Almería, Granada, Málaga y la costa mediterránea de Cádiz.  Estas plantas (fanerógamas) tapizaban loa fondos de nuestro litoral, a una profundidad que oscilaba  entre los tres y los 25 metros, ofreciendo refugio y área de cría a numerosas especies. 

Las observaciones metódicas de un grupo de investigadores,   han sido la base de la excelente obra: “Praderas de fanerógamas marinas en el litoral andaluz”, publicada en 1998 por la Junta de Andalucía. La propia Unión Europea también, mediante la directiva “Hábitat,” la considera especie protegida, por tanto la Administración Regional Andaluza, desde el principio,  ha tenido conocimiento directo del declive de estas praderas y sus causas. Conocimiento que parece no ha llegado a la Comisión, asta la presentación de nuestra nota de queja.

Hasta noviembre de 2004 la prosperidad de estas comunidades vegetales era óptima.  Pero en las últimas inmersiones de control realizadas, desde enero de 2005 a mayo del 2006 constatamos que la mayor parte de las praderas habían desaparecido, o solo estaban presentes de manera testimonial, tanto dentro, como fuera de los fondos protegidos. La única causa de esta desaparición tan acelerada y drástica, se debe a la pesca ilegal en general y a la pesca de arrastre en particular. Siendo estas últimas las causantes directas, mediante sus prácticas pesqueras, del desarraigo y desaparición de estas plantas marinas.   Siendo la vigilancia y control de esta actividad competencia exclusiva de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

 Todo esto ha ocurrido, y esta ocurriendo actualmente,  al estar incumpliéndose de forma continua y reiterada las siguientes normas de Derecho Comunitario.
-  Reglamento (CE) 1626/94, del Consejo, de 27 de junio, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, y regula las características de las redes de   arrastre y sus condiciones de empleo en esta zona marítima.
-  Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo.
-  Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres (modificada) como Directiva Hábitats.

Así como otras disposiciones de derecho comunitario, principios y objetivos de la Unión Europea, relacionados con las Directivas citadas.

Como podemos comprobar a pesar de estar regulado el ejercicio de esta actividad mediante el Real Decreto 1440/1999, y que en su articulo 2º Defina la denominada “pesca de arrastre de fondo”, en su articulo 3º y 8 definen los buques autorizados a tal pesca, y sus características técnicas, que extractadas dicen lo siguiente: “los buques autorizados en el caladero nacional Español del Mediterráneo deberán tener las siguientes características; eslora entre perpendiculares entre 12 y 24 metros. Potencia máxima instalada, no superior a 500 HP (potencia continua en banco). Profundidad mínima para el ejercicio de su actividad, nunca inferior a los 50 metros.

Conocidos estos parámetros, debemos recordar que la principal área de asentamiento de las especies mencionadas, estaba localizada entre los tres y los veinticinco metros de profundidad. Queda claro por tanto a nuestro entender que, de haberse hecho respetar  las actuales normas reguladoras,  jamás buques pesqueros de arrastre de fondo, habrían podido, en dos años, destruir mas de un millón de metros cuadrados de fondos en la costa Sur – Mediterránea Andaluza, habitados entonces, por extensas  praderas de estas plantas marinas
Solicitamos por tanto se inicie un procedimiento de infracción  frente al Reino de España, y se le exija el cumplimiento de la legalidad comunitaria y la protección del Medio Ambiente. Que se inste a las autoridades nacionales españolas implicadas, a la efectiva protección de estos hábitats protegidos en virtud de la primacía del Derecho Comunitario; y que en definitiva, se lleven a cabo acciones entren dentro de sus facultades para impedir, que destinen fondos comunitarios europeos en actuaciones que violenten al propio Derecho de la Unión Europea.

Queja ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario del Reino de España, por la desaparición de las distintas praderas de fanerógamas marinas en las costas mediterráneas andaluzas, incluído el lugar de interés comunitario (LIC) del paraje natural de Maro-Cerro Gordo (ES6170002)

ÍNDICE

1. Datos de los Denunciantes 2
2. Datos de la Queja 3
3. Hechos 3
4. Derecho comunitario incumplido 5
4.1 Incumplimiento de los Reglamentos comunitarios en materia de pesca 5
4.2 Incumplimiento del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el  Mediterráneo 6
4.3 Incumplimiento de las Directivas comunitarias en materia de biodiversidad 9
SOLICITAMOS A LA COMISIÓN EUROPEA 10


Comisión Europea
(a la atención del Sr. Secretario General)
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruselas
BÉLGICA

QUEJA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA POR
INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO COMUNITARIO


1. Datos de los Denunciantes

1) D. THEO OBERHUBER, con NIE X – 0529861 – X, en nombre y representación de la entidad CODA-Ecologistas en Acción, con domicilio social en C/ Marqués de Leganés 12. 28004 de Madrid, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con nº 356, y declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial en el año 1997, en su calidad de Coordinador General, y

2) D. RENÉ WINSTON VILATO VILAMONTE, con NIE nº X3636684Q, en nombre y representación de ITACA, ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE con domicilio en C/ Empecinado, 1. 29013 de Málaga en su calidad de Coordinador de Proyectos de Conservación de la misma.

Personas de contacto: Se designa como personas de contacto a D. Jesús E. Guzmán Lucena, con DNI nº 33371661-H, y  D. Juan Manuel Cestino Juárez con DIN nº 24 751 361A y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Leopoldo Alas Clarín 7, local 1. 29002 de Málaga, con número de teléfono y  fax: + 34 952 35 53 83 y correo electrónico fedemalaga@yahoogroups.es

Consentimiento para revelar la identidad del denunciante: Autorizo a la Comisión a revelar mi identidad en la tramitación de la queja y en sus gestiones ante las autoridades del Estado miembro contra el que se dirige la denuncia.

Colaboración con la Comisión: Quedo a disposición de la Comisión para colaborar con ella en la medida de mis posibilidades con la aportación de información o documentos así como la realización de informes específicos que aclaren los extremos que sean necesarios para lograr el cumplimiento del derecho comunitario que se denuncia en esta queja.
 
2. Datos de la Queja

Estado miembro y autoridad que han incumplido: el Reino de España, y en concreto el Ministerio de Agricultura y Pesca, el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura y Pesca, y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Normas de derechos comunitarios incumplidos: Sin perjuicio que puedan evidenciarse otros incumplimientos más adelante, en la actualidad entendemos que al menos se han infringido las siguientes disposiciones:

- Reglamento (CE) 1626/94, del Consejo, de 27 de junio, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, regula las características de las redes de arrastre y sus condiciones de empleo en esta área marítima.
- Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el  Mediterráneo
- Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres (modificada) (en adelante Directiva Hábitats).

Así como otras disposiciones de derecho comunitario y principios y objetivos de la Unión Europea relacionados con las Directivas citadas.

3. Hechos

A mediados de los años ochenta la extensión y localización de estas praderas de Zostera marina y Posidonia oceánica (especialmente de la primera) cubrían una amplia zona del litoral mediterráneo andaluz, dentro y fuera de los parajes protegidos, en una franja de litoral cuya profundidad oscilaba entre los 3 y los 14 metros de profundidad. Las observaciones de aquellos tiempos y posteriores han sido la base de las excelentes obras Praderas de fanerógamas marinas en el litoral andaluz y Praderas y Bosques marinos de Andalucía, publicadas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en 1998 y 2004, respectivamente (Anexos 2 y 3), así como varios trabajos (Anexos 4 y 5). Queremos resaltar que La Unión Europea, mediante la directiva “Hábitat”, considera Posidonia oceánica como especie protegida, al ser endémica del Mediterráneo, y al verse seriamente amenazadas sus poblaciones por la actividad humana.

A lo largo del periodo comprendido entre marzo y noviembre de 2004, un informe realizado mostraba cómo aún existían algunas praderas de Zostera marina en varias zonas prospectadas de la costa este de la provincia de Málaga, incluida la correspondiente al LIC Paraje de Maro–Cerro Gordo (ES6170002) (Anexos 6 y 7). Sin embargo, en las últimas inmersiones de control realizadas en esta parte _
de la provincia de mayo de 2005 a enero de 2006,  las praderas de Zostera marina habían desaparecido o sólo estaban presentes de forma meramente testimonial fuera de los enclaves con algún tipo de protección (Anexos 8, 9, 10 A, y 10 B). Al mismo tiempo se constata que en los espacios protegidos ha ocurrido algo similar quedando las poblaciones reducidas a su mínima expresión (Anexos 8, 9, 10 A, y 10 B).

La única causa de la desaparición drástica de estas praderas submarinas —que ha acontecido básicamente en los dos últimos años— es la pesca ilegal en general,  y la de arrastre en particular (Anexo 1 y 11). Siendo esta última la causante directa de la erradicación masiva de las dos especies mencionadas (Zostera marina  y Posidonia oceánica), especialmente de la primera, al desarraigar las planta al paso de la red y el sistema de apertura del arte de pesca.

Esta técnica es extraordinariamente destructiva en la flora y fauna bentónica a cualquier profundidad, pero evidentemente lo es más cuanto menor es ésta (Anexo 12). En la costa mediterránea española la profundidad mínima en la que un buque arrastrero legalmente autorizado puede faenar es de 50 metros (RDL.1440/1999 de 10 de septiembre. Art. 10; RDL1315/1997 de 1 de agosto).
 
 
4. Derecho comunitario incumplido

4.1 Incumplimiento de los Reglamentos comunitarios en materia de pesca
A. El punto de partida a la regulación europea de la práctica de la pesca en aguas marinas lo constituye el Reglamento (CE) 2371/2002, de 20 diciembre, relativo a la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común que fija como objetivo general de la política pesquera común, la consecución de “una explotación de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles”. Por tanto la actividad pesquera deberá desarrollarse atendiendo “al criterio de precaución al adoptar medidas concebidas para proteger y conservar los recursos acuáticos vivos, procurar su explotación sostenible y reducir al mínimo los efectos de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos, procurando aplicar progresivamente a la gestión pesquera un planteamiento basado en los ecosistemas”.
En desarrollo de sus prescripciones y a fin de lograr sus objetivos de explotación sostenible en el ámbito territorial concreto del Mar Mediterráneo, las Instituciones Comunitarias se dotaron del Reglamento (CE) 1626/94, del Consejo, de 27 de junio, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, regula las características de las redes de arrastre y sus condiciones de empleo en esta área marítima, basado en una serie de consideraciones, entre las que hemos de destacar “que conviene prohibir las artes de pesca cuya utilización en el Mediterráneo contribuya de manera excesiva a la degradación del medio marino o a la del estado de las poblaciones”.
En referencia a las legislaciones de los Estados miembros ribereños del Mediterráneo, en el artículo 1.2 de este Reglamento se establece que: “(...) los Estados miembros velarán por la conservación de las especies y medios vulnerables o amenazados y, en particular, los que figuran en el ANEXO I”. Este Anexo hace referencia a las especies y entornos vulnerables o amenazados, destacando entre los entornos: los bancos de fanerógamas marinas.
Este Reglamento contiene un conjunto de normas de obligado cumplimiento que, en lo que se refiere a la pesca de arrastre, establece su expresa prohibición en todo el Mediterráneo en profundidades inferiores a 50 metros; y más concretamente sobre praderas de fanerógamas marinas.
Una de las principales medidas que se articulan para hacer efectiva esta protección a los medios marinos “sensibles” se recoge en el artículo 3.1, según el cual “queda prohibida la utilización de redes de arrastre, de jábegas y de redes similares dentro del límite de las 3 millas náuticas costeras o de la isobata de 50 m cuando esta profundidad se alcance a menor distancia, cualquiera que sea el tipo de remolque o de halador (...)”. Como se ha expuesto, los hechos que, por la presente, se denuncian, incumplen totalmente esta prohibición.
A mayor abundamiento en este sentido, el artículo 3.3 del mismo Reglamento dispone expresamente que “queda prohibida la pesca por medio de redes de arrastre de fondo remolcadas por encima de las praderas de posidonia (Posidonia oceánica) u otras fanerógamas marinas”.

B. El contenido normativo de estos tres Reglamentos comunitarios se ha incorporado al ordenamiento jurídico nacional en virtud del Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre, por el que se regula el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero nacional del Mediterráneo, que tiene por objeto regular el ejercicio de la pesca con el arte de «arrastre de fondo» en las aguas exteriores del caladero nacional del Mediterráneo, entendiendo por tal “la modalidad de pesca que se ejerce por un buque que remolca, en contacto con el fondo, un arte de red con objeto de capturar especies marinas destinadas al consumo humano o a la industria de transformación”.
En lo que aquí nos interesa, su artículo 10 (Fondos mínimos) establece una clara prohibición al disponer que “La pesca de arrastre de fondo sólo podrá ejercerse en fondos superiores a 50 metros”.

4.2 Incumplimiento del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el  Mediterráneo
La Unión Europea es parte del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el  Mediterráneo, en virtud de la Decisión del Consejo, de fecha 22 de octubre de 1999, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie L 322/3, el 14 de diciembre de 1999 .
En él, se hace especial hincapié “en la importancia de proteger y, en su caso, mejorar el estado del patrimonio natural y cultural del Mediterráneo, en particular mediante el establecimiento de zonas especialmente protegidas y también mediante la protección y conservación de las especies amenazadas”, y donde se considera “que todas las Partes contratantes deberían cooperar para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad de los ecosistemas y que tienen, a este respecto, responsabilidades comunes aunque diferenciadas”.
Según el artículo 3.1. del citado Protocolo, “cada parte tomará las medidas necesarias para: proteger, preservar y administrar de una manera sostenible y ambientalmente racional zonas de valor natural o cultural especial (...)”; así como: “proteger, preservar y ordenar las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro”.
Como parte firmante en el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el  Mediterráneo, recalquemos que el objetivo de las Zonas Especialmente Protegidas, según su art. 4, consistía en salvaguardar:
a) tipos representativos de ecosistemas costeros y marinos de dimensión adecuada para garantizar su viabilidad a largo plazo y para mantener su diversidad biológica.
b) hábitats que estén en peligro de desaparición en su zona natural de distribución en el Mediterráneo o que tengan una zona de distribución natural reducida como consecuencia de su regresión o a causa de la limitación intrínseca de su zona.
c) hábitats fundamentales para la supervivencia, reproducción y recuperación de especies en peligro, amenazadas o endémicas de flora o fauna.
d) lugares de particular importancia debido a su interés científico, estético, cultural o educativo.
También son responsabilidad de las Instituciones Comunitarias así como del Estado Español (como partes del Protocolo) la aplicación de las “Medidas de protección” del artículo 6, según el cual: “Las Partes, de conformidad con el Derecho internacional y teniendo en cuenta las características de cada zona especialmente protegida, adoptarán las medidas de protección debidas, en particular”:
g) La reglamentación o prohibición de la pesca, caza, captura de animales y recolección de plantas o su destrucción, así como el comercio de animales, o partes de animales, plantas o partes de plantas procedentes de las zonas especialmente protegidas.
h) La reglamentación y, de ser necesario, la prohibición de cualquier otra actividad o acto que sea probable que perjudique o perturbe a las especies, que pueda poner en peligro el estado de conservación de los ecosistemas o de especies o que pueda menoscabar las características naturales o culturales de la zona especialmente protegida.
i) Cualquier otra medida destinada a proteger los procesos ecológicos y biológicos y el paisaje”.

Según el artículo 7 de “Planificación y ordenación”, “Las partes adoptarán, de conformidad con las normas del Derecho internacional, medidas de planificación, ordenación, supervisión y vigilancia con respecto a las zonas especialmente protegidas”. Vigilancia que no se ha cumplido con la  efectividad debida, dado el calado de la destrucción habida en las mencionadas praderas marinas. Por otro lado, entre las medidas que exige este artículo, cabría el haber creado arrecifes artificiales para la conservación del hábitat de las posidonia, cosa que no se puso en práctica, a pesar de ser un proyecto, anunciado en los medios de comunicación, por parte de la administración de la Comunidad Autónoma Andaluza. Añade el punto 2.b de este artículo: “Estas medidas deberían comprender para cada zona especialmente protegida: (...) La supervisión constante de los procesos ecológicos, hábitats, dinámicas de población y paisajes, así como de la repercusión de las actividades humanas” (Estas praderas marinas han sido destruidas por una actividad humana: la pesca de arrastre, evidenciando la inexistencia de esta supervisión constante exigida).
En cuanto a la  Protección y conservación de las especies, expuesta en la Parte III, artículo 11, este Protocolo recogía entre las Medidas Nacionales para la Protección y Conservación de las Especies, las siguientes: 
1. Las Partes administrarán las especies de flora y fauna con el objetivo de mantenerlas en un estado favorable de conservación.
2. Las Partes (...) adoptarán medidas de ordenación, planificación y de otra índole para garantizarles un estado de conservación favorable.
5. Con respecto a las especies protegidas de flora y sus partes y productos, las partes reglamentarán y, cuando proceda, prohibirán todas las formas de destrucción y perturbación, con inclusión de la recogida, la recolección, la corta, el arrancamiento, la posesión, la venta comercial, el transporte y la exposición con fines comerciales de esas especies.

Según artículo 12.3, “Las Partes prohibirán la destrucción y el menoscabo del hábitat de las especies enumeradas en el anexo II relativo a la Lista de especies en peligro o amenazadas (...)”.
En cuanto a las Medidas de Protección, Planificación y Ordenación, del citado ANEXO I, su punto 2 dice textualmente: “Las medidas de protección, planificación y ordenación aplicables a cada zona deberán ser adecuadas para que puedan lograrse los objetivos de conservación y de ordenación establecidos, a corto y largo plazo, para el lugar, y tener en cuenta particularmente los peligros que lo amenazan”. Obviamente, en el caso objeto de esta denuncia, las medidas de protección no han sido las adecuadas para lograr dichos objetivos.
Finaliza este ANEXO I, en su punto 8: “Para ser incluida en la Lista de ZEPIM, una zona deberá contar con un programa de vigilancia continua. Este programa deberá comportar la identificación y el seguimiento de cierto número de parámetros significativos para la zona en cuestión, con el fin de permitir la evaluación del estado y la evolución de la zona, así como la eficacia de las medidas de protección y de ordenación aplicadas, en vista de su eventual ajuste.”
Por tanto, dado que no se han adoptado medidas suficientes para evitar el deterioro de las praderas marinas de posidonia oceánica, el Reino de España incumple las disposiciones del Protocolo, incorporado al acervo comunitario por ser la UE parte del mismo.

4.3 Incumplimiento de las Directivas comunitarias en materia de biodiversidad
La protección del medio ambiente constituye uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece explícitamente como uno de los objetivos de la política comunitaria la conservación y protección de la calidad del medio ambiente. Para ello, uno de sus componentes básicos es la conservación de la naturaleza.
Las Directivas 79/409/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (o Directiva Aves) y 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida también como Directiva Hábitat forman el eje fundamental de la política de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea y dotan a los Estados miembros de la UE de un marco común de  actuación para la conservación de la naturaleza. Ambas Directivas constituyen el marco normativo de la Red Natura 2000, “…una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación… [que] deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitat naturales y de los hábitat de las especies... en su área de distribución natural1”, compuesta por las Zonas Especiales de  Conservación (ZEC), establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat, y por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), creadas por la Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más destacados y amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas.
En cumplimiento de estas obligaciones, el Estado Español, previa propuesta de las Comunidades Autónomas designó la Lista de Lugares de Interés Comunitario para su posterior aprobación y publicación por parte de la Comisión Europea, Dentro de esta propuesta se incluyó el lugar de interés comunitario (LIC) Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo (ES6170002).

Anexo 13: Ficha de los Lugares de Interés Comunitario Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente
Anexo 14: Mapa de los Lugares de Interés Comunitario de Andalucía

De acuerdo con la Directiva Hábitat existe para los Estados miembro una obligación jurídica de no deterioro de los espacios de la Red Natura 2000, que implica la necesaria adopción de Medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de las Directivas . Ello se debe a que la Red Natura 2000 debe garantizar el mantenimiento de determinados hábitats naturales y de especies silvestres en un estado de conservación favorable, en sus áreas de distribución natural.
Tal y como establece en este sentido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la unión Europea de 13 de enero de 2005, “en cuanto a los lugares que pueden clasificarse como lugares de importancia comunitaria, que figuran en las listas nacionales remitidas a la Comisión, y, en especial, a los lugares en los que existen tipos de hábitats naturales prioritarios o especies prioritarias, los Estados miembros están obligados a adoptar, en virtud de la Directiva 92/43, medidas de protección apropiadas, visto el objetivo de conservación perseguido por la Directiva, para proteger el interés ecológico pertinente que dichos lugares tienen a escala nacional”.
Por tanto, las autoridades nacionales del Reino de España vulneran el artículo 6.2 de la Directiva Hábitat en la medida que no están adoptando las medidas necesarias para evitar el uso de estas artes de pesca en los lugares de la Red Natura 2000 citados, lo que está ocasionando un severo deterioro de los mismos según se ha acreditado.

Por lo expuesto,

SOLICITAMOS A LA COMISIÓN EUROPEA

Que admita y registre la presente Queja contra el Reino de España por la práctica de la pesca de arrastre sobre bancos de fanerógamas marinas y a menor profundidad de la autorizada en aguas mediterráneas así como por la desaparición de las distintas praderas de fanerógamas marinas en las costas mediterráneas andaluzas en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo (ES6170002), pues se contraviene el Derecho comunitario; inicie un procedimiento de infracción frente al Reino de España en aras del cumplimiento de la legalidad comunitaria y la protección del medio ambiente; inste a las autoridades nacionales implicadas a la efectiva protección de estos hábitat protegidos en virtud de la primacía del Derecho comunitario; y en definitiva, lleve a cabo cuantas acciones estén entre sus facultades para impedir que se apliquen fondos europeos en actuaciones contrarias al Derecho comunitario.

En Madrid y Málaga (España) a 23 de agosto de 2006

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